POSTURA DEL PNV EN LA DISCUSIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO CATALÁN

En su turno de portavoces tomó la palabra Joseba Zubia quien dijo lo siguiente:

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: «Eskerrik asko, presidente jauna.» Gracias, señor presidente del Senado.

Buenas tardes, señores ministros, señor presidente de la Generalitat, señor presidente del Parlament, señoras y señores consellers, señores miembros de la delegación del Parlament y demás autoridades, permítanme que, en nombre y representación del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, les dé la bienvenida a esta Casa, en la que están asistiendo a lo que constituye el último trámite parlamentario de la denominada propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que no es sino la aprobación de un nuevo Estatut, en la medida en que con él quedará derogada la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, es decir se derogará el Estatut hasta ahora vigente.

Culminará hoy —en eso confiamos— lo que ha sido un largo y nada fácil camino, pero al que todavía le quedará, para que el nuevo Estatuto sea realidad, someterlo al preceptivo referéndum, en el que será el pueblo de Cataluña quien decida, pues a él y sólo a él le corresponde la última palabra; un largo camino que, dejando a un lado el tampoco fácil recorrido previo, arranca el 30 de septiembre del pasado año cuando el Parlament, por una amplísima mayoría, casi el 90 por ciento, aprobaba la propuesta de reforma, la cual, como cabía esperar, fue recibida por los de siempre con especial alborozo. Hubo quien ya en vísperas de su aprobación no dudaba en pedir la intercesión mariana y se encomendaba a la virgen de su pueblo o a la Virgen de Cortes, para que impidiera que el Estatuto llegara a las Cortes de Madrid, si —decía— va a llegar mal.

Tras su aprobación, un nada afinado coro de voces mixtas nos ha venido deleitando con un viejo concierto en cuyo programa no podía faltar el consabido repertorio catastrofista que anunciaba y sigue anunciando la ruptura del Estado, la vuelta al siglo XIX, los riesgos de desmembramiento de España, la destrucción del espíritu de la transición, el fin del Estado autonómico, el principio del fin del Estado, etcétera; pongan ustedes todos los etcéteras que quieran.

Tampoco han faltado quienes han afirmado que el nuevo Estatuto es más peligroso que el plan Ibarretxe, o quien el mismo día en que el Congreso de los Diputados daba luz verde al texto que hoy debatimos anunciaba apocalípticamente que España es ya sólo un cadáver.

Por supuesto, en medio del descomunal alboroto y del vocerío descalificador, cuando no insultante o amenazante, no han querido estar ausentes algunos jerarcas de la Iglesia Católica, que han advertido del sufrimiento que provocaría la ruptura de la unidad de España, han reclamado unidad ante un futuro incierto y han alertado de que está en juego la unidad de España y sus raíces culturales e históricas.

Evidentemente, no podía estar callado el presidente del Consejo General del Poder Judicial que, ¡cómo no!, terciaba para, entre otras cosas, decir que veía con seria preocupación e inquietud el nuevo Estatut y recordar, no se sabe a quién, que los jueces y magistrados han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Para que no faltara nadie, el anterior general jefe de  la Fuerza Terrestre también alertaba sobre las obligaciones del Ejército si se rebasaban los límites infranqueables, que, según él, marca  la Constitución. A buen seguro no fue casual la utilización de la palabra «infranqueable», alguien le vino a  la cabeza. Por cierto, algunos que todos sabemos tuvieron palabras de comprensión con las manifestaciones del general y llegaron a decir cosas tales como que esto no pasa porque sí, refleja la gravedad de la situación política, o algo tendrá el Estatut cuando genera tanta inquietud en personalidades e instituciones dignas de respeto.

Pues bien, señorías, con esta histérica ofensiva de los agentes más reaccionarios del jacobinismo español, con ruido de sables, algo que podía parecer imposible en el siglo XXI, con interferencias inaceptables del Consejo General del Poder Judicial y con presiones de todo tipo de otros poderes fácticos, se ha desarrollado todo un trámite parlamentario que encara hoy su recta final, como se ve en un tranquilo y sosegado ambiente.

¿Pero qué ha pasado en sede parlamentaria durante esta tramitación? Han pasado muchísimas cosas.

Por ceñirme a lo más importante, empezaré por detenerme en el 2 de noviembre pasado, fecha en que, como sus señorías recordarán, tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el debate de la totalidad de la propuesta aprobada por el Parlament el 30 de septiembre, debate tras el cual dicha propuesta obtenía una votación favorable que posibilitaba la continuación de su tramitación con la apertura de un plazo de presentación de enmiendas al articulado y su remisión a  la Comisión Constitucional.

Nos alegramos y nos felicitamos de que así fuera y, como no podía ser de otra manera, el voto de nuestro grupo parlamentario fue un rotundo sí. Ello no fue óbice para que en ese mismo momento llamáramos la atención sobre algo que nos parecía grave y denunciable: la diferente actitud y el distinto trato dado a la propuesta del nuevo estatuto político aprobado en su día por el Parlamento Vasco.

Hoy, meses después, no podemos menos que ratificarnos en esa denuncia, en esa crítica. El Parlamento vasco, como sus señorías saben, al igual que el Parlament de Cataluña, aprobó por mayoría absoluta una propuesta legal, legítima y democrática que el día 1 de febrero del pasado año, el propio «lehendakari» defendía en el Congreso de los Diputados; una propuesta del nuevo estatuto político que, a diferencia de la que hoy debatimos, fue rechazado en una tarde, en unas horas, en el inicio mismo de su tramitación, in debate i negociación alguna. No fue posible a apertura de un plazo de presentación de enmiendas al articulado, o fue posible su debate en la Comisión Constitucional no fue posible —lo cual dice muy poco en beneficio de esta Cámara— que llegara aquí, a la Cámara que cuando conviene tanto se le llama de representación territorial y tanto se reitera que es en ella en la que deben llevarse a cabo las discusiones de carácter territorial y en la que deben estar presentes las comunidades autónomas.

Eso es la constatación, por tanto, señorías, de un trato discriminatorio en el que ha sido determinante, y hay que decirlo, la diferente actitud mantenida por el Partido Socialista, que en un caso, en el Congreso de los Diputados, con sus votos inclinó la balanza hacia la no tramitación, y en otro, en el presente y afortunadamente, con esos mismos votos, la inclinó a la tramitación.

Nos congratulamos de que esta propuesta haya tenido más suerte, de que haya llegado a esta Cámara y de que haya podido así recorrer todo su camino; un camino parlamentario tremendamente complicado y plagado de dificultades desde ese 2 de noviembre hasta el 30 de marzo, en que el Pleno del Congreso aprobaba el texto del dictamen elaborado por la Comisión Constitucional y lo remitía al Senado.

El paso por esta Cámara ha sido más breve, bastante más breve, ha durado 40 días y 40 noches, como el Diluvio Universal, y durante los mismos ha llovido, ha seguido lloviendo, y mucho, tanto en sede parlamentaria como fuera, pero al fin, aunque no ha escampado, hoy quedará aquí aprobado un texto que no ha sufrido variación respecto al que fue el 30 de marzo en el Congreso de los Diputados; un texto que —no se puede ocultar y no queremos hacerlo— es sustancialmente distinto del que aprobó el Parlament; un texto que, no se puede ocultar —y no queremos hacerlo—, recorta el que salió del Parlament; un texto, en definitiva, fruto del tijeretazo —lo he dicho con i, señorías— que dio el Congreso al que entró allí.

Dicho esto, la pregunta salta de inmediato: ¿Ha merecido realmente la pena recorrer todo este camino? Dicho de otra manera: ¿Cómo ha quedado el nuevo Estatut? ¿Qué tal el nuevo Estatut? Si me permiten la licencia, y sin asomo de machismo, responderé a la pregunta como suele hacerlo un buen amigo mío, cuando alguien le pregunta or su señora. A la pregunta ¿Qué tal tu señora?, él responde siempre: ¿Comparada con quién? (Risas.) Es una fórmula perfectamente válida para el caso que nos ocupa. A la pregunta de qué tal el nuevo Estatut, habría que responder: ¿Comparado con cuál? Lo cierto es que el texto que vamos a aprobar no es el que aprobó el Parlament; no es el Estatut al que aspirabais vosotros, el 90 por ciento de los miembros del Parlament.

Sin embargo, no es menos cierto que es mejor —mucho mejor, diría yo— que el vigente. Es decir que no es todo lo bueno que muchos —el 90 por ciento de los miembros del Parlament— hubierais querido, pero es el que ha resultado posible —a la vista está—, y es mucho mejor de lo que algunos hubieran deseado. Sin ser el techo —que no lo es—, supone un avance notable, y como tal lo valoramos y lo apoyaremos; máxime, tras haberlo hecho suyo la delegación del Parlament.

También es momento de decir —y queremos decirlo— que, durante el camino, se ha puesto de manifiesto que del talante a los hechos hay un buen trecho. Si en el caso del Estatuto vasco el talante quedó fulminado en una sola tarde —en unas horas—, en el del Estatut tampoco ha quedado muy bien parado. Aquella promesa de respetar lo que decidiera el Parlament, de que el Parlamento español aceptaría la voluntad mayoritaria del Parlament catalán, y aquella afirmación del señor presidente de que la Constitución no era un muro ni un corsé, se vinieron pronto abajo. Quizá en esta ocasión el señor presidente no fue todo lo valiente que podría haber sido. Pronto —muy pronto— rebajó su compromiso, sin duda con el fin de acallar lo que, al fin y al cabo, no ha podido acallar: la ofensiva de la derecha y la oposición de no pocos destacados miembros y dirigentes de su partido. Esto es realmente lo que tenemos, y el señor presidente del Gobierno lo sabe mejor que nadie.

A partir de aquí, hay de todo. Desde quienes consideran el texto final, el actual, más inconstitucional que el que llegó al Parlament, hasta quienes sostienen que es inconstitucional en cada uno de sus renglones. Esto de la inconstitucionalidad, señorías, tiene su aquél. Algunos, en cuanto un proyecto de ley no les gusta, se arrancan inmediatamente con lo de la inconstitucionalidad. No habrá en el mundo un Estado, estoy convencido, con más expertos sin estudios en Derecho Constitucional que este. Por otra parte, también hay quienes estiman —y están en su derecho— que se ha perdido una oportunidad histórica. Podría ser cierto; tan cierto como podría serlo el hecho de no aprobar el texto actual. Solo el pueblo de Cataluña, el día 18 de junio, y el tiempo, si su pronunciamiento es positivo, podrán decirlo.

En cualquier caso, señorías, con el debate del Estatut y el no debate del Estatuto vasco ha quedado meridianamente claro que en el Estado español hay un conflicto por resolver o un problema pendiente, si lo prefieren; tan claro, como que aplazar la solución no acaba con el problema. Es necesario definir un nuevo marco político-jurídico que normalice definitivamente la convivencia de las naciones —sí, naciones— que conforman el Estado español. En este sentido, el nuevo Estatut, con todas sus limitaciones, supone también un paso en esta dirección. Abre la esperanza de no caer en la uniformidad, al aceptar además —aunque lo haga en el Preámbulo— que el Parlament, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. Concepto este de nación que posteriormente, en el texto articulado, flota de manera permanente e incluso está ratificado expresamente en algunos artículos, como el 8, que reconoce que Cataluña tiene símbolos nacionales; o el 2.4, que señala que los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña.

En suma, señorías, a nosotros —los vascos— nos dieron un portazo, pero en Cataluña se ha conseguido abrir — o, al menos, entreabrir— una puerta al reconocimiento del carácter plurinacional del Estado, y con ello —esperamos— el respeto a los ámbitos democráticos de decisión de nuestras naciones. Queda mucho —muchísimo— camino por andar, pero había que comenzarlo y este puede ser precisamente el momento. Advertencia obligada: estén, señores representantes de Cataluña, permanentemente expectantes. Los riesgos seguirán estando ahí; los mismos riesgos de siempre: la lectura sesgada y reduccionista del Estatut, las transferencias que no llegan, las leyes de bases que vacían de contenido las competencias reconocidas, las sentencias del Tribunal Constitucional siempre escoradas hacia la interpretación menos favorable para la comunidad autónoma, la proliferación de los llamados planes nacionales o la utilización expansiva de los conocidos como títulos horizontales, léase, el de la igualdad de los españoles y el de la ordenación general de la economía. Todos esos fantasmas —fantasmas pero reales— seguirán existiendo, pero queremos confiar en que no acabarán conduciéndonos hacia una puerta falsa o hacia una puerta que se cierra.

Termino ya, señor presidente. Señorías, como ya he dicho, no estamos ante el Estatut que aprobó el Parlamento; estamos ante un Estatut que ha sufrido recortes, remiendos de Zapatero —que diría jocosamente cierto medio de comunicación—, pero que es mejor —mucho mejor— que el vigente: tiene muchas más potencialidades a desarrollar que este, siempre, por supuesto, que se cumpla en ambas direcciones el principio de lealtad institucional que proclama el artículo 3 del Estatuto que vamos a aprobar. En definitiva, estamos ante un texto que, pese a los riesgos que tiene y tendrá, ha hecho suyo la delegación del Parlament y, por ende, el Parlament.

Este Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos lo hace suyo también, con su permiso, y anuncia en consecuencia que votará a favor del texto. Diremos sí con siete votos, señores de la delegación del Parlament de Catalunya, porque son todos los que tenemos.

Muchas gracias. (Aplausos.)

Tras las intervenciones de todos los Grupos y en el apartado de las réplicas expresó lo siguiente:

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor presidente.

Bien llegado, señor presidente del Gobierno. Seré muy breve, señor presidente, por dos razones. La primera porque cinco minutos dan para muy poquito y la segunda, pero fundamental, porque a estas alturas del debate prácticamente está todo dicho y cada cual, como no puede ser de otra manera, se ha posicionado en su sitio.

La derecha sigue estando donde ha estado desde un principio, erigiéndose y presentándose como los garantes permanentes de la democracia y la legalidad constitucional cuando, por ejemplo, son herederos políticos de un ex presidente  como Aznar, que votó y se manifestó públicamente en contra de la Carta Magna. (Aplausos.— Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!) Y herederos políticos de aquellos que no apoyaron el Estatut de 1979 y votaron en contra del Estatuto vasco.

Sin embargo, treinta años después, son los valedores y defensores a ultranza de ellos. Van lentos, nunca llegan a tiempo y estoy convencido de que, posiblemente, dentro de veinte años les parecerá un buen Estatut, como ahora se lo parece el Estatuto de Gernika.

Sobre el Estatuto de Gernika se dijeron y escribieron cosas terribles en aquel entonces, por eso a estas alturas, señorías, ya no nos alarma nada. No me resisto a leer lo que escribía en el «ABC», al día siguiente de la negociación llevada a cabo en La Moncloa, alguien como don José María Gil Robles y Quiñones, catedrático de Derecho Constitucional, exiliado durante todo el período franquista, además de, en confesión propia, sincero autonomista de toda la vida. Escribía esto, que no tiene desperdicio y nos recuerda a muchas de las cosas que hemos escuchado en el día de hoy. Leo textualmente: Conjugados el artículo 1º del Estatuto con la disposición adicional, queda configurado el ente autonómico como una nacionalidad que, a través de la autonomía, accede de momento a su autogobierno hasta que al País Vasco le convenga actualizar sus derechos históricos en la medida en que lo crea oportuno.

Es decir, realidad de autogobierno hoy como camino a una posible independencia mañana. Las cosas, por desgracia, son así y no vale la pena engañarse. Nunca debió admitirse —continuaba— el principio de dos partes iguales que negocian. El Estado no negocia de igual a igual con una región. Tengo la plena seguridad de que el señor Suárez ha asumido la responsabilidad de dotar al País Vasco de un Estatuto potencialmente separatista porque no ha tenido más remedio. La opinión pública, indiferente, no le ha ofrecido un solo punto de apoyo para resistir. Otros estamentos, el Ejército, no han querido, y pienso que con razón, abrir el camino de las soluciones desesperadas. Fin de la cita. Lo transcrito creo que basta para ilustrarnos y comprender lo que se pensaba de nuestro Estatuto en ese año 79, incluso en sectores no extremistas, porque no cabe catalogar como tal a don José María Gil Robles.

Hoy, señorías, para el Partido Popular,  la otrora Alianza Popular, ocurre algo parecido, por no decir lo mismo. Es traumático para ellos aceptar que Cataluña es una nación. Lo dijo el señor Rajoy con toda claridad el día 30 de marzo en el Congreso. Leo la cita: Cataluña es una nación. Eso es lo que dice el Estatuto y se alega —continuaba diciendo el señor Rajoy—, sin razón, que el preámbulo carece de operatividad jurídica. No es verdad, la tiene y mucha. Informa sobre el espíritu de la ley, sobre la intención del legislador y sobre la interpretación de la norma. Cualquier juez se sentirá autorizado para proclamar que en la intención de los que hoy nos reunimos aquí estaba el dejar constancia de que Cataluña debe ser contemplada, a todos los efectos, como una nación. Fin de la cita. ¿Saben lo que les digo?

Les digo que estoy, al menos por una sola vez, plenamente de acuerdo con el señor Rajoy; sólo nos separa una pequeña diferencia, que él sostiene lo dicho con hondo pesar y yo con profunda satisfacción, porque, como bien apuntaba el señor Mas, don Arturo —que nos acompaña en la tribuna—, el día 2 de noviembre en el Congreso, estamos ante una Cataluña que se sabe y se siente nación porque lo es. Tan simple, pero tan cierto como eso.

Termino, señor presidente, porque soy consciente de que se ha terminado mi tiempo, dirigiéndome con su permiso al pueblo de Cataluña, a la nación de Cataluña para decirle que ha llegado su hora. Como decía su presidente Maragall, se ha hablado mucho de Cataluña, pero ahora va a hablar Cataluña. A ella y sólo a ella le corresponde la última decisión. El pueblo es sabio, presidente Maragall, y seguro que su decisión será la acertada, cumpliéndose además así la buenaventura que le echaron en el Retiro el día 2 de noviembre asegurándole que todo saldría bien. Si no es así, iremos a por la pitonisa. (Risas.) En cualquier caso, que todo salga bien, y que todos lo veamos. Además, quiero decirles que queremos verlo junto a ustedes, haciendo por eso nuestras hoy las palabras pronunciadas hace más de 25 años por el entonces senador del Partido Nacionalista Vasco, don Manuel de Irujo, con motivo de una visita de una delegación de este partido a Cataluña y, más concretamente, a Vals. Dijo el ex ministro de la República y senador: Un día entre los días, el Gobierno de la República, presidido por don Juan Negrín, del que formábamos parte el ministro catalán Aiguadé y yo como ministro vasco, promulgó tres decretos que, examinados en conjunto, ofendían al ser catalán y a Cataluña. El ministro catalán dimitió como protesta contra aquel ataque; el ministro vasco dimitió por solidaridad con Cataluña.

Esta solidaridad la mantengo hoy, y en estas líneas la hago llegar a Cataluña en mi nombre y en el nombre de mis electores como parlamentario. Sepan, señores representantes de la nación de Cataluña, que hoy, 10 de mayo del año 2006, la posición de este grupo parlamentario, con su portavoz a la cabeza y del partido que lo sustenta, sigue siendo exactamente la misma.

«Zorionak!» Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)