El Grupo Vasco en el Senado no sólo pregunta por la pesca de la anchoa. Todo lo humano y todo lo vasco, nos es propio. De ahí que el miércoles 24 de mayo, Joseba Zubia, le preguntara a Zapatero sobre la tortura.
Este fue el interesante debate:
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Buenos días, señor presidente del Gobierno, y bienvenido una vez más a esta casa.
Este senador es consciente y conocedor de su compromiso en la protección de los derechos humanos, en la defensa del derecho a la vida y en la lucha contra la tortura y los malos tratos. Es precisamente por este motivo por lo que le pregunto sobre las medidas que ha adoptado su Gobierno durante estos dos años de legislatura y sobre las que tiene previsto adoptar en lo que queda de la misma, a fin de garantizar el cumplimiento del artículo 15 de la Constitución y con ello prevenir y erradicar la tortura y los malos tratos y proteger debidamente los derechos de las víctimas de tan execrables delitos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor Zubia, en efecto, como usted acaba de recordar, la tortura y cualquier trato degradante está proscrita constitucionalmente y, lógicamente, tipificada y castigada en el Código penal. Además, como sabe su señoría, nuestro país tiene suscritos textos internacionales sobre la protección de derechos humanos, en particular la Convención de Naciones Unidas contra la tortura, otros tratos, penas crueles, inhumanas o degradantes. Recientemente, en el marco de este convenido se ha adoptado un protocolo facultativo, firmado en nombre del Gobierno español por el ministro de Asuntos Exteriores, el 13 de abril de 2005, y autorizado por las Cortes Generales de ese mismo año. Ese protocolo facultativo, la novedad más importante de este período, incorpora nuevos mecanismos de control y seguimiento de la situación de las personas privadas de libertad. Por lo tanto, se crea un comité para la prevención de la tortura, cuyas funciones comprenden, además de visitar los lugares de detención, asesorar, ayudar, hacer recomendaciones y cooperar con los estados parte. En el ámbito nacional se establecen los llamados mecanismos nacionales de prevención para examinar periódicamente el trato dispensado a las personas privadas de libertad. Por otra parte, España, en su condición de miembro del Consejo de Europa, recibe las visitas de la delegación del Comité contra la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes. La última de ellas se produjo durante los días 12 a 19 de diciembre del pasado año 2005, en la que los miembros de la delegación tuvieron acceso ilimitado a diversos lugares de detención y la posibilidad de entrevistar en privado a cualquier persona privada de libertad. Sobre la base de los datos obtenidos durante la visita, el Comité ha elaborado un informe, aprobado el día 29 de marzo, en el que formula una serie de recomendaciones, conclusiones y peticiones de información. Las autoridades españolas disponen de un plazo de tres meses para atender estas peticiones y así lo harán cumplidamente.
Señoría, creo que contamos con un marco normativo adecuado para la prevención y el control del cumplimiento de la prohibición radical de la tortura. Además, tengo la satisfacción de recordar que España se ha convertido en uno de los primeros países donantes del mundo al fondo de contribuciones voluntarias de las Naciones Unidas para las víctimas de la tortura.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra su señoría.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Gracias, señor presidente del Gobierno.
Efectivamente, conforme proclama la Constitución en su artículo 15, todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.
En lógica y plausible correspondencia con este principio constitucional, el Código penal aprobado en 1995 dio un importante paso adelante tipificando la tortura como delito autónomo y no como una conducta agravada, al suprimir la exigencia de que la tortura produjera lesiones o secuelas físicas para ser conceptuada como tal. La nueva definición ha permitido y permite sancionar como delito torturas que hasta ese momento no era posible considerar como tal. Posteriormente, en el año 2003 se dio otro paso igualmente importante, al incluir cualquier tipo de discriminación entre los motivos que definen dicho delito. Quiere esto decir, señor presidente, que la legislación penal sobre esta materia ha evolucionando, y muy positivamente, en la última década. Sin embargo, y pese a haber aumentado el ámbito de aplicación de la legislación que sanciona la tortura y los malos tratos, no se puede decir a día de hoy que haya servido o, mejor dicho, que haya sido suficiente por sí sola para erradicarlos del todo. La existencia de casos de tortura es una realidad que no podemos ni debemos callar, y no me refiero a casos denunciados, sino a casos sentenciados por los tribunales de justicia como hecho probado. Organizaciones como Amnistía Internacional o expertos internacionales conocedores de la situación de la práctica de la tortura -como el que fuera relator especial de la ONU contra la tortura, Teo van Boven- han expresado en reiteradas ocasiones su preocupación ante este tipo de hechos y su queja o su pesar, si lo prefiere, por la falta de atención o estudio de muchas de las recomendaciones hechas por y desde diversas instancias Señor presidente del Gobierno, estoy seguro de que coincidirá conmigo en que para erradicar la tortura es indispensable que exista voluntad política para prevenir que se cometa el delito, voluntad política para encausar a los responsables y voluntad política para garantizar a las víctimas la completa reparación; voluntad política que su señoría tiene sin duda. Sin embargo, no basta con que la tenga su señoría, sino que requiere de la colaboración sincera de quienes tenemos algún tipo de responsabilidad política, sea la que fuere, ya que todos somos muy sensibles y activos a la hora de defender los derechos de los detenidos en la Cuba de Fidel o en la Guantánamo de esa misma isla caribeña, pero muy dados a guardar un gran silencio cuando toca hablar de nuestra casa. Esto y no otra cosa es lo que impide sustancialmente cualquier avance en su total erradicación. El mismo Teo van Boven, a quien he citado hace un momento, ha asegurado no pocas veces, y coincido plenamente con él, que el primer paso para su erradicación es el propio reconocimiento de la existencia de casos de tortura y no sustituirlo por la ocultación o la negación. En definitiva, la solución pasa por el reconocimiento previo de la existencia del problema. Por tanto, hagamos entre todos esta reflexión y celebremos, sin ningún tipo de complejo, un debate sereno y sincero. Señor presidente, con ello no pretendo, ni mucho menos, criticar a su Gobierno, meter el dedo en ninguna llaga o enredar, nada más lejos de mi intención. Simplemente, quiero ofrecer mi colaboración y la de nuestro grupo parlamentario, a fin de desempolvar algunos informes que su señoría conoce perfectamente y estudiar las propuestas o recomendaciones que estos contienen y a los que su señoría se refería hace un momento. El campo es muy amplio y son muchas, muchísimas las medidas que podrían adoptarse o al menos ser objeto de estudio, desde ajustar el delito de tortura a la definición del artículo 1 de la Convención contra la tortura, hasta la ratificación de ese protocolo facultativo -al que también se ha referido su señoría hace un momento y que está todavía pendiente-, pasando por cuestiones tan diversas y difíciles como el posible reconocimiento de la imprescriptibilidad del delito; la remisión del régimen de incomunicación; la garantía de mayor celeridad en los procesos, que ponga fin a la excesiva duración de los mismos -en algunos casos de hasta 15 años, nada más y nada menos-; un régimen de concesión de indultos a condenados por estos delitos; el tratamiento de los supuestos en los que los tribunales declaran probada la tortura, pero, sin embargo, no logran identificar a los autores de la misma. Las garantías de una indemnización justa y el establecimiento de criterios que permitan fijar la indemnización; la valoración del daño moral, hoy subestimado cuando no ignorado; la creación de ayudas a las víctimas; o, por no hacer exhaustiva esta relación, el tratamiento de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado que ,ciertamente, está contemplada en el Código Penal pero que tiene enormes dificultades prácticas en tanto que el Estado, en los casos en que es así declarado, recurre sistemáticamente las sentencias alegando que el funcionario cometió el delito, extralimitándose en sus funciones o desobedeciendo órdenes.
Señor presidente, estos son sólo unos cuantos ejemplos de los muchos que se podrían poner a la hora de estudiar o de valorar o revisar políticas en este momento en práctica.
Por último, señor presidente del Gobierno, todo lo que se haga para atajar y poner coto a la tortura; todo lo que se haga para ponerselo difícil y que salga caro a los torturadores, y todo lo que se haga para proteger los derechos de las víctimas es poco y, precisamente por eso, porque todo lo que hagamos es poco, hagamos todo lo que esté en nuestras manos, señor presidente. Créame que en este viaje no estará solo, contará siempre con la ayuda de este grupo parlamentario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Zubia, le agradezco el tono de su pregunta y la colaboración que ha ofrecido en nombre de su grupo. Le puedo asegurar que para este Gobierno cualquier práctica de tortura, cualquier práctica degradante es absoluta y radicalmente perseguible, intolerable, injustificable en un sistema democrático. Afortunadamente, en nuestro país gozamos de una buena salud en el respeto a los derechos humanos y tenemos la capacidad de compararnos con cualquiera de las democracias consolidadas, con solera, y que han sido siempre nuestro marco de referencia. Pero coincido con usted en que esta es una tarea que exige constancia, en la que siempre se puede avanzar para incorporar nuevos elementos de prevención, de garantía, para dar absoluta seguridad a todos los ciudadanos en lo que afecta a los derechos fundamentales más elementales.
Acabo de referirle la iniciativa de suscribir el protocolo mencionado, y también tengo que comunicarle que el Gobierno está elaborando, en coordinación con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, un plan nacional de derechos humanos para nuestro país, donde se van a incorporar nuevas medidas preventivas de garantías, de información y de transparencia.
Simplemente puedo hacerle alguna matización sobre algunos de los informes de determinadas instancias internacionales; informes que cuando se intentan contrastar con datos reales no siempre se les puede considerar de una solvencia plena y absoluta; por ejemplo, he tenido la oportunidad de discutirlo con Amnistía Internacional a los pocos meses de estar en la Presidencia del Gobierno, considero que había una visión distinta de lo que sucede en nuestro país, y puedo decirle que tenemos una buena salud de respeto a los derechos humanos que, por supuesto, hay que cuidar cada día y con más intensidad, y no tenga ninguna duda de que así lo va a hacer este Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Comentarios