Domingo 17 de mayo de 2009
POR: César Ciriano Vela
En el debate sobre el Estado de la Nación celebrado hace unos días se ha hablado de la necesidad de poner en marcha lo que se denomina un nuevo modelo económico.
En los foros económicos mundiales, y en las políticas que están diseñando las principales economías (con Estados Unidos, Japón y Alemania a la cabeza) también se habla de este nuevo modelo.
Pero sin embargo, lo cierto es que, con independencia de que en el mundo actual globalizado, las soluciones a la crisis deben adoptarse de un modo coordinado entre todas las naciones, en cada país y en cada región existen unas peculiaridades que deben obligar a los gobernantes de cada lugar a introducir importantes matices en los tipos de soluciones que se adopten ante la crisis.
En España, y en Aragón en particular, existe una circunstancia especial que nos distingue del resto de países, y que es bien conocida: el modelo de crecimiento económico de la última década se ha fundamentado en la expansión del sector inmobiliario y de la construcción, y el actual hundimiento de este último en los últimos meses viene también condicionando la magnitud especial de la crisis que ahora tenemos en España y en Aragón y las mayores dificultades para afrontarla.
Por este motivo, resulta todavía más urgente que los gobernantes adopten una serie de medidas valientes que pongan las bases para que en el futuro no dependamos de un modo exclusivo del sector inmobiliario que, si bien debe desempeñar un papel importante en nuestra economía, no debe ser el eje sobre el que gire el desarrollo.
De ahí que sea preciso poner en marcha una serie de medidas que podrían ir en la línea siguiente: en primer lugar, los poderes públicos deben apostar por los sectores productivos en donde en España y en Aragón somos más competitivos, y que son, entre otros, el del sector servicios (el turismo de calidad o el de los servicios sociales –desarrollo de la Ley de dependencia y el sector de las empleadas de hogar-, que ya viene siendo impulsado en los últimos años), el de las energías renovables y el de las nuevas tecnologías (este último se ha infraexplotado y nuestro potencial de crecimiento en él es inimaginable).
En todos estos sectores económicos y en otros donde somos muy competitivos, los poderes públicos podrían poner en marcha distintos planes de impulso decidido, con una inversión pública importante en investigación y desarrollo y con la puesta en marcha de un proyecto serio de coordinación administrativa, entre Estado, comunidades autónomas y entes locales.
Además, resulta también urgente una reforma profunda de la Administración pública, con una racionalización de su forma de funcionamiento y el aumento de la austeridad en el gasto, y con fórmulas imaginativas para captar nuevos recursos. Y también con una reducción profunda de la enorme burocracia que existe en la actualidad, que supone un auténtico lastre para nuestras empresas y para los ciudadanos que acuden día a día a realizar trámites ante los distintos gobiernos y administraciones.
E, igualmente, con una reforma a fondo de las reglas de funcionamiento interno de la Administración que corten de raíz la corrupción y que eviten que ésta se produzca: la aprobación de nuevas normas urbanísticas donde se reduzca al mínimo la importancia del suelo y la recalificación como fuente fundamental de financiación municipal, y con un reforzamiento de modos alternativos de financiación a los Ayuntamientos por parte del Estado y las Comunidades Autónomas. O, también, el reforzamiento de los medios de control sobre los gobernantes y los funcionarios: control jurídico, interno administrativo y control a través de la opinión pública y los medios de comunicación, en un sistema donde la transparencia y el rendimiento de cuentas ante los ciudadanos sea algo real y efectivo.
En este contexto, es preciso incentivar a los funcionarios (partiendo de la idea de que en lo público existen miles de personas valiosas y con talento y buenas ideas) y cambiar de un modo radical la mentalidad de los gobernantes y del personal al servicio de la Administración: en tiempos de crisis, el valor de lo público cobra una especial fuerza como ejemplo de los valores que es preciso impulsar y transmitir para afrontar las actuales dificultades económicas.
Este nuevo modelo productivo debe ser explicado por los gobernantes a las empresas y a los ciudadanos y al personal al servicio de la Administración, desde una actitud valiente y responsable, donde se exponga a la sociedad que la actual crisis económica, a pesar de ser profunda, sí que tiene solución. Pero como sucede en el ámbito deportivo, la moral de victoria y el factor psicológico son siempre decisivos.
Y la crisis actual es como una competición deportiva: si nos mentalizamos de que podemos ganar la batalla, la ganaremos. Pero es preciso un cambio de mentalidad y de nuestros hábitos, y los responsables públicos y los líderes sociales y empresariales deben encabezar una especie de rebelión contra la crisis, con su ejemplo ante el resto de la sociedad.
No perdamos ni un minuto más en esta apasionante tarea que todos tenemos por delante, y lideremos este necesario proceso de lucha sin cuartel contra la crisis.
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