El 27 de septiembre de 1975 cinco hombres fueron asesinados. Asesinados, no ejecutados ni ajusticiados, porque la justicia no tuvo nada que ver con este crimen. Cuando nos negamos a llamar justicia a la legalidad española del franquismo no la contraponemos a ningún modelo ideal de lo que debe ser la justicia sino, simplemente, al derecho positivo ya existente en aquel momento en los países que podían considerarse democráticos y en la comunidad internacional. El Estado español no cumplía ninguno de los estándares en materia de Derechos Humanos. Incluso hoy, 36 años después de aquellos crímenes, la legalidad española sigue estando, en la práctica, muy alejada de lo que exige el derecho internacional, aunque éste Estado suscriba, sobre el papel, todos los convenios sobre Derechos Humanos habidos y por haber.