Tras más de 30 años de democracia, el modelo autonómico de “café para todos”, como demuestra esta aguda crisis, es una realidad difícilmente sostenible. Es necesaria una reconfiguración del Estado que debe conducir a un modelo asimétrico de autogobierno.
Los resultados de las sucesivas elecciones autonómicas celebradas en Euzkadi y Catalunya durante el otoño de 2012 han puesto en evidencia que las fuerzas políticas que en ambas comunidades quieren seguir manteniendo el actual modelo constitucional y autonómico representan a una pequeña minoría de la población. Así, en el Parlamento Vasco los partidos de órbita española que sostienen el status quo han perdido casi 1/3 de su representación. De contar hace 4 años con 39 escaños su número se ha reducido a 27, apenas 1/3 del total de 75 escaños. Un importante retroceso electoral precisamente tras haber manejado los socialistas, con el apoyo del PP, el Gobierno vasco por primera vez, si bien coincidiendo con la ilegalización del MLNV y la forzada ausencia parlamentaria de la izquierda abertzale. Como si se tratara de una metáfora premonitoria, la imagen en la revista Rolling Stones del entonces lehendakari electo Patxi López, tumbado en un sofá de Ajuriaenea oyendo música despatarrado, profetizó la sensación de indolencia y falta de liderazgo institucional que acompañó a su gobierno durante la legislatura. Una lejanía institucional que coincidió con el anuncio del fin de ETA, sin duda el acontecimiento más importante de estos años, mientras el lehendakari viajaba en un tren al otro lado del Atlántico. Su currículum (sin retocar) ya advertía de que su actividad se había limitado a vivir de la política. Huérfano de estudios universitarios y de experiencia profesional, sin idiomas ni recorrido internacional y, además, euskaldunzero... a pesar de haber contado con todas las oportunidades que le proporcionaba ser el heredero de la aristocracia sindical encumbrada al poder con la llegada de los socialistas al gobierno de España a principios de la década de los 80. Probablemente no eran las mejores referencias de talento y esfuerzo para dirigir un gobierno o la experiencia laboral y de estudio más adecuada para orientar a la juventud vasca en tiempos de crisis. Pero sí una muestra representativa del criterio de selección política al uso que desde las organizaciones partitocráticas se traslada a la composición de las instituciones públicas. Como resulta evidente, el encumbramiento corporativo de políticos profesionales ayunos de mérito, formación y horizontes, además de imponer un elevado coste burocrático, acarrea un agudo desprestigio institucional y procura un progresivo deterioro democrático.
Si los partidos de vocación española en el Parlamento Vasco son una minoría, su presencia aún es menor en el Parlament de Catalunya. Allí solo un partido nacional, el PP, cuenta con representación, 19 de 135 escaños. Todos los demás representan a fuerzas políticas catalanas; incluso aquellos que como Ciutadans o el PSC abogan por mantener la unidad del Reino de España. Esa distancia entre quienes como PP y PSOE son hegemónicos en el Parlamento español pero claramente minoritarios en los parlamentos vasco y catalán, constituye un abismo político de muy difícil tránsito y augura una fractura política e identitaria que se va agudizando con los años. El actual modelo constitucional permite a las fuerzas mayoritarias en Madrid no necesitar de mayorías en Euskadi y Catalunya para condicionar el autogobierno autonómico, diluirlo o impedir su desarrollo. En consecuencia, la minoría española en Euskadi y Catalunya desdeña la voluntad democrática vasca y catalana y el rancio nacionalismo hispano aliado a la progresía de bolsillo se arropa en un disfraz constitucionalista para seguir manteniendo la imposición de una única identidad nacional. Mientras acusa a otros nacionalismos de identitarios, se niega a reconocer a la población el derecho a decidir sobre su identidad nacional. No quiere negociar el futuro político de Euskadi y Catalunya pero la unidad de España, la monarquía borbónica, la indivisibilidad de la nación española y la indisolubilidad del reino le parecen valores innegociables; que en el caso de la derecha nacional son además indiscutibles.
Sin embargo, los sucesivos resultados electorales durante las últimas décadas ponen de manifiesto que en el Estado existen tres diferentes sistemas de partidos sustentados en las diversas identidades nacionales de la población. Uno, común y bipartidista para la mayoría de Comunidades Autónomas (españolas), en donde PP y PSOE, como antes UCD y PSOE, acaparan cerca de 4/5 partes de la representación. Y otros dos sistemas, uno en Euskadi y otro en Catalunya, donde los partidos soberanistas vascos y catalanes resultan mayoritarios. Aunque los resultados de las también recientes elecciones en Galicia permiten intuir que allí se está preparando un futuro gobierno autonómico dirigido por el nacionalismo gallego, por el momento, la realidad política gallega todavía está muy lejos de expresar la mayoritaria voluntad soberanista de Euskadi y Catalunya. Allí, PP y PSOE constituyen una mayoría electoral. Por su parte, Navarra representa un caso particular. No encaja enteramente en ninguno de esos tres sistemas. Así, por un lado, PP y PSN/PSOE resultan minoritarios, pero también lo son los partidos que promueven un marco político vasco. Sin embargo, las fuerzas de ámbito autonómico: UPN por un lado y Nafarroa Bai por otro resultan en su conjunto mayoritarias.
Tras más de treinta años de democracia, el modelo autonómico de café para todos, como demuestra esta aguda crisis, es una realidad (presupuestaria) difícilmente sostenible. La necesaria reconfiguración del Estado autonómico debe conducir a un modelo asimétrico de autogobierno en tres niveles. De un lado, al reconocimiento de Euskadi y Catalunya como repúblicas autónomas federadas. Por otro lado, a mantener un amplio estatus autonómico para Galicia, Andalucía, Navarra y Canarias. En cuanto al resto de CC.AA., su nivel autonómico sería más dependiente de la exclusiva voluntad de PP y PSOE. Aunque aquellas con una lengua propia, como Valencia, o de características insulares, como Baleares, que representan también otras especificidades, contarían con competencias particulares.
Así, las reformas estatutarias del modelo autonómico o las salidas federales que no tengan en cuenta la asimetría realmente existente son perspectivas condenadas al fracaso. La idea de una federación, a veces esgrimida por el PSOE aunque sin mucho afán, no ha llegado nunca a concretarse en un proyecto. Resulta además dudoso que contara con apoyo suficiente entre la población española. En todo caso, podría tener sentido siempre que se reconociera a Euzkadi y Catalunya un status particular que procurara reforzar su autogobierno en el Estado, y que además les ofreciera una proyección en la Unión Europea como una suerte de territorios autónomos europeos. Es obvio que sus respectivas voluntades de autogobierno respaldadas por mayorías parlamentarias de orientación soberanista no son equiparables a las existentes en el resto de Comunidades Autónomas. De ahí que un proyecto federal que no fuera asimétrico carecería de apoyo popular entre vascos y catalanes. Más bien asemeja un intento oportunista de achicar la cuestión identitaria con un dedal.
Por el momento, una mayoría de españoles se cree con el derecho a decidir sobre el futuro de Euzkadi y Catalunya; mientras que una mayoría de vascos y catalanes ya considera que es a ellos a quienes corresponde decidir sobre el futuro de su relación con España. Sin embargo, el nacionalismo español utiliza la Constitución como un límite infranqueable, a modo de mordaza para silenciar y evitar la expresión de la voluntad soberanista de vascos y catalanes. Las generaciones más jóvenes, desde una posición culturalmente más equilibrada y abierta al mundo, tienen derecho a participar en decisiones sobre los marcos políticos como otras generaciones lo hicieron en el pasado, hace más de treinta años en relación a la Constitución y el Estatuto. Aumentar el consenso democrático entre la población y sumar a más vascos y catalanes a esa convicción, es posible. Pero confiar que la actual clase política española acuerde el reconocimiento de una pluralidad nacional tal y como representan y demandan los parlamentos vasco y catalán es todavía una quimera. Los partidos españoles y sus satélites siguen empecinados en mantener su particular Babilonia constitucional y continuar ejerciendo la tutorización de Euskadi y Catalunya para mantenerlas indefinidamente en estado de minorización política. Sin embargo, aunque con ritmos distintos y en circunstancias diferentes, los procesos de emancipación nacionales de Catalunya y Euskadi están en marcha y ya cuentan con el apoyo mayoritario de la población representada en sus respectivos parlamentos.
Por: Iñigo Bollain *Profesor de Derecho Constitucional y Europeo de la UPV-EHU
Otro peneuvero intentando esbrozar cómo seguir amoldándose a la nada para que los negocios de los del PNV continúen.
Publicado por: Donatien Martinez-Labegerie | 03/02/2013 en 09:25 a.m.
Ya andan tratando de parar el referendum democrático catalán mediante el tribunal constitucional español, de nuevo judicializando los problemas políticos y pasando de la democracia (que diferencia con Gran Bretaña), es posible que si tocan mucho las narices los catalanes terminen votando unilatealmente la secesión, ya ha pasado en otras partes del mundo y es que me temo que España, ni evoluciona, ni resuelve sus problemas, ni tiene solución ...
Publicado por: Francis | 03/02/2013 en 11:38 a.m.