ASAMBLEA
DE EXTREMADURA
Presidente
Fernando Jesús Manzano Pedrera
Mérida, 11 de febrero de 2013
Excmo. Sr.:
Me complace remitirle certificación acreditativa de que, en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2013, el Pleno de la Asamblea de Extremadura aprobó la RESOLUCIÓN 147VIII, subsiguiente a la Propuesta de Pronunciamiento de la Cámara 53/VIII (PPRO-53), por la que la Asamblea de Extremadura insta al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales a aprobar un "Pacto democrático contra la corrupción", que contenga una serie de actuaciones, que se detallan.
Atentamente,
ASAMBLEA DE EXTREMADURA
VIII LEGISLATURA
Salida N°. 201300005972
14/02/2013 10:20:12
ALEJANDRO NOGALES HERNÁNDEZ, SECRETARIO PRIMERO DE LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA
CERTIFICA
Que el Pleno de la Asamblea de Extremadura, en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2013, ha debatido la Propuesta de Pronunciamiento 53/VIII (PPRO-53), formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida (lU-Verdes-SlEx) en escrito con R.E. n° 8.471, aprobándose la siguiente
RESOLUCIÓN:
La corrupción política amenaza con configurarse como una verdadera patología de nuestro tiempo y de nuestro país. La creciente percepción de la corrupción conlleva una pérdida de confianza de la ciudadanía en la política y se corre el riesgo de que esa desconfianza alcance a la propia democracia.
En el índice de Percepción de la Corrupción de Transparency Internacional, que mide el grado de corrupción percibido en funcionarios y políticos de 180 países España viene perdiendo puestos desde hace ya demasiado tiempo.
El fenómeno de la corrupción tiene efectos demoledores sobre la gobernabilidad de Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas y el propio Gobierno de España.
Estamos ante una práctica minoritaria pero que arroja una sombra sobre el trabajo y la actividad del conjunto de quienes nos dedicamos al ejercicio de la política, un ejercicio que siempre debe estar presidido por la honestidad, la dignidad y el servicio público al conjunto de la ciudadanía, sacrificando cualquier interés personal en aras del interés general, razón de más para que nos mostremos tajantes y separemos sin contemplación a los corruptos.
Los Partidos Políticos han nacido constitucionalmente para ser vehículos de participación ciudadana y columna vertebral del sistema democrático de nuestro país. Aquí y ahora tenemos una responsabilidad histórica: debemos comprometernos contra las conductas y prácticas que cuestionan las instituciones mismas y buscar soluciones inmediatas en el marco de los cambios legislativos, las acciones de gobiernos, los comportamientos de los cargos electos, etc.
Por todo ello,
El Pleno de la Asamblea de Extremadura insta al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios representados en las Cortes a:
• Aprobar un "Pacto democrático contra la corrupción" que contenga, como mínimo, las siguientes iniciativas:
1. Establecer, con carácter obligatorio, un "Código ético de conducta del cargo público" que recoja los principales compromisos en la lucha contra la especulación urbanística, el tráfico de influencias, las malversaciones de recursos públicos y el enriquecimiento injustificado y el compromiso de denunciar ante la fiscalía y colaborar con la Justicia ante cualquier dato de corrupción que se conozca en el ejercicio de sus responsabilidades como cargos públicos.
2. Potenciar y reforzar los recursos materiales y personales, así como la especialización en estas temáticas, de la Judicatura, Fiscalía y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dirigidos a combatir los delitos contra la corrupción inmobiliaria, el blanqueo de dinero y las decisiones o casos de prevaricación que se puedan producir en todo el territorio del Estado y reforzar igualmente los medios materiales y humanos de las fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas especialmente afectadas por este tipo de delitos.
3. Investigación y persecución, por la Agencia Tributaria, de los incrementos desmesurados del patrimonio carentes de justificación.
4. Plan de actuación frente a la corrupción urbanística.
5. Acentuar el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos.
6. Creación de dos nuevos registros públicos: el de recalificaciones de suelo y el de tenedores de billetes de 500 euros.
7. Modificación de la Ley Electoral con el fin de apartar de las instituciones, de modo preventivo, a quienes sean procesados por delitos de corrupción, prevaricación con fines de lucro, tráfico de influencias y enriquecimiento injusto.
8. Reforma y transparencia de la Ley de Financiación de Partidos Políticos.
9. Endurecer el Código Penal contra las actuaciones corruptas, de tal forma que nunca pueda salir barata su práctica.
10. Compromiso del Gobierno de no tramitar jamás, en ninguna circunstancia, un indulto a un cargo público condenado por corrupción.
11. Impulsar los mecanismos de participación ciudadana y transparencia, y en esta línea establecer la obligatoriedad de publicar anualmente la declaración de renta de todo cargo público (y la de sus cónyuges), preservando en todo caso los datos de índole personal (domicilio, teléfonos, etc)
Mérida, 7 de febrero de 2013.
Vo. B°. EL PRESIDENTE
Fernando Jesús Manzano Pedrera
EL SECRETARIO PRIMERO
Alejandro Nogales Hernández
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