Los expertos que iniciaron este miércoles las comparecencias en el Congreso para valorar las medidas anticorrupción propuestas por el Gobierno quieren ir mucho más allá para poder combatir estas conductas. Especialmente duro con la actual situación fue el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien lamentó la falta de medios legales, materiales y personales y la ausencia de mecanismo de acceso a bases de datos públicos para poder combatir la corrupción. “Legislación insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadanía”, “actuación exasperantemente lenta”, “absoluciones difíciles de entender y sin recuperación de dinero”, “prescripciones incomprensibles”, “indultos a corruptos” y “agujeros negros en la ejecución de sentencias”, son algunas de las disfunciones demoledoras que Torres-Dulce denunció ante la Comisión Constitucional y que llevan a la sensación generalizada de que “la Justicia favorece al poder”.
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