13 de junio de 2014
Tres años después, la UE debe reforzar su actuación sobre los defensores de los derechos humanos
El sábado 14 de junio se cumple el décimo aniversario de la adopción de las Directrices de la UE sobre los Defensores de los Derechos Humanos, por las que la UE y sus Estados miembros se comprometen a apoyar y ayudar a los defensores en el marco de la política de relaciones exteriores de la UE. En este aniversario, Amnistía Internacional pide a la UE y a sus Estados miembros que hagan balance de la eficacia de las Directrices y renueven su compromiso de que se traduzcan en una actuación significativa en apoyo de los defensores de los derechos humanos.
Los defensores de los derechos humanos son individuos, grupos de personas u organizaciones que promueven y protegen los derechos humanos por medios pacíficos y no violentos, a menudo con un elevado riesgo para su persona.
Amnistía Internacional lleva trabajando con y para los defensores de los derechos humanos desde sus inicios, y considera que apoyar su trabajo es una de las formas más importantes de garantizar los derechos humanos para todas las personas.
Los defensores de los derechos humanos pueden sacar a la luz violaciones de derechos humanos para someterlas al escrutinio público, presionar para que las personas responsables rindan cuentas y empoderar a individuos y comunidades para reclamar sus derechos básicos como seres humanos. A menudo ellos mismos son víctimas de abusos contra sus derechos humanos. Como consecuencia de su trabajo, los defensores se enfrentan a una serie de dificultades. En muchos países son sometidos a hostigamiento, amenazas de muerte y tortura. También son silenciados por leyes restrictivas y corren peligro de sufrir detención arbitraria, secuestro, desaparición forzada y asesinato.
La UE y sus Estados miembros, con arreglo al Marco Estratégico y el Plan de Acción de la Unión Europea sobre Derechos Humanos y Democracia, de 2012, se han comprometido a intensificar el apoyo político y económico que prestan a los defensores de los derechos humanos y a redoblar los esfuerzos de la organización contra toda forma de represalia. Si bien en los últimos diez años se han realizado importantes avances, la aplicación de las Directrices sigue siendo incoherente y falta de transparencia.
En este hito que supone su décimo aniversario, es el momento de tomar medidas para aplicar de forma sistemática y coherente las Directrices y luchar en pro de unos criterios más elevados y una mayor profundidad de acción para apoyar a los defensores de los derechos humanos.
Algunas medidas concretas son:
- Definir con mayor claridad las funciones y responsabilidades de las autoridades clave de las representaciones y las delegaciones de los Estados miembros de la UE en terceros países.
- Garantizar que el personal de la UE y sus Estados miembros cuenta con un respaldo político claro, así como con recursos y tiempo para trabajar en apoyo de los defensores de los derechos humanos y colaborar con ellos en la protección de estos derechos.
- Establecer objetivos estratégicos de acción con respecto a los defensores, con resultados identificables e indicadores mensurables que permitan una recogida de datos sistemática y una elaboración de informes transparente.
Acciones directas tales como la observación de juicios y las declaraciones públicas, son fundamentales para proporcionar apoyo y visibilidad a los defensores de los derechos humanos. Todo ello reforzado por la adopción de un enfoque sistemático y sostenido que busque mayor transparencia y rendición de cuentas sobre la forma en que se aplican las Directrices en la práctica.
Al mismo tiempo, la UE y sus Estados miembros deben reforzar la coordinación y la colaboración para garantizar un apoyo estratégico y de impacto a los defensores.
La UE y sus Estados miembros deben conmemorar el décimo aniversario de las Directrices reiterando públicamente su compromiso de actuar en apoyo de la importante función que los defensores de los derechos humanos desempeñan en la promoción y la protección de los derechos humanos en todo el mundo. También deben:
- Utilizar plenamente y de forma estratégica todas las herramientas con que cuentan la UE y sus Estados miembros para apoyar a los defensores de los derechos humanos, con medidas concretas tales como enviar observadores a sus juicios y hacer visible su trabajo mediante acciones o declaraciones públicas, todo ello de forma proactiva y en estrecho contacto con los propios defensores.
- Reforzar la formación práctica y orientada hacia la acción del personal de la UE y sus Estados miembros sobre las Directrices, y complementarla asegurándose de que la sociedad civil de terceros países
- las conoce y es consultada sobre las estrategias de la UE y sus Estados miembros sobre los defensores.
- Interactuar regularmente con una amplia gama de defensores de los derechos humanos que trabajan sobre los derechos civiles, culturales, económicos, sociales y políticos en diferentes zonas de países, incluidas zonas rurales y remotas, prestando la debida
- atención a las defensoras de los derechos humanos.
- Utilizar diálogos políticos y de derechos humanos, así como otros canales de comunicación para recordar a terceros países su deber de proteger a los defensores de los derechos humanos, y garantizar la implicación de los defensores en estos procesos.
- Proporcionar sistemáticamente feedback público a los defensores, la sociedad civil y la opinión pública sobre la actuación de la UE y sus Estados miembros sobre los defensores, fomentando un debate público significativo sobre la manera de reforzar estas fundamentales tareas.
Defensores de los derechos humanos: Llamamiento para la actuación de la UE en todo el mundo.
El preso de conciencia Azam Farmonov, miembro de la organización independiente Sociedad de Derechos Humanos de Uzbekistán, es el director de la organización en la región de Sirdaria, y yerno de su presidente, Talib Yakubov, que tuvo que irse de Uzbekistán en agosto de 2006 debido a las constantes amenazas de muerte que recibía y actualmente vive en Francia. Azam fue detenido el 29 de abril de 2006 por defender los derechos de los agricultores locales que habían acusado a algunas autoridades agrarias del distrito de prácticas indebidas, extorsión y corrupción. Al parecer fue torturado, acusado de extorsión y sometido a un juicio sin garantías en el que no tuvo abogado defensor ni ningún otro representante legal y en el que fue condenado a nueve años de cárcel. Azam Farmonov cumple condena en el remoto campo penitenciario de Jaslik, situado a más de 1000 kilómetros de Gulistan, donde vive su familia. En su informe de febrero de 2003 sobre Uzbekistán, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura incluyó la recomendación de prestar atención con urgencia al cierre de la colonia de Jaslik, que por su mera ubicación generaba unas condiciones de reclusión que constituían trato o pena cruel, inhumano o degradante tanto para los reclusos como para sus familiares.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) es una de las principales organizaciones de derechos humanos de Honduras. COFADEH se creó originalmente para trabajar sobre la cuestión de las desapariciones forzadas a principios de la década de 1980. Actualmente trabaja sobre una amplia variedad de cuestiones de derechos humanos en el país, entre ellas la impunidad por los abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado, las amenazas y el hostigamiento contra defensores de los derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas de seguridad, las cuestiones relativas a los derechos sobre las tierras, y las condiciones en las prisiones. El COFADEH también trabaja con organizaciones internacionales para sensibilizar sobre las violaciones de derechos humanos en Honduras, y desempeña un papel activo en la presentación de casos de derechos humanos ante el sistema interamericano. Como consecuencia de esta labor de defensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al Estado hondureño que proporcione protección a un gran número de defensores y defensoras de los derechos humanos hondureños. Los miembros del personal del COFADEH han sido blanco de amenazas y hostigamiento en el pasado, pero desde 2011 el número y la gravedad de las amenazas y de los incidentes se han intensificado. Entre febrero y abril de 2012, Dina Meza, miembro del personal del COFADEH y directora del sitio web de noticias de la organización, recibió una serie de amenazas de violencia sexual. Se ha informado también de que individuos desconocidos la han seguido este año en varias ocasiones, una de ellas mientras caminaba por una calle cerca de su casa con sus hijos adolescentes y fueron fotografiados por dos hombres desconocidos. Otros miembros del personal del COFADEH han sido objeto de intimidación, vigilancia y amenazas, en el contexto de un aumento generalizado de los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas desde el comienzo de 2012.
Gao Zhisheng es uno de los abogados de derechos humanos más reputados de China. En 2005, el Departamento de Justicia Municipal de Pekín le retiró el permiso para ejercer la abogacía y suspendió las actividades de su bufete de abogados, Shengzhi. Estas medidas fueron consecuencia directa de las cartas abiertas dirigidas por Gao Zhisheng al gobierno pidiéndole que interrumpiera la persecución religiosa. Gao Zhisheng ha sido sometido a desaparición forzada, tortura, arresto domiciliario ilegal y detención desde 2006, año en que fue acusado del vago delito de “incitación a la subversión" por sus actividades de derechos humanos. Actualmente está encarcelado en la prisión de la comarca de Shaya en el noroeste de China, tras ser enviado a la cárcel en diciembre de 2011, al parecer por violar las condiciones de su pena condicional de tres años. Quedará en libertad en agosto de 2014. Antes de ser encarcelado estuvo en paradero desconocido durante casi 20 meses. Gao Zhisheng ha sido torturado reiteradamente desde 2006. Lo han golpeado, le han aplicado descargas eléctricas en los genitales y le han mantenido cigarrillos encendidos cerca de los ojos. Sigue corriendo un elevado peligro de tortura. Su familia huyó de China tras el acoso constante de las autoridades.
Mohammad al-Qahtani es un destacado defensor de los derechos humanos saudí, cofundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos en 2009, que fue condenado a 10 años de cárcel en marzo de 2013. Según los periodistas y activistas que asistieron a su juicio, aunque éste fue público, la gran presencia de agentes de seguridad vestidos de civil impidió de hecho que asistieran algunos activistas de derechos humanos. Amnistía Internacional considera a Mohammad al-Qahtani preso de conciencia. La Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos es una de las pocas organizaciones de derechos humanos independientes de Arabia Saudí, y una de las más activas. Además de documentar violaciones de derechos humanos e informar sobre ellas, la Asociación ha ayudado a las familias de muchas personas recluidas sin cargos ni juicio a interponer demandas contra el Ministerio del Interior ante la Junta de Reclamaciones, tribunal administrativo con competencia para ver demandas contra el Estado y sus servicios públicos. Mohammad al-Qahtani fue acusado de los siguientes delitos: infringir la lealtad al gobernante, cuestionar la integridad de las autoridades, difundir información falsa entre grupos extranjeros y crear una organización no autorizada. El cargo de cuestionar la integridad de las autoridades al parecer tiene relación con haber acusado a la judicatura de admitir confesiones hechas bajo coacción. El de difundir información falsa entre grupos extranjeros parece referirse al mero hecho de expresar sus opiniones sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Arabia Saudí ante medios de comunicación y organizaciones internacionales de derechos humanos. Mohammad al-Qahtani apeló el 28 de mayo de 2013, pero su sentencia fue confirmada a comienzos de 2014. Cumple condena en la cárcel de al- Ha'ir de la capital, Riad, cuyas condiciones penitenciarias ha denunciado.
La Campaña de Acceso a Tratamientos es una destacada organización de la sociedad civil que aboga para que las personas que viven con el VIH en Sudáfrica tengan servicios integrales de atención a la salud. Sus miembros, hombres y mujeres, han sido víctimas de amenazas e intimidaciones en diversas provincias de Sudáfrica. La frecuencia y la gravedad de dichas amenazas e incidentes ha variado según la zona, pero durante los últimos meses se han denunciado varios casos graves. En marzo de 1014, un líder de la organización en la provincia de KwaZulu-Natal fue víctima de una grave agresión, y otro de la provincia de Free State recibe amenazas de muerte desde finales de 2013. Fundada el 10 de diciembre de 1998 en Ciudad del Cabo, la Campaña de Acceso a Tratamientos aboga por un mayor acceso a servicios de tratamiento, atención y apoyo de las personas que viven con el VIH, y hace campaña para reducir el número de nuevos casos de VIH. Cuenta con más de 16.000 miembros, 267 secciones y 72 trabajadores a jornada completa. Sus iniciativas, que incluyen la litigación, han salvado muchas vidas, como cuando se implantaron programas nacionales para impedir la transmisión materno infantil del VIH y programas de tratamiento con antirretrovirales en todo el país. La Campaña de Acceso a Tratamientos ha sido aclamada en todo el mundo y ha recibido numerosos galardones internacionales, incluida la candidatura para el premio Nobel de la Paz en 2004. Sudáfrica tiene el mayor programa público de tratamiento con antirretrovirales del mundo.
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María del Pozo Sierra
Responsable de Relaciones Institucionales y Política Exterior
AMNISTIA INTERNACIONAL
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