Por Eguzki Urteaga
A pesar de que la participación en estas elecciones europeas se haya incrementado ligeramente tanto en el Estado (+0,6%) como en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra (+3,41%), sigue situándose a unos niveles especialmente bajos, ya que más de la mitad de los electores no ha acudido a las urnas. Entre los factores explicativos de ese desinterés encontramos la ruptura social, el déficit democrático de la construcción europea, la complejidad del entramado político-administrativo europeo, los escasos márgenes de maniobra de los que disponen los gobiernos de los estados-miembro, la sensación de impotencia de la ciudadanía ante las políticas de austeridad o la escasa pedagogía realizada tanto por los partidos políticos como por los medios de comunicación a lo largo de la legislatura pasada. Conviene detenerse en cada uno de estos factores.
En primer lugar, la Unión Europea se enfrenta a una ruptura social que se traduce por el hecho de que una parte de la ciudadanía, especialmente la que padece duramente los efectos de la crisis económica y percibe la globalización como una amenaza para su bienestar y el futuro de sus hijos, ha dejado de creer en la democracia representativa, precisamente porque no se siente representada por la clase política. Esta ruptura fue manifiesta en el referendo para la aprobación del tratado constitucional europeo que tuvo lugar en 2005 y que fue rechazada por una mayoría de holandeses y franceses. En efecto, entre el 55% de ciudadanos galos que rechazaron dicho tratado figuraba una mayoría de personas poco cualificadas, desempleadas, obreras y empleadas precarias con escasos recursos económicos y a menudo residentes en barrios desfavorecidos. Al contrario, los partidarios del sí eran mayoritariamente personas cualificadas, insertadas profesionalmente, con recursos medio-altos y altos y residentes en barrios acomodados. Esta ruptura social se ha confirmado en estas elecciones europeas e indica que una franja de la población ha dejado de participar en el sistema electoral.
En segundo lugar, existe un déficit democrático de la Unión Europea. En teoría, el Tratado de Lisboa aprobado en 2007 debía traducirse por un fortalecimiento de las competencias del Parlamento Europeo gracias a la introducción de disposiciones que incrementaban sus poderes de iniciativa y control del ejecutivo comunitario. No en vano, el desencadenamiento de la crisis financiera y posteriormente económica en septiembre de 2008 ha dado lugar a un fortalecimiento de las instituciones europeas independientes, es decir de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del Tribunal Europeo, mientras que el Parlamento Europeo se hallaba marginado y reducido a un rol consultivo. Esto ha dado lugar a un menor control ciudadano sobre las instituciones europeas y a la sensación de que las principales decisiones que les conciernen y afectan se toman fuera de cualquier debate y control democrático. Esta situación ha podido generar cierto malestar y desengaño en la ciudadanía que ha decidido no acudir a las urnas.
En tercer lugar, la aprobación de los distintos tratados y el trasvase de competencias adicionales a las instituciones europeas se han traducido por una disminución drástica de los márgenes de maniobra de los que gozan las administraciones públicas (estatal, autonómica, local) de los estados-miembro de la Unión Europea, sobre todo en el ámbito socioeconómico. De hecho, la política monetaria es determinada por el Banco Central Europeo que, además, es independiente; y la política presupuestaria está cada vez más constreñida por el pacto de estabilidad y por la regla de oro que prohíbe a los estados-miembro tener un déficit superior al 1% del PIB. Esto hace que los gobiernos gocen de escasos márgenes de maniobra para poder reactivar la actividad económica gracias a políticas de inversión y de fomento del consumo, bien aumentando el gasto público y los salarios, bien incrementando las desgravaciones fiscales. Esta situación afecta de modo especial a los partidos de izquierda, que se caracterizan precisamente por el fomento de la demanda como vector de crecimiento económico y creación de empleo.
En cuarto lugar, la ciudadanía se siente defraudada por la construcción europea, que fue asociada durante un largo periodo al crecimiento económico y bienestar social gracias a la normativa europea, a los fondos estructurales y a los nuevos mercados que abrían sus puertas a las empresas vascas tras la integración de España en el mercado común en 1986. No en vano, a partir de 2008, como consecuencia de la crisis que ha desembocado en un fuerte incremento del déficit y de la deuda pública, los gobiernos estatales y autonómicos se han visto obligados por la troika, compuesto por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, a aplicar políticas de recorte del gasto público y de incremento de la presión fiscal que han desembocado en un incremento del desempleo, de la precariedad laboral y de la pobreza así como en una disminución del poder adquisitivo de la ciudadanía. Esto ha provocado un resentimiento y un enfado hacia la construcción europea asociado a una sensación de impotencia hacia las decisiones provenientes de arriba.
En quinto lugar, la construcción europea se enfrenta a un desconocimiento y alejamiento de la ciudadanía que no comprende ni se reconoce en un entramado institucional que es poco legible y comprensible. En efecto, si tiene más o menos claro en qué consiste la labor del Parlamento europeo, no discierne con claridad cuáles son las competencias de la Comisión Europea y del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno y cómo se articulan estas instituciones comunitarias. En ese sentido, de cara a mejorar la legibilidad de la organización político-administrativa de la Unión Europea y favorecer la identificación de la ciudadanía, es preciso simplificarla, constituyendo un binomio compuesto por un Parlamento, con competencias legislativas y de control extendidas, y un Gobierno, que provendría del o de los partidos que obtendrían la mayoría en el Parlamento y que sería responsable ante los electores de la política europea llevada a cabo. Es la única forma de mejorar la gobernanza europea, que peca por su complejidad.
En sexto y último lugar, la construcción europea ha estado prácticamente ausente del discurso de los partidos políticos y de numerosos medios de comunicación, no tanto durante la campaña oficial de las elecciones europeas como a lo largo de la legislatura europea que acaba de concluir. La Unión Europea está asociada, y a menudo reducida, al aburrimiento, al alejamiento y a la imposición, de modo que es desdeñada por los actores que animan el debate público. La consecuencia de todo ello es que los ciudadanos carecen de la cultura comunitaria necesaria que les permita involucrase plenamente en las problemáticas y debates que afectan a la construcción europea. El hecho de que más del 70% de las leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados sean meras transposiciones de la normativa europea y que la Unión Europea haya jugado un papel central en las políticas de austeridad implementadas por varios estados-miembro, no ha sido suficiente para suscitar la atención de estos actores. Por lo tanto, es preciso enderezar el rumbo ofreciendo un mayor espacio a las cuestiones europeas tanto en los programas electorales como en las páginas de los periódicos.
Todos estos factores han constituido un caldo de cultivo que, tanto en Euskadi como en el resto de Europa, han propiciado un elevado nivel de abstención que constituye un serio problema para la legitimidad de las instituciones europeas.
Cuando a veces se compara la economía española con la de ciertas partes de Europa (Gran Bretaña, Holanda, Dinamarca, Francia, Alemania, etc.) o con otras partes del mundo (USA por ejemplo), eso está bien, no obstante tiene un "pequeño problema", el nivel de corrupción y ladrocinio en las altas esferas españolas, no es comparable al de esos países... y si les pillan en España, el nivel de impunidad en España, no es comparable al de esos países en los que hay poca impunidad, por eso muchas de las "recetas económicas y políticas" extranjeras, en España no funcionan, es lo que hay y para cambiar esto hay que cambiar la mentalidad, los partidos e instituciones y perseguir legalmente los delitos, claro no es algo de un día para otro, es un cambio en profundidad, no fácil, puede que incluso sea algo imposible de hacer, esperemos que no pero es una tarea titánica.
Publicado por: werst | 06/30/2014 en 12:17 p.m.