Por Antoni Segura
Hay que estar muy ciego para no ver que el proceso a favor del derecho a decidir (o de autodeterminación) impulsado en Cataluña por la sociedad civil y los partidos favorables a la consulta (CiU, ERC, ICV-EUiA, CUP y PSC, en este último caso condicionado a un acuerdo previo con el Gobierno español) es un problema de Estado que no puede negarse apelando únicamente a la Constitución de 1978. En primer lugar, porque la Constitución prevé la celebración de referéndums consultivos a toda la ciudadanía cuando se trata de decisiones de especial trascendencia (artículo 92). Pero, como advierte Francisco Rubio Llorente, presidente del Consejo de Estado entre 2004 y 2012, “no parece lógico que para verificar si la sociedad catalana quiere o no la independencia haya que preguntárselo a todos los españoles... [porque] solo los catalanes saben si la quieren o no” (El País, 11-02-2013). También podría aplicarse el artículo 150.2 que permite transferir competencias de manera temporal y para fines específicos. Esta fue la vía seguida por el Parlament de Catalunya cuando el 8 de abril presentó en el Congreso de los Diputados una proposición, que fue rechazada por 47 votos a favor y 299 en contra, que pedía delegar en la Generalitat la competencia para convocar la consulta. En segundo lugar, porque, de nuevo según Rubio Llorente, “si una minoría territorializada, es decir… concentrada en una parte definida, delimitada administrativamente y con las dimensiones y recursos necesarios para constituirse en Estado, desea la independencia, el principio democrático impide oponer a esta voluntad obstáculos formales que pueden ser eliminados. Si la Constitución lo impide, habrá que reformarla” (El País, 08-10-2012). Por último, porque se requiere una solución política y no solo jurídica. No es cierto, como se empeña en afirmar el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy; que ni quiere ni puede autorizar la consulta. Poder, sí puede, apelando a la misma Constitución que utiliza para impedirla, pero no quiere, confiando en que el suflé independentista baje o en que Artur Mas se estrelle.
Por un lado, en el caso de Cataluña, el PP está aplicando la política del avestruz porque en los últimos años no han cesado de aumentar los partidarios de la consulta, como indican las encuestas (según el sondeo del mes de agosto del Centre d’Estudis d’Opinió un 74% de los encuestados está a favor de la consulta, un 88% aceptaría el resultado y un 59% estaría de acuerdo en que Cataluña fuera un nuevo Estado de Europa) y se ha podido visualizar en las tres últimas Diadas con un número creciente de participantes desde el 11 de septiembre de 2012. Asimismo, el amplio apoyo político que obtuvo el pasado 19 de setiembre la aprobación de la Ley de Consultas Populares no Refrendarias y Participación Ciudadana (106 votos a favor, incluidos los del PSC, el 79%; y 28 en contra, PP y C’s) recoge la transversalidad social del proceso, que incluye desde la izquierda (ERC, ICV-EUiA, CUP) al centro derecha (CiU), pasando por un muy desorientado socialismo catalán en fase de división (en diciembre de 2012, Ernest Maragall junto con otros exmiembros del PSC fundaba Nova Esquerra Catalana que, en coalición con ERC, obtuvo un europarlamentario en las elecciones del pasado mes de mayo) y de pérdida de militantes. El mismo apoyo transversal hay detrás de los casi 700 ayuntamientos (de un total de 947) que han acordado una moción favorable a la consulta del 9 de noviembre para que los ciudadanos “puedan decidir libremente el futuro de Cataluña”. En total, incluido el Ayuntamiento de Barcelona, representan casi las tres cuartas partes de la población.
Por otro, el resultado del referéndum de Escocia parece haber sido un bálsamo para el gobierno de Rajoy, que no se había cansado de repetir que el caso de Escocia y Cataluña no tenían nada que ver ya que el referéndum escocés estaba amparado por la legalidad. De nuevo no hay peor ciego que el que no quiere ver. En efecto, el Reino Unido carece de Constitución. No cabe aquí decir que la Constitución prohíbe la celebración del referéndum. Pero tampoco se ha impedido que el Scottish National Party (SNP) y Alex Salmond llevaran a la práctica la celebración del referéndum como constaba en el programa electoral con el que ganaron por mayoría absoluta las elecciones al Parlamento escocés de 2011. La actitud de David Cameron fue ejemplar (“podría haber prohibido el referéndum pero he preferido que los escoceses hablen… [porque] soy un demócrata y gobierno un país democrático”) y los dos gobiernos acordaron la fecha de celebración del referéndum y la pregunta. A Cameron se le criticó no que hubiera autorizado el referéndum, sino que no incluyera una tercera respuesta en el sentido de que los escoceses pudieran optar por tener mayor autonomía en lugar de las dos únicas respuestas posibles: independencia o seguir en el Reino Unido. De hecho, esa tercera respuesta no formulada la incluyeron los tres principales partidos británicos en la campaña -de manera precipitada, ante algunas encuestas que pronosticaban la victoria del sí- bajo la forma de prometer mayores poderes a Escocia si se mantenía dentro del Reino Unido.
Ciertamente, hay pocas similitudes entre Escocia y Cataluña, pero, sobre todo, hay una profunda diferencia: la actitud del gobierno de Londres frente a la actitud del gobierno de Madrid. En el primer caso, prevalecen los principios democráticos por encima de otras consideraciones; en el segundo, se responde con la prohibición, las amenazas y la política del miedo. De nuevo en palabras de Cameron, “podría haber tomado la otra opción, que habría sido como esconder la cabeza en la arena y decir: No, no pueden tener un referéndum”.
En definitiva, puede que Rajoy no tenga finalmente bastante arena para esconder una cabeza plagada de tantos despropósitos. La ley de consultas aprobada por el Parlament de Catalunya abre una nueva vía legal para consultar a los ciudadanos sobre el futuro político de Cataluña. De su lectura se desprende, tal como han avalado por mayoría los juristas del Consell de Garanties Estatutàries, que no conculca ni la Constitución ni el Estatut y que se adapta al marco jurídico-constitucional español. Da igual, porque el gobierno de Rajoy, desde mucho antes de conocer el contenido de la ley y la convocatoria oficial de la consulta, ya tenía previsto celebrar un Consejo de Ministros extraordinario, al mismo tiempo que el Fiscal General del Estado aleccionaba al fiscal de Cataluña y a los fiscales de las cuatro provincias catalanas, para obtener la suspensión cautelar de la ley y de la convocatoria presentando un recurso ante el Tribunal Constitucional.
“Los humanos, como las naciones y las civilizaciones, somos mortales… Vivir es olvidar que estamos abocados a desaparecer. Y eso vale tanto para los humanos como para las instituciones y las colectividades del tipo que sea, naciones y Estados incluidos”, recordaba en su blog hace unos días Lluís Bassets (18-09-2014). Pero esa regla de simple sentido común e histórico tiene una excepción en el universo político del PP y de gran parte del PSOE: España es indivisible e inmutable ante el paso del tiempo y de la historia.
La figura de Rubio Llorente es cuanto menos curiosa, y lo es, porque el que fuera asesor de la ponencia constitucional en el 78, hace declaraciones que, aunque sacadas de contexto, son un torpedo en la línea de flotación de la Constitución que con tanto celo asesoró.
El concepto de imposición de la "minoría territorializada" sobre la mayoría común es de traca, porque solo concede a los catalanes voz y voto bajo el argumento de que solo le atañe a ellos.
La integridad de España nos atañe a todos.
Publicado por: Alfred | 10/01/2014 en 02:43 p.m.
Siguiendo la lógica claramente fascista de Rubio Llorente, si hubiese en Puentedeume una obsesión por pintar a los catalanes de verde, solo podrían votar los residentes de Puentedeume porque conforman una "mayoría territorializada" que ha manifestado su deseo por opinar sobre ese tema.
Y los catalanes se verían obligados a soportar ser pintados de verde sin decir ni mu.
Absurdo¿No?
Publicado por: Alfred | 10/01/2014 en 02:49 p.m.
Antoni Segura hace un "totum revolutum" con una ley que favorece consultas ciudadanas sobre asuntos que competen a temas de la autonomía catalana con un referéndum de secesión.
Y no es serio su proceder.
Es lo mismo que si a una hija mía le doy permiso para salir a la terraza y entiende que una vez en la terraza puede tirar una maceta a la calle.
Publicado por: Alfred | 10/01/2014 en 03:03 p.m.