AMNISTÍA INTERNACIONAL
Sr D. Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga
Portavoz del Grupo Vasco en la Comisión Mixta para la Unión Europea
Congreso de los Diputados
C/Floridablanca s/n
28071 Madrid
Madrid, 23 de septiembre de 2014
Estimado Sr Anasagasti:
En esta ocasión, nos dirigimos a usted para remitirle el informe El coste humano de la fortaleza europea: violaciones de derechos humanos cometidas en las fronteras europeas contra personas migrantes y refugiadas, que la organización hizo público el pasado 9 de julio. En él se analiza la situación en las fronteras de Europa y los costes económicos de las políticas de control fronterizo. Paralelamente, se denuncia, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, el coste humano de estas políticas y las vulneraciones de derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
La UE y sus Estados miembros han construido una fortaleza cada vez más impenetrable para Impedir la entrada de migrantes irregulares, a través de fondos, de la Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras (FRONTEX), de la puesta en marcha de EUROSUR, o incluso externalizando el control de la migración a terceros países y creando una zona de contención por medio de acuerdos de cooperación con países vecinos que les ayudan a bloquear la migración irregular hacia Europa-, A fin de "defender" sus fronteras, la UE ha financiado complejos sistemas de vigilancia. Amnistía Internacional ha evidenciado que en el periodo entre el 2007 y el 2013 la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Europea asignó casi 4.000 millones de euros para las actividades de asilo y migración. De esos casi la mitad ha sido destinada a actividades, equipo e infraestructuras en los países de la frontera sur de la zona Shengen, mientras solo un 17% ha sido destinado a proyectos de asilo, servicios de acogida, reasentamiento y acogida de refugiados.
Estas medidas, cuya eficacia para detener la migración irregular a Europa es, en el mejor de los casos cuestionable, causan sufrimiento y se cobran vidas humanas. Debido al bloqueo mediante vallas de otras rutas de entrada a la UE, al aumento de la vigilancia y al despliegue creciente de fuerzas de seguridad, las personas se ve obligada a tomar rutas cada vez más peligrosas, a veces con trágicas consecuencias. Mujeres, hombres niñas y niños han muerto ahogados en el mar o asfixiadas en camiones. Sufren violencia en las fronteras de la UE y se ven privadas de su derecho a solicitar asilo.
Amnistía Internacional documenta en el informe cómo estas políticas están conduciendo a devoluciones ilegales de personas que llegan a las fronteras, a uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, a la negación de la protección e incumplimiento de las obligaciones de salvamento y rescate en el mar. Muchas personas quedan además atrapadas en países de tránsito y son víctimas de agresiones, explotación o acaban viviendo en la indigencia.
Gran parte de estas medidas se han podido adoptar gracias únicamente al fuerte apoyo económico de la UE o de algunos Estados miembros. Quienes prestan apoyo, sin embargo no están exentos de responsabilidad: deben garantizar que las medidas que respaldan no son causa de violaciones de derechos humanos.
En relación a la situación de España, el informe denuncia los sucesos del 6 de febrero que tuvieron lugar en la playa del Tarajal, Ceuta, en los que perdieron la vida 14 personas y 23 personas fueron devueltas de forma sumaria a Marruecos. Amnistía Internacional considera que los funcionarlos encargados de cumplir la ley violaron el derecho internacional al hacer uso excesivo e innecesario de la fuerza cuando desplegaron medios antidisturbios contra personas desarmadas que nadaban hacia la orilla y que no representaban ninguna amenaza. Asimismo, España incumplió el derecho internacional y la legislación nacional y de la UE al expulsar de manera colectiva a 23 personas que no sólo estaban en territorio español, sino que asimismo estaban bajo jurisdicción española.
Las muertes en las fronteras no son inevitables. Algunas de las causas más directas de estas tragedias tienen su origen en las políticas y prácticas de los organismos y Estados miembros de la UE. Estas políticas pueden y deben modificarse. Se deben reforzar las obligaciones de salvamento y rescate en el mar, deben crearse rutas seguras para que los refugiados y solicitantes de asilo puedan acceder a territorio europeo y la UE y los Estados miembros deben revisar los acuerdos de control migratorio con países que no garantizan los derechos humanos de las personas migrantes.
Por ello, desde Amnistía Internacional instamos a su grupo parlamentario a promover iniciativas en este sentido, así como a promover el control de la acción de gobierno asegurando, entre otros que:
Sobre los fondos relacionados con la migración
*el gobierno presenta datos sobre los fondos que España destina al control de fronteras, sobre la financiación prestada a terceros países y las partidas presupuestarias a las que van asignadas
*cualquier programa de control de la migración o de las fronteras que financie España en terceros países no contribuye o conduce a violaciones de derechos humanos y que, previamente a la concesión de financiación, existen mecanismos de control que evalúan el potencial de riesgo para los derechos humanos.
*al emplear fondos europeos, España prioriza la aplicación de las normas sobre protección y derechos humanos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.
Sobre la cooperación con terceros países
*los acuerdos de control de la migración de España con terceros países respetan los derechos humanos y contienen salvaguardias adecuadas para proteger los derechos humanos.
*la negociación y aplicación de acuerdos de readmisión se hace de manera transparente y que existen mecanismos de evaluación del impacto que puedan tener en los derechos humanos.
*España suspende la aplicación o se abstiene de firmar acuerdos con países donde las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo están expuestas a sufrir violaciones de derechos humanos.
La gestión de fronteras
*España respeta el principio de no devolución, garantiza la admisión en su territorio de las personas que necesitan protección internacional, así como procedimientos individualizados para solicitar protección internacional de toda persona que está bajo su jurisdicción.
Esperamos que el informe resulte de su interés.
Atentamente
María Serrano
Responsable Adjunta de Relaciones Institucionales y Política Interior
María del Pozo
Responsable de Relaciones Institucionales y Política Exterior
La jueza argentina Servini ordena la detención de diversos colegas del asesino Franco.
Pero están protegidos por el estado español que en todos estos años les ha premiado con cargos y honores.
Vayan como ejemplo mis deseos de justicia con Rodolfo Martin Villa.Me encantaria verle ante un tribunal competente.
Pero no lo veré.
Publicado por: CAUSTICO | 11/01/2014 en 09:46 a.m.