PRIMERO se fijo la convocatoria, el 9 de noviembre de 2014, pactada por CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP y anunciada el 12 de diciembre de 2013. Como primer paso, se intentó un referéndum apelando a la vía que establece el artículo 152.1 (o el 92, sobre referéndums regulados y convocados por el Estado) de la Constitución española (CE), que permite transferir competencias temporalmente para fines específicos. Lo solicitó el Parlament de Catalunya al Congreso el pasado 8 de abril: 47 votos a favor (CiU, ERC, PNV, Amaiur, Nafarroa Bai, BNG, Izquierda plural/ICV-IUiA, Compromís, Nueva Canarias), 299 votos en contra (PP, PSOE, UPyD, Foro Asturias, UPN) y una abstención (CC).
Después fue la Ley de Consultas populares no referendarias que, de acuerdo con el artículo 122 del Estatuto de Autonomía de 2006, permite a la Generalitat o a los entes locales convocar encuestas, audiencias públicas, fórums de participación o cualquier otro instrumento de consulta popular. La ley fue aprobada por el Parlament el 19 de setiembre y publicada el 27. Ese mismo día, el president Artur Mas firmaba el decreto de convocatoria de la consulta para el 9-N. El texto contenía la doble pregunta pactada por CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP: “¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?” y, en caso afirmativo, “¿quiere que sea un Estado independiente?”. El lunes 29, el Tribunal Constitucional (TC) suspendía cautelarmente la ley y el decreto a instancias del recurso presentado por el gobierno del PP.
Mas acata la suspensión, pero el 14 de octubre anuncia un proceso participativo, sin valor jurídico y no equiparable a un referéndum o una consulta ya que no se basa en un censo previo sino que este se elabora a partir del DNI de los participantes y de la dirección que en él figura. La propuesta, en esta ocasión no pactada, provoca una crisis y pone en peligro la unidad de acción acordada en 2013. Tras ridiculizar la propuesta de Mas durante dos semanas, el gobierno del PP impugna la nueva “consulta alternativa”, ya que contaría “con locales abiertos, urnas y papeletas”, según había prometido Mas. El 4 de noviembre, el TC la suspende cautelarmente. Ese mismo día, Mas, con el apoyo de los partidos y de las organizaciones civiles pro-consulta, anuncia que el proceso participativo continúa y legitima la decisión -contraria a la sentencia del TC- porque su gobierno defiende la libertad de expresión y participación frente al que considera abuso de poder del Ejecutivo central, que impide a los catalanes, a quienes Mas anima a participar en la jornada del día 9, expresar su opinión sobre su relación con España.
Y llega el 9-N. A las nueve de la mañana se abren los colegios de participación y empieza a desarrollarse pacíficamente y con plena normalidad cívica la jornada. Con independencia del resultado, la tenacidad de las instituciones catalanas y de los partidos y organizaciones de la sociedad civil pro-consulta ganan la imagen mediática: a pesar de la oposición del gobierno del PP y de la suspensión del TC, los ciudadanos de Catalunya habían sido llamados a las urnas y, por la mañana, respondían con colas ante los colegios. Era un proceso no vinculante y sin consecuencias jurídicas pero que había congregado a centenares de periodistas de medios internacionales, a más de un centenar de observadores internacionales no oficiales y a una delegación de ocho observadores comunitarios (eurodiputados de todos los grupos excepto el Popular), invitada por el gobierno de la Generalitat, que avalarían el carácter democrático y cívico de la jornada y la petición por una gran parte de la sociedad catalana de ser consultada sobre el futuro político de su país. Mediáticamente, la imagen del 9-N oponía valores democráticos frente a un Gobierno español que parecía temer el voto de los ciudadanos.
El PP y los partidos y plataformas contrarios a la consulta ningunean ahora el resultado por el bajo nivel de participación -más de 2,3 millones de votos (80,8% favorables al Sí + Sí; 10,1% al Sí + No; 4,5% al No; 4,7% en blanco y nulos)- comparado con otras elecciones, mientras critican a Rajoy por no haberla impedido. Olvidan, interesadamente, que se han vencido todo tipo de dificultades y amenazas: políticas del miedo; no disponer de un censo previo por imposibilidad legal; dos suspensiones cautelares del TC; el hecho de que fuese un proceso participativo sin efectos legales ni formalmente políticos; las intimidaciones jurídicas y políticas de todo tipo y hasta el mismo domingo; la limitación del número de colegios de participación; el maltrato mediático de los medios españoles; la imposibilidad de continuar la campaña en los medios catalanes, prohibida por la segunda suspensión del TC; y así un largo etcétera de piedras en el camino. Y, a pesar de todo, más de 2,3 millones de personas no vacilaron en acudir a las urnas practicando una especie de multitudinario acto de desobediencia civil. Todo un éxito porque, a pesar de los obstáculos, una gran parte de la sociedad civil catalana ha dejado patente que quiere ejercer el derecho a decidir su futuro. Más de 2,3 millones de ciudadanos son algunos menos que los que votaron el Estatut de 2006 (2,6 millones) o participaron en las elecciones europeas del pasado mes de mayo (2,5 millones). Para ser un proceso participativo suspendido por el TC y con muchas restricciones, la jornada fue un éxito indudable para los organizadores, tal como han destacado muchos medios internacionales.
En definitiva, una gran victoria de la sociedad civil porque lo esencial de la jornada de domingo no eran tanto las respuestas -las tres igualmente legítimas y respetables- sino evidenciar que en un verdadero Estado de derecho, en caso de conflicto político-territorial, los principios democráticos, sobre todo el más básico, el voto de los ciudadanos, prevalecen sobre los constitucionales (Dictamen de la Corte Suprema de Canadá a propósito de Quebec, 1998). También gana Artur Mas, doblemente: a Rajoy por su incapacidad de responder al órdago de mantener el proceso participativo tras la segunda suspensión del TC; a ERC, porque gana tiempo para negociar con Rajoy -o con otros actores tras el ciclo electoral de 2015- la convocatoria de un referéndum legal y acordado con el Gobierno español, y no avanzar unas elecciones (excepto si hubiera una lista unitaria) mientras las encuestas no denoten una mejora de las perspectivas de CiU (o de CDC). En este escenario, el PSC parece dispuesto a proporcionar la estabilidad necesaria a cambio de apostar por la reforma federal de la Constitución y negociar después el referéndum. Parece poco probable porque es difícil controlar los tiempos si persiste el inmovilismo de Rajoy o si la presión para avanzar elecciones, a la que se ha añadido C’s, se hace insoportable.
En todo caso, son tiempos extraordinarios en los que nuevas fuerzas o movimientos políticos basados en el derecho a decidir cuestionan el sistema político bipartidista y autonómico heredado de la Transición, hoy minado por la corrupción, la poca credibilidad de algunas instituciones y la insensibilidad ante el empobrecimiento de los ciudadanos. Y no parece pasar solo en Catalunya y es socialmente transversal.
Por: Antoni Segura
En el post-franquismo constitucional las urnas y votar es ilegal. Asesinar franceses o diputados como Josu Muguruza es legal.
Asi es el basurero democratico español. EL inframundo españolista
Publicado por: takolo3 | 11/18/2014 en 10:51 a.m.
Una muestra de cansancio del régimen creado en la transición :
Durante el franquismo, gentes de diversas ideologías pisaron las cárceles españolas (nacionalistas no españoles, diversas izquierdas, etc.), pero por supuesto nadie de derechas pisó esas prisiones.
Luego nadie del franquismo fue juzgado por sus delitos y durante la transición y la posterior democracia, ha habido gente de diversas ideologías que por delitos, han pisado la cárcel.
Pero hasta ahora prácticamente nadie de la derecha española lo había hecho..., es ahora con la Trama Gürtel, con la Trama Púnica, con Blesa, con Bárcenas, con las tarjetas Black, etc., que por primera vez gente de derechas de forma colectiva, entra en prisión, esta es una muestra mas de la caída del régimen, se pone en crisis la impunidad de un colectivo que hasta ahora había pasado practicamente impune.
Publicado por: Sebastián | 11/18/2014 en 11:25 p.m.
El Congreso español insta al Gobierno a reconocer el Estado palestino.
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/17/actualidad/1416258055_830616.html
Publicado por: Sebastián | 11/19/2014 en 12:16 a.m.
El jefe del Ejército, sobre Cataluña: 'Cuando la metrópoli se hace débil, se produce la caída', como en 1898.
Jaime Domínguez Buj no cree que el problema se resuelva con 'el empleo de la fuerza'.
'Las Fuerzas Armadas son la herramienta para hacer cumplir la ley y la Constitución'.
Recuerda que por ello el Ejército está 'a las órdenes' de lo que mande el Ejecutivo.
Los Ejércitos deben 'estar preparados para intervenir en el interior o en el exterior'.
Cree que el Estado debe 'ganarse las mentes y los corazones de todos los españoles'.
El PSOE exige que Morenés haga rectificar al jefe del Ejército de Tierra.
http://www.elmundo.es/espana/2014/11/18/546b2da222601d10358b457e.html
9-N | CONSULTA CATALANA ».
El general Buj atribuye el separatismo a la debilidad del poder central.
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/18/actualidad/1416312639_993232.html
Publicado por: Sebastián | 11/19/2014 en 10:07 a.m.
En una votación donde se pierde 299-47 es como para que los perdedores se lo pensaran un poco, ¡pero no! te sacan un mega pucherazo, votan más de una vez quien quisiera hacerlo, te ponen papeletas ya rellenadas con el SI SI (aquí en Barcelona la llamamos la SÍ si emperatriz a Carme Forcadell) y pretenden que sea "serioso".
Hay quienes están dispuestos a cometer las tropelías que hagan falta por el secesionimo.
¡Y se llaman demócratas!
Publicado por: Alfred | 11/21/2014 en 04:06 p.m.