La Transición política española, tan pontificada y modélica para algunos (cada vez menos, más mayores y menos relevantes políticamente), no se corresponde con la reflexión de Norberto Bobbio que asegura que “la política consiste en el ejercicio de los asuntos públicos y en público”. La Transición política española siempre fue como un iceberg en donde la parte más voluminosa y sumergida siempre estuvo preñada de poderes fácticos influyentes, presiones militares más o menos explícitas, el intento de preservación por parte de los oligarcas de entonces y de ahora de sus intereses económicos, y otras circunstancias que no solo provocaron que no se pudieran solucionar problemas como el de la configuración territorial del Estado -que ahora está aflorando con virulencia- y otras pendientes sino que al tiempo se pretendió someter a un oscuro velo de impunidad determinados crímenes cometidos por los responsables políticos del franquismo y del postfranquismo.
Algunos de los crímenes que se pretendieron olvidar por mor de una mal concebida reconciliación política (como si los demócratas tuvieran que reconciliarse con alguien o tuvieran que reconciliarse con los que les habían infligido 40 años de sufrimiento), entre los que figuran los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz en los que cinco trabajadores fueron asesinados en un templo, o las últimas penas de muerte firmadas por ministros franquistas, nunca fueron objeto del debido reproche penal en el Estado democrático. Los autores políticos de estos episodios todavía viven: Rodolfo Martín Villa, Utrera Molina, Fernando Suárez, o reconocidos torturadores de la época. Afortunadamente, la jueza argentina María Servini De Cubría ha considerado estas acciones como crímenes de lesa humanidad y ha iniciado, en virtud de las previsiones de la justicia universal, diligencias para el procesamiento de los responsables de las mismas.
La justicia universal constituye uno de los avances más notables a efectos de dilucidar responsabilidades judiciales en relación a crímenes que por su dramática dimensión o naturaleza deben afectar a la conciencia de la humanidad en su conjunto. El concepto de justicia universal, configurado, además de por otros Documentos internacionales, por el Estatuto de la Corte Penal Internacional del 19 de octubre del 2000 o en la Convención contra la tortura y otros ratos o penas crueles inhumanos o degradantes, supone la posibilidad de que en cualquier país cualquier órgano judicial legitimado puede actuar contra cualquier autor de un delito de lesa humanidad cualquiera que sea la nacionalidad de este o su lugar de residencia.
Desgraciadamente, a algunos gobernantes del Estado español la justicia universal les ha resultado políticamente perturbadora de forma sobrevenida. De hecho, en el Estado español ya se ha amortizado esta noción de justicia universal a través de una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial (la Ley Orgánica 1/2014 de 13 de marzo). La limitación consiste en que solo se podrá actuar en el supuesto de comisión de crímenes contra la humanidad contra ciudadanos de nacionalidad española, ciudadanos que residen habitualmente en España o ciudadanos cuya extradición haya sido denegada. Es decir, de facto contra nadie. Operación que tiene su origen en la declaración de competencia por parte de la Audiencia Nacional en relación a determinados líderes chinos por los crímenes del Tíbet.
No conviene olvidar que el Tratado de la Corte Penal Internacional no ha sido ratificado por países que no quieren observarse en el espejo del incumplimiento de sus exigencias bien porque han cometido crímenes contra la humanidad bien porque no renuncian a seguir cometiéndolos (entre ellos nos encontramos con Estados Unidos, China, y algunos más). Lo que no esperábamos es que el Estado español, después de haberlo ratificado formalmente, se desvinculase de sus obligaciones a través de esta finta jurídica tan poco sofisticada.
Por si fuera poco la amortización jurídico-política del propio concepto de justicia universal, el Gobierno español está practicando toda suerte de obstáculos, algunos clamorosamente antidemocráticos, para evitar el procesamiento en Argentina de los exministros franquistas y algunos policías de la extinta Brigada Social. Estas maniobras orquestadas en la oscuridad se están realizando mediante el intento de neutralizar la orden de búsqueda y captura de estas personas realizadas por la oficina argentina de Interpol, instada por la jueza Servini. Recibida esta orden de busca y captura por la oficina española de Interpol, y acogiéndose a una resolución del año 2010 que posibilita la presentación de alegaciones ante la Secretaría General de Interpol en radicada en Lyon, se presentó una alegación contra la orden argentina que provocó que la secretaría general de Interpol cursara la orden argentina sin distintivo rojo, lo que supone que los 19 responsables franquistas solo pueden ser detenidos si viajan a Argentina, circunstancia que probablemente no figurará en sus agendas.
A nadie se le escapa que el Gobierno español ha hecho uso de este peculiar privilegio policial para evitar que los responsables de los últimos crímenes del franquismo y postfranquismo no solo no puedan ser detenidos y juzgados en el Estado español sino que se preserve su protección jurídica internacionalmente. El tecnicismo utilizado por el Gobierno del PP se podría solventar de forma muy sencilla: bastaría la voluntad del Ejecutivo de Mariano Rajoy de no impedir la ejecución de orden de búsqueda y captura, pero no es previsible que esto ocurra. Y esto, además, no ocurrirá en virtud de declaraciones del ministro de Justicia que constituyen verdaderas falacias: la invocación de la Ley de Amnistía de 1977 (estas 19 personas no pueden ser amnistiadas porque nunca fueron condenadas) y la eventual prescripción de los delitos (los delitos contra la Humanidad no prescriben).
En todo caso, la atrofia más groseramente antidemocrática de todas estas operaciones se basa en una circunstancia que afecta a la real esencia de los valores democráticos: la subordinación de la actuación de un órgano judicial en el ejercicio legítimo de sus competencias jurisdiccionales a decisiones tomadas por la policía a instancias del ejecutivo. El propio principio de división de poderes y el universalmente reconocido principio de legalidad penal consagran precisamente lo contrario: la subordinación de la policía a las decisiones de la administración de justicia cuando la primera actúa como policía judicial. En los episodios que estamos analizando se observa, paradójicamente, que la Interpol, a través de peculiares resoluciones concedidas pour soi-même, puede imponerse a las resoluciones judiciales.
Charles Luis de Secondat, Varón de Montesquieu, cuando escribió en el año 1748 su obra maestra El espíritu de las Leyes acogiendo buena parte del acervo democrático anglosajón, consagró el fundamental perfil de un Estado democrático precisamente en el principio de división de los tres poderes y enfatizando la independencia del poder judicial como instrumento de garantía del correcto funcionamiento de los demás a través de mecanismos de exigencia del cumplimiento de la legalidad. ¿Dónde está la legalidad? No ya la legalidad que dimana de la justicia universal, sino la mera legalidad democrática en los acontecimientos que afectan a las responsabilidades políticas de 19 dirigentes franquistas por crímenes contra la Humanidad. Esto también es parte de la Transición política española.
Por Emilio. Olabarria *
*Diputado del Grupo Vasco de EAJ/PNV en el Congreso
Ya veréis como curiosamente, negando ser fascista continuamente, aparece por aquí Adolf defendiendo a los franquistas, si es que para no ser franquista, que mal lo disimula ... .
;·)
Publicado por: Sebastián | 11/30/2014 en 12:13 p.m.
España, paraíso de nazis.
El investigador David Reymonde y el Movimiento Contra la Intolerancia advierten sobre las consecuencias del exilio hitleriano en la Costa del Sol.
http://www.publico.es/espana/506418/espana-paraiso-de-nazis
Publicado por: Sebastián | 11/30/2014 en 05:40 p.m.
VIOLENCIA EN EL DEPORTE
Muere un ultra del Deportivo tras una pelea con radicales del Atlético
El seguidor gallego, de 43 años, fallece después de que unos 200 aficionados de ambos equipos se hayan enfrentado a primera hora del día cerca del Calderón
“De repente empezaron a pegarse palizas brutales. Ha sido horroroso”
http://deportes.elpais.com/deportes/2014/11/30/actualidad/1417339298_257196.html
Publicado por: Sebastián | 11/30/2014 en 08:26 p.m.
La transición apoyó a Videla
http://www.hispantv.com/detail/2014/11/29/298929/fort-apache-transicion-apoyo-videla
Publicado por: Sebastián | 11/30/2014 en 09:35 p.m.
Otra de las "cosas" de las que nunca se habla al referirnos a la transición española, es que esta transición fue un "modelo" a seguir para otras dictaduras, sobre todo las sudamericanas (Argentina, Chile, etc.), es decir, transición "pacífica" a una democracia, sin ruptura, cambiamos democracia o "un tipo de democracia" por la impunidad (algo imposible, pues la democracia no se puede basar en injusticias), es decir sin que la oligarquía franquista dirigente del régimen perdiese el poder ni purgase sus culpas (vamos un chollazo).
Se aplicó en la transición española (y luego en las otras sudamericanas), la "teoría de los dos demonios", dicho de otra manera, vale si, Franco fue malo, pero también fueron malos los que lucharon contra el, amnistía, indulto y ley de punto final para ambos y ya está..., con lo que se está inmoralmente mezclando a víctimas y verdugos a un mismo nivel, por cierto, cuando se habla de Franco y de los que luchaban contra Franco, no nos referimos a la guerra civil, sino al final de la dictadura 40 años mas tarde (torturadores de españoles, como Billy el Niño, Muñecas y demás).
Aún así hay que recordar que Franco fue un golpista (ni mas ni menos que Tejero), que se levantó contra una democracia legítimamente elegida (IIª República), ayudado por Hitler y Mussolini, y que luego instauró una dictadura militar ilegal fascista, por otro lado los crímenes del bando republicano en general y de forma mayoritaria, fueron juzgados tras la guerra con tribunales bastante parciales del bando fascista y con penas durísimas que incluían las torturas, cadena perpetua, trabajos forzados, penas de muerte, incautaciones de bienes y exilio, los crímenes del bando fascista nunca fueron juzgados, ni las víctimas al menos compensadas.
De hecho, algunas cosas horripilantes, como el secuestro de niños "hijos de rojos" a manos de los fascistas para dárselos a familias del régimen, fue algo que se empezó a hacer en España, siendo luego transmitida la misma idea a Sudamérica, por esto tampoco ha pagado nunca nadie, ni hay un censo y son hechos que en España se continuaron haciendo incluso en épocas de la democracia (ya que como había habido una transición y no una ruptura, seguían las mismas personas, en los mismos puestos, con la misma forma de proceder e impunes).
http://www.interviu.es/reportajes/articulos/ninos-robados-la-trama-vasca-y-el-padre-de-mayor-oreja
En la transición española y en las otras sudamericanas se aplicó la teoría de "los dos demonios", es decir tras 40 años de dictadura ilegal, malo era Franco y quien luchaba contra el, que equivale lo mismo que decir malo era Hitler y los aliados o la resistencia francesa que luchaba contra el, lo mejor es no usar nunca ninguna violencia, pero no se puede equiparar a los que luchan contra una dictadura militar ilegal golpista y fascista, con los miembros de esa dictadura ilegal.
Por lo tanto en los indultos y amnistías de la transición, nos encontramos con "encubiertas leyes de punto final", que el derecho penal internacional no admite..., se aplica la doctrina de los genocidios que nunca prescriben..., primero fueron contra las sudamericanas y ahora le toca al "ejemplo" en el que todas se basaron, el punto de partida de todos estos despropósitos, la transición española, eso no quiere decir por supuesto que todo el mundo tenga que estar imputado, ni que todos los imputados sean culpables, lo serán los que lo sean.
Cosas que en España nos indignan y contra las que clamamos, tuvieron su origen en España y siguen sin esclarecerse en España (cosas que en Sudamérica si se han esclarecido en algunos casos), y claro, se terminó el sueño y así le va ahora a España.
Publicado por: Sebastián | 12/01/2014 en 04:09 p.m.