Por José Antonio Bueno
La legislación española sobre activos fiscales diferidos cuenta con el beneplácito de la troika y el cálculo de capital de nuestros bancos está avalado por el BCE. ¿Qué pretende la Comisión?
La Unión Europea es una realidad tan compleja (e incompleta) que cada movimiento que da la Comisión Europea debe interpretarse desde varios ángulos para poder entender lo que realmente lo genera, sus consecuencias e incluso sus intenciones últimas. El inicio de un proceso de consultas sobre la aplicación de la legislación de activos fiscales diferidos (DTA) en los bancos de los países periféricos (volvemos a salir a escena de la mano de los famosos PIGS) tiene muchas, tal vez demasiadas, lecturas y pasado el primer impacto mediático bien merece una reflexión.
La interpretación técnica es muy simple. A lo largo de esta larga crisis de la que ya estamos saliendo, la banca, toda la banca mundial, ha tenido que reservar muchísimos millones de euros para cubrir el impacto de los fallidos, algunos reales y otros de manera preventiva, de todos los activos que podían ser crédito malo en el futuro. La reserva de dinero para hacer frente a posibles problemas son las conocidas provisiones. Aun con guías generales, cada país ha sido soberano en el grado de escepticismo de los activos de su banca local y los famosos decretos Guindos (I y II) originaron un proceso de limpieza de balances que llevó a unas entidades españolas a la intervención y a otras a fusiones aceleradas. Ese proceso de saneamiento, duro y con poca comparación fuera de España, está concluido y gozamos de unas entidades solventes como en ningún país, aunque dos o tres (las más pequeñas y participadas parcialmente por el FROB) aún presentan alguna leve sombra de duda. Pero no es chauvinismo (mal del que estamos demasiado vacunados) decir que nuestra banca patria es una de las más solventes del mundo. Ese reconocimiento anticipado de pérdidas mediante la dotación de provisiones sirvió para limpiar los balances pero, también, generó unas pérdidas anticipadas que tienen un tratamiento fiscal concreto al ser en buena medida pérdidas contables, que no materializadas.
La normativa sobre solvencia y capital que está entrando progresivamente en vigor, Basilea III, sólo califica como capital de primer nivel el que sirve para comparar a toda la banca, aquel que lo es en todas las circunstancias. Por eso, entre otras cosas, la emisión de deuda convertible dejó de serlo a voluntad del cliente y aparecieron los bonos contingentes convertibles, es decir, instrumentos de deuda que se convertían en capital en caso de necesidad sin que el cliente pudiera hacer nada por evitarlo. Y respecto al activo fiscal generado por las pérdidas derivadas de las provisiones, fue necesario dar garantías adicionales ya que hasta la implantación de Basilea III bastaba con una esperanza razonable de tener beneficios suficientes en el futuro para absorber ese activo fiscal en modo de desgravación. Con Basilea III no es suficiente con la opinión de un auditor, sino que la mayoría de los gobiernos europeos han tenido que avalar esos activos, es decir, los accionistas podrán disponer de ese dinero en toda circunstancia, incluso en caso de disolución de la entidad, no solo cuando se generen beneficios en los plazos legales que aplican en cada país, también diferentes.
La Unión Europea es todo menos homogénea y aunque los exámenes de la banca son comunes hay muchas variables locales (por ejemplo la morosidad se mide de manera diferente en cada país). Cada país legisló en un momento y de una forma diferente para blindar estos activos fiscales. Y, ahora, la Comisión Europea pregunta por el modo de proceder en España no fuese caso que el cambio legislativo fuera en realidad una ayuda del Estado.
En el caso español, además del realmente cierto “todos han hecho lo mismo”, se da la circunstancia de que el cambio del tratamiento fiscal y el avalamiento explícito del Tesoro a los activos fiscales se produjo mientras estaba en vigor el Memorándum of Understanding (MOU) de la troika respecto de las ayudas concedidas para la reestructuración de la banca, es decir, en pleno rescate sectorial. Y, como no podía ser de otra manera, no solo con el conocimiento sino también con la aprobación de la troika, es decir, FMI, BCE y Unión Europea. En resumen, toda Europa lo ha hecho y en el caso español (y en el griego y en el portugués) en un momento en el que la UE podía haber evitado la consideración actual pues nos tenía intervenidos de facto. Y el BCE también ha dado recientemente por bueno el tratamiento actual pues ha considerado capital a estos activos fiscales diferidos en todos y cada uno de los bancos europeos que los tienen, que son la inmensa mayoría. La legislación española cuenta, por tanto, con el beneplácito de la troika y el cálculo de capital de nuestros bancos está avalado por el BCE. ¿Qué pretende ahora la Comisión?
Desde el punto de vista práctico, se abre un proceso muy largo (hay quien calcula que podrá durar seis o más años) con escasa posibilidad de éxito y que caso que lo tenga, las consecuencias probablemente se limiten a afear al Estado español incrementando en 4 puntos porcentuales el déficit de 2013, un manchón en la serie estadística histórica y poco más porque hasta que las entidades financieras no lleguen a usar los avales emitidos (y es de esperar e incluso desear que no los usen porque están pensados sobre todo para ser activados en la liquidación de los bancos) de las arcas del Tesoro no saldrá ni un euro. Y si el impacto en el Tesoro sería meramente estético, en los bancos todavía sería menor, como lo demuestra que las acciones de los mismos no se han inmutado, lo que es la mejor evidencia de que los inversores no ven realista que los bancos necesiten salir a captar nuevo capital para reemplazar los DTA si estos se calificasen como ayudas de Estado.
Si el impacto previsible es bajo en el Tesoro y en la solvencia de los bancos, entonces cabe analizar la finalidad última de esta investigación. Lo primero es preguntarse quién la realiza. Y la realiza alguien tan europeo como un banco inglés, quién sabe si con la insana intención de obstaculizar compras de bancos ingleses por parte de bancos españoles, porque tras el Santander ya va para esas tierras el Sabadell, y quién sabe si tras él irán otras entidades buscando diversificación geográfica. Pero si un competidor puede tener cierto derecho al pataleo, por ruidoso e injustificado que sea, también hay que preguntarse qué busca la Comisión Europea. Y la respuesta no es evidente. La banca y el Estado griego, y en menor medida el portugués, bastante tienen con lo que tienen como para que ahora les exijan más déficit a sus gobiernos o le pongan en duda parte del capital de sus maltrechos bancos. No parece por tanto una investigación que tenga alguna finalidad para estos países. Cabría que este mensaje fuese dirigido a Italia, país con el mayor número de suspensos en el stress test (9 de 25) y que no está haciendo movimientos decididos de cara a una más que necesaria reestructuración. En cualquier caso, es un camino demasiado retorcido toda vez que ahora el BCE tiene herramientas más que suficientes para hacer que los bancos se muevan en la dirección que desee. Y también podría ser un mensaje a la banca española para que no salga de compras por Europa pues es mucho más sólida que la banca alemana o francesa, pero el freno a una potencial adquisición bancaria lo tiene el regulador. No está claro el fin último.
Lo que evidencia esta investigación es que, una vez más, la Unión Europea dista mucho de ser un espacio homogéneo. Nos unimos en algunos elementos (moneda, supervisión bancaria…) pero dejamos sueltos muchos, demasiados, flecos que cuestionan en más de una ocasión la bondad de las metas alcanzadas y del fin último perseguido, la creación de un espacio común cada vez más compacto. En Europa, como en tantas cosas de la vida, el diablo está en los detalles.
La Unión Europea es todo menos homogénea y aunque los exámenes de la banca son comunes hay muchas variable locales
La legislación española cuenta, por tanto, con el beneplácito de la troika y el cálculo de capital de nuestros bancos está avalado por el BCE
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