Debate en el Senado
Jueves, 25 de junio de 2015
COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS PARA ESPAÑA EN MATERIA DE MEMORIA HISTÓRICA EN LOS INFORMES DE D. PABLO DE GREIFF Y DE DÑA. JASMINKA DZUMHUR Y D. ARIEL DULITZKY, DE NACIONES UNIDAS.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día.
¿Turno a favor?
Tiene la palabra el senador Antich.
El señor ANTICH OLIVER: Señor presidente.
Señorías, quiero empezar mi intervención agradeciendo en nombre de los senadores y senadoras firmantes de esta iniciativa a la Plataforma por la Comisión de la Verdad su colaboración y su iniciativa para que esta solicitud de una comisión especial en materia de memoria histórica sea una realidad. Muy especialmente a su presidente, don Jaime Ruiz, y a sus colaboradores más cercanos que hoy nos acompañan. Sus aportaciones sobre lo que piensan los familiares de las víctimas han sido muy instructivas.
El día 24 de marzo del presente año, a petición de la plataforma, celebramos en la sala Europa de esta Cámara el Día internacional sobre el derecho a la verdad, con la participación de los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Popular, que decidió no participar. En aquel acto tuvimos ocasión de conversar sobre la situación por la que atravesaba la aplicación de la denominada Ley de memoria histórica, de sus deficiencias, de la necesidad de adoptar nuevas acciones y reforzar normativas. En este sentido, se acordó presentar una iniciativa en el Senado que persiguiese dicha finalidad. Para ello nos basamos en los recientes informes de la ONU, conocidos como De Greiff, Dzumhur y Dulitzky, realizados tras sendas visitas a España de los respectivos grupos de trabajo durante los años 2013 y 2014 y presentados ambos en la XXVII reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, los días 9 a 11 de septiembre de 2014. Informes que han dado lugar a comparecencias y contestaciones oficiales del Estado español; informes rigurosos y de gran calidad, propios de una institución como las Naciones Unidas con una larga experiencia, dada su implicación en otras situaciones parecidas ocurridas en otros países, así como por su larga trayectoria en defensa de los derechos humanos y del derecho humanitario. Trabajo minucioso realizado desde la proximidad, manteniendo muchas reuniones con autoridades, víctimas, asociaciones de memoria histórica, profesionales y entidades o instituciones relacionadas con la materia. Unos informes que recogen recomendaciones para reforzar la apuesta española, que afectan a una gran diversidad de temas: promoción de la verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, desapariciones forzadas, y alcanzan a una gran variedad de departamentos e instituciones. Un trabajo que, desde el punto de vista de los senadores y senadoras firmantes de la solicitud, significa una excelente oportunidad para que España efectúe una evaluación y mejora de su legislación y lleve a cabo actuaciones en materia de memoria histórica desde la gran diversidad de ámbitos y materias.
Sin duda, tal y como ha argumentado el Gobierno español, dando respuesta a la ONU, la aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, fue un avance importante en materia de memoria histórica. Gracias a ella, se impulsaron en la legislatura pasada importantes iniciativas en materia de exhumación de fosas y ayudas a las víctimas, entre otros temas, y se dedicó un respetable presupuesto a ello. Pero no es menos cierto, tal y como apuntan los informes de la ONU y la realidad de lo sucedido, que en la actual legislatura se han eliminado las partidas presupuestarias destinadas a la memoria histórica. Por lo tanto, se ha paralizado la aplicación de la ley y las iniciativas que se habían impulsado en la anterior legislatura, así como se ha eliminado alguno de los instrumentos creados para su desarrollo. Con lo cual, parece lógico buscar espacios de acuerdo donde poder limar las diferencias existentes respecto de esta cuestión y desbloquearla.
También es lógico que, después de un tiempo de aplicación de la ley, se haga una evaluación de sus efectos en el sentido de corregir aquellos aspectos que no funcionan como debieran En este sentido, como ya he dicho, los informes de la ONU son de gran ayuda, ya que representan una base magnífica de evaluación y apuntan recomendaciones que, sin duda, corrigen deficiencias y mejoran y completan la actual apuesta legislativa y las actuaciones de las instituciones. Unas recomendaciones que garantizan una mejor defensa de los derechos humanos y un mayor reconocimiento y apoyo a todas las víctimas.
Por ello los senadores y senadoras firmantes creemos conveniente crear una comisión especial en el Senado, dado su buen hacer y experiencia en este tipo de comisiones, para el estudio e implementación de las recomendaciones contenidas para España en los mencionados informes. Una comisión que, desde el reconocimiento y el apoyo a todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, proponga con el máximo acuerdo posible la implementación de las recomendaciones de los informes, presentando una propuesta dirigida a corregir deficiencias, como, por ejemplo, la necesidad de una postura más activa del Estado en materia de exhumación de fosas, que no delegue todo en los particulares; a encarar las tareas aún pendientes en materia de memoria histórica, por ejemplo, la resignificación del Valle de los Caídos, y a formular propuestas de los cambios administrativos y legislativos que para ello fueran pertinentes, entre ellos los necesarios para la creación de una comisión de la verdad, la prestación de un mayor reconocimiento, apoyo y justicia a todas las víctimas, mayor transparencia, acceso y organización a los archivos, mayor coordinación de los organismos competentes y mayor presencia en la educación y formación, entre otros temas.
Creemos que nadie debería oponerse a una iniciativa que lo único que pretende es evaluar y analizar unas políticas españolas que afectan a los derechos humanos, tomando como marco unos informes de la ONU, organismo de referencia en cuestión de derechos humanos, con la intención de que, desde el acuerdo, se mejore la apuesta española en la materia y se desbloquee la paralización actual. Por ello pedimos el apoyo de todos los grupos para la creación de la comisión, independientemente de la postura concreta que después defienda cada grupo en el trabajo concreto que realizará la misma.
Pedimos un espacio para el diálogo. No parece lógico que nadie se niegue a hablar, a dialogar, aunque sepamos que existen diferencias de pareceres, ya que solo dialogando será posible avanzar y acercar posturas.
Por otra parte, ahora que en tantas ocasiones hablamos de regeneración democrática y hacemos debates sobre corrupción, sobre mejora del funcionamiento de los partidos, sobre transparencia, y tantos otros temas, quiero manifestar que nuestra democracia también se regenera con una verdadera memoria reconciliada, que atienda a todas las víctimas sean del color que sean, que no cree víctimas de primera y de segunda, que no permita monumentos de parte, que no permita que España ostente el triste podio de ser uno de los países con más desapariciones forzadas sin una sepultura digna, que ponga luz sobre una época oscura de nuestra historia, impulsando la comisión de la verdad, independiente, y una mayor implicación del Estado en el conjunto de la apuesta española en materia de memoria histórica.
En definitiva, seamos pulcros con la defensa de los derechos humanos; sin ser pulcros en su defensa, la democracia no se regenera, se deteriora, y este no es el camino.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.
¿Turno en contra? (Denegaciones).
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, hoy cumplo veintinueve años en las Cortes Generales —soy jovencito, pero creo que soy el más antiguo; no sé si hay algún otro más— y tengo que reconocer que no he visto en mis veintinueve años en las Cortes Generales un trabajo, una dedicación y un respeto como el del senador Jesús Iglesias. Un senador comunista que se llama Jesús y se apellida Iglesias llama la atención, sobre todo por su trabajo. (Risas.— Aplausos). Indudablemente, le recordaremos.
Tenemos aquí esta petición, que ojalá el Partido Popular apruebe, porque es de justicia. Tenemos en la tribuna a personas que estuvieron el pasado 25 de marzo en esta Cámara impulsando esta iniciativa. Yo tengo que recordar a un señor de 73 años que me comentó: “Quiero que mis hijos y mis nietos sepan dónde están los restos de su abuelo, de mi padre. Solo eso, y ya es hora. ¿Es mucho pedir?”
Por tanto, sería bueno que esta ponencia se abriera, aunque solamente fuera para eso, porque los informes en cuestión recogen recomendaciones que afectan a una gran diversidad de cuestiones: promoción de la verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, desapariciones forzadas, que alcanzan a una gran variedad de departamentos institucionales del Estado; recomendaciones que se han realizado desde la experiencia y especialización que tiene una institución como Naciones Unidas. Esta no es una iniciativa de personas sueltas, sino que Naciones Unidas la avala.
Desde la implicación y proximidad de Naciones Unidas en situaciones similares ocurridas en otros muchos países —puesto que los autores de los informes realizaron un arduo trabajo sobre el terreno, manteniendo contacto con autoridades de las distintas instituciones españolas, con representantes de la sociedad civil, incluyendo víctimas, familiares, asociaciones, académicos, médicos, arqueólogos, antropólogos, forenses, historiadores, abogados, el secretario general de la Conferencia Episcopal, además de visitar sitios emblemáticos en memoria en Madrid, Andalucía, Barcelona y Galicia—, se realizaron unos informes que suponen una inaplazable oportunidad, dada su calidad y minuciosidad, para reforzar la apuesta del Senado en la plataforma de la memoria histórica desde una gran diversidad de ámbitos y de materias.
Por eso, en este contexto, el pasado 24 de marzo, Día internacional del derecho a la verdad, el Senado acogió una jornada de reflexión y diálogo auspiciada por diferentes grupos parlamentarios y alentada por la plataforma por la comisión de la verdad. En su desarrollo, se alcanzó el compromiso de impulsar la creación hoy en la Cámara Alta de una comisión especial que, en relación con los citados informes de Naciones Unidas y desde el reconocimiento y apoyo a todas las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, proponga, con el máximo acuerdo posible, la implementación de las recomendaciones contenidas para España en los citados informes, haciendo una propuesta dirigida a corregir deficiencias y encarar las tareas aún pendientes en materia de memoria histórica, y en el mismo sentido formule los cambios administrativos y legislativos que para ello fueran pertinentes, entre ellos, los necesarios para la creación de una comisión de la verdad y la prestación de un mayor reconocimiento y apoyo a todas las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista.
Como el senador Iglesias ha terminado su intervención con esta propuesta, sería un bonito broche de oro para esta legislatura que se aprobara esta iniciativa, que diera satisfacción a nuestros amigos presentes en el palco y, sobre todo, que se pudiera dar una respuesta a este señor que, vuelvo a repetir, dice: Quiero que mis hijos y mis nietos sepan dónde están los restos de su abuelo, de mi padre. Solo eso. Ya es hora. ¿Es mucho pedir? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Muñoz-Alonso.
El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, yo también quiero empezar rindiendo un homenaje personal al senador Iglesias porque él recordará que, al menos en un par de ocasiones, me he dirigido a él para decirle que si al final de la legislatura hubiera que hacer una votación acerca de quién ha sido el senador más trabajador, más permanente y constante en todas las iniciativas, no hay ninguna duda de que sería el propio senador Iglesias. Quiero repetirlo ahora y quiero rendirle mi homenaje personal, a pesar de que hayamos discrepado porque, por supuesto, estamos en lugares muy distintos del espectro político.
Hemos discrepado en muchas cosas, y hoy mismo también vamos a discrepar, porque no les va a extrañar —lo he hablado también con el senador Antich— la posición de mi grupo, contraria a la creación de esta comisión especial que se solicita, y ese será el sentido de nuestro voto. Esto no es ninguna novedad, porque este tema ha salido aquí en varias ocasiones, la última —muchos de ustedes la recordarán— en diciembre pasado con motivo de una moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo del PNV, donde entre una serie de cosas ya estaba la posible creación de una comisión. Nuestra posición es la misma que la de entonces, que votamos en contra, porque no es una opinión coyuntural, sino que está basada muy seria y sólidamente en nuestras propias convicciones, las que tenemos y mantenemos acerca de la naturaleza política del sistema político que nos dimos los españoles en el proceso que conocemos como Transición y que quedó consagrado en la Constitución de 1978, una constitución que vuelvo a repetir —lo hemos dicho muchas veces, pero vale la pena recordarlo— es la primera, desde nuestro bautismo constitucional allá por 1812, hace ya más de doscientos años, en la que todos los grupos políticos, desde la derecha hasta la izquierda, se pusieron de acuerdo e hicieron una constitución en la que todos se podían sentir reconocidos. Por eso hemos dicho —ayer lo repetíamos por otro motivo— que la Transición fue un momento estelar de nuestra historia. Además, esa Transición se ha convertido en un modelo seguido en otros países con mucho interés, y muchos de nosotros hemos sido reclamados por universidades, academias y centros de pensamiento, para que explicáramos ese proceso de la Transición porque era casi unánimemente valorado y considerado como un ejemplo a seguir. El propio señor De Greiff, uno de los autores de los informes que han dado pie a esta petición de los senadores de creación de una comisión especial, dice en uno de los párrafos que la consolidación de la democracia —no dice que estemos a punto de no llegar a ella— constituye uno de los logros insignes de la Transición española. Después habla de cómo el problema de las Fuerzas Armadas quedó totalmente resuelto y dice: Estas reformas ofrecen lecciones que pueden ser útiles para otros países. Claro que sí pueden ser útiles; siempre podemos aprender de los demás. Yo también estoy dispuesto a aprender de otros, pero no olvidemos los aspectos positivos que tenemos.
Lo que pasa es que habiendo sido esto una verdad indiscutible durante mucho tiempo, en los últimos diez o doce años se ha producido en nuestro país una cierta tendencia que se ha llamado o se puede llamar revisionista que, de una u otra manera, arrojaba dudas o ponía en duda todo lo que se había hecho en aquel momento. Y, más o menos, en esa tendencia revisionista se pretendía volver a partir de cero. Hoy día mantienen esas posiciones ciertas tendencias populistas que caen en lo que parafraseando a Lenin podríamos decir que es la enfermedad infantil de todos los radicalismos, ese adanismo, esa tentación de partir siempre de cero sin tener en cuenta la andadura de, prácticamente ya, cuarenta años de democracia en España, con sus defectos, que, sin ninguna duda, debemos detectar y corregir. Siempre nos encontrarán en esa línea a favor de las reformas positivas, pero no olvidemos todos los aspectos positivos, como si esto hubiera sido algo inútil, como si hubieran sido cuarenta años perdidos. En absoluto. No estoy de acuerdo.
No voy a entrar tampoco en la valoración de la ginebrina Comisión de Derechos Humanos. Y no lo digo aquí ahora por ninguna razón especial, sino porque he leído muchos informes en prensa y en revistas especializadas que ponen en duda los modos de trabajo de esa comisión. No dudo en absoluto de la buena fe de quienes han participado en esas dos comisiones a las que ustedes se refieren, la del relator de Naciones Unidas, el señor De Greiff, a quien tuve la oportunidad de saludar al final de su estancia de quince días en España; y, la otra, que es un grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas. Porque yo creo —y me parece que es importante constatarlo— que algunas de las cosas que se plantean en la petición, como es, por ejemplo, la promoción de la verdad, de la justicia, de la reparación, de las garantías y las desapariciones forzadas a las que aludía también, todo eso está ya recogido de una o de otra manera en nuestro ordenamiento jurídico. Y los tribunales, en todos estos casos, tienen la última palabra.
Pero si volvemos a la Ley de memoria histórica de la que aquí hemos hablado, aunque su nombre oficial es otro, yo participé en nombre de mi grupo en aquel debate —muchos de ustedes no estaban aquí— y me permito recomendarles que lo lean, porque es muy interesante. Tengo que decir, si me lo permiten, como una pequeña anécdota personal, que algún senador —que no era de mi grupo, sino más bien de la izquierda— me paró después para decirme: Mientras te escuchaba me estaba acordando de lo que decía mi padre, que era un anarquista que estuvo muchos años en la cárcel en la época franquista, y cuando yo me metí en política me dijo: No volváis al pasado, pasad página y no volváis a revolver todo aquello, porque eso no tiene ningún sentido. Y me decía este senador: Al oírte a ti el otro día en el Pleno del Senado me acordaba de esas palabras de mi padre. Les digo lo que oí y cada uno puede hacer después el juicio que le parezca oportuno.
Como les he dicho, yo participé en aquel debate. Dijimos que no a aquella ley, pero salvamos varias cosas y de esas cosas que salvamos quisiera señalar, fundamentalmente, dos. Dijimos que el Valle de Los Caídos se debe convertir en un centro de reconciliación para todos los españoles, en un centro de estudios y de encuentros. Esta es una opinión que mantenemos. Y también dije que siempre estaríamos dispuestos a cualquier cosa que se pudiera añadir para mejorar la situación de las víctimas, para atender a sus justas reivindicaciones. Porque les tengo que decir que en aquel momento yo hice, con ayuda de algunos otros compañeros y de algún técnico, un catálogo de las normas que se habían hecho para atender a las víctimas de la cruel Guerra Civil y de la larguísima dictadura, y me encontré con que en treinta años —en aquel momento habían pasado treinta años— se habían dictado 20 normas de distinto nivel, desde leyes de Cortes hasta decretos o modestas órdenes ministeriales, que trataban de atender a la situación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. Si después hubiera más normas que añadir, nosotros estaríamos siempre dispuestos a estudiarlas, pero creemos que nuestro ordenamiento jurídico no se quedó manco en eso de ninguna manera.
Y ya que les estoy hablando de esa Ley de memoria histórica, les diré que un hispanista francés, el señor Benoît Pellistrandi, que ha publicado hace muy poco una historia de España —tiene fecha de 2013—, decía que somos el único país de la órbita europea en el que la apelación al pasado se utiliza como un instrumento de combate político, y afirmaba, junto con otros autores que citaba, que hasta que no superemos esta situación de apelar continuamente al pasado, no llegaremos a una completa normalización de nuestra situación. Fíjense que esto es algo totalmente distinto a lo que aquí se ha planteado.
Y debo ir terminando ya, pero antes les tengo que decir que yo no soy en absoluto partidario de una comisión de la verdad. He tratado de estudiar un poco el asunto, y por lo pronto, la comisión de la verdad siempre me recuerda a aquel ministerio de la verdad de George Orwell en su novela 1984, un nombre irónico, porque era el ministerio de la mentira institucionalizada. Y es que la verdad no es cosa de los parlamentos ni de los políticos, no lo olvidemos; la verdad es cosa de los historiadores, son los historiadores los que tienen que sacar la verdad.
Y en este sentido me permito decirles que hace exactamente dos días, el pasado martes, un ilustre hispanista que ha trabajado mucho en temas españoles, John Elliot, cumplía 85 años —me permito incluso felicitarle desde aquí—, y hablo de él porque hay una frase suya muy significativa y muy pertinente en este debate. Decía Elliot: La obligación del historiador es buscar lo que cree que es la verdad por incómodas que sean las consecuencias. Todas las sociedades —continúa diciendo— necesitan mitos, pero también requieren de los historiadores que los cuestionen y de ese modo aseguren que el pasado no se fosiliza en las mentalidades del presente. Pues bien, yo estoy de acuerdo con esto: dejemos hacer a los historiadores, porque a mí me parece que lo que ha hecho el señor de Greiff como relator de Naciones Unidas ha sido trasponer a la situación española los métodos que se han utilizado en las transiciones de América Latina, y muy especialmente de América central, y son situaciones totalmente distintas. En Europa ha habido transiciones, y nunca se ha utilizado una comisión de la verdad. Y les puedo citar varios casos; yo, por ejemplo, he trabajado en Polonia cuando estaba a punto de ingresar en la Unión Europea en un programa de Naciones Unidas llamado Phare, y entonces me encontré con dos cosas muy significativas: la primera es que admiraban muchísimo nuestra transición —y no hablo de hace mucho tiempo— y decían que era el modelo que ellos querían seguir, y la segunda, es que no se les pasaba por la cabeza abrir una comisión de la verdad...
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Voy terminado, señor presidente.
Y después de la Segunda Guerra Mundial hubo otras transiciones a la democracia, y ni a la caída del fascismo italiano ni del petainismo francés, o tras la ocupación nazi de Francia, o en el caso especial de Alemania y del holocausto, etcétera, hubo comisiones de la verdad, y es que la verdad en Europa se la hemos entregado a los historiadores, que yo creo que son los que tienen que aplicarla.
Y por último, termino, señor presidente, diciéndoles... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Termine ya, señoría.
El señor MUÑOZ ALONSO-LEDO: Termino diciéndoles que la Transición se basa en la idea de reconciliación, y no olvidemos que la idea de la reconciliación, en contra del franquismo, surge en el exilio por boca de don Santiago Carrillo, que es quien hace que se empiece a hablar en España de la reconciliación, aunque fuera de forma muy clandestina. Y ahí, quienes entonces estaban en el Parlamento, quisieron llevar a cabo una transición basada en esa idea de la reconciliación y no en la vuelta al pasado.
Pero termino diciéndoles (Rumores) que si hay que hacer alguna norma más, la haremos. Y les digo una última cosa que no es de fondo, sino de oportunidad: ¿Qué sentido tendría crear una comisión ahora, cuando estamos a punto de terminar la legislatura? No podríamos llegar a ninguna conclusión.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Muñoz-Alonso.
Llamen a votación (Pausa.— Manifestaciones verbales en la tribuna del público y exhibición de una pancarta).
Ruego a los servicios de la Cámara que desalojen las tribunas del público. Saben las personas del público que no pueden hacer ningún tipo de manifestaciones. (Pausa.— Se desaloja la tribuna del público).
Cierren las puertas.
Señorías, sometemos a votación la creación de la comisión especial.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 186; votos emitidos, 186; a favor, 59; en contra, 125; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Está claro que el PP es el heredero político del franquismo, que los asesinados por los golpistas les importan un carajo y que desprecian a las víctimas que permanecen en las cunetas y se rien de sus familiares.
Sería bueno que se vayan colgando en la sredes sociales los perfiles de los genocidas que sobreviven y de los que mantienen viva la memoria del asesino para que los jóvenes les conozcna.
Por cierto, precioso acto el organizado en Busturia en memoria de lso asesinados alli por los franquistas.
Publicado por: CAUSTICO | 08/03/2015 en 07:46 a.m.
Cuando veo a los del PP haciendo tantos elogios de la Constitución del 78 me doy cuenta del gran gol que le metieron a la izquierda aquel año. Constitución que según Soler Tura fue escrita en parte por los militares franquistas ya que obligaron a los "redactores" a incluir artículos de su puño y letra.
Por cierto, se ve que según este senador del PP la Constitución de 1931 no fue una constitución en la que "todos" se pudieran sentir reconocidos. Entiendo que si no haces una Constitución mencionando explícitamente a los derechos de la iglesia católica ya no puede ser representativa de todos los ciudadanos.
Pero bueno qué vamos a esperar de un partido que da dinero a la Fundación Francisco Franco. Los del PP siguen secuestrados por la memoria del "Glorioso Alzamiento Nacional" y reconocer que la II República fue un régimen democrático es anatema para ellos.
Publicado por: Señor Negro | 08/03/2015 en 05:04 p.m.