Luego del 6 de diciembre pasado, una vez constituida la Asamblea Nacional con sus nuevos miembros y la mayoría opositora, se inició un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo Nacional, dado que el primero no quería aceptar que la oposición contaba con los dos tercios de los integrantes de la Asamblea Nacional y si cumplía con las funciones que le atribuía la Constitución, podría proceder a controlar e investigar las actuaciones del Ejecutivo.
Amenazó desde el primer momento con utilizar al Tribunal Supremo de Justicia para entorpecer y obstaculizar la gestión de la Asamblea Nacional. Lo primero que hizo fue solicitar a la Sala Electoral del Tribunal Supremo que declarara la nulidad de la elección de los cuatro diputados electos por el estado Amazonas, es decir, la totalidad de los que corresponden a esa entidad, a la cual dejó sin representación. La Sala Electoral ordenó a la directiva de la Asamblea que no incorporara a dichos diputados, los cuales fueron juramentados el día siguiente de la instalación y de inmediato el oficialismo comenzó a ejercer presión sobre el TSJ, con el propósito de lograr que declarara en desacato a la directiva de la AN y así tratar de impedir que el Presidente de la República presentase su Memoria y Cuenta Anual ante la Asamblea, como es su obligación constitucional.
En ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución, la Asamblea inició el proceso de aprobación de una ley que permitirá otorgarle títulos de propiedad a los adjudicatarios de la Misión Vivienda, a quienes el régimen no reconoce como propietarios, sino como simples ocupantes. Esto ha despertado la iracunda reacción de Maduro, suponemos que por razones ideológicas. Además, en uso de la facultad de decretar amnistía a los presos políticos, que le otorga la Constitución a la Asamblea, ésta ha iniciado el proceso de aprobación de una ley que permita el regreso a la libertad de los presos políticos y el retorno al país de quienes se encuentran exiliados.
El gobierno amenaza con acudir al TSJ para impedir se promulguen ambas leyes y la Asamblea advierte que puede revocar los nombramientos de nuevos magistrados, por haber sido designados por la anterior Asamblea violando normas constitucionales y legales. Esto, por supuesto, ha traído un choque de poderes que no avizora nada bueno para el régimen, para la justicia y en definitiva, para el país.
LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL
La Constitución establece que el Poder Judicial es independiente y a fin de garantizar su imparcialidad e independencia, los magistrados, jueces, fiscales del Ministerio Público y los defensores públicos, desde su nombramiento y hasta su egreso, únicamente pueden ejercer el derecho a votar prohibiéndoseles llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante.
No obstante lo antes señalado, en diciembre pasado la anterior Asamblea Nacional designó como magistrados del TSJ a diputados electos del partido de gobierno, que incluso llegaron a votar a su favor tal designación. Y en la premura por designar a incondicionales, olvidaron las normas constitucionales, las del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea, que eran y son de obligatorio cumplimiento, así como las establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para el nombramiento de los magistrados. Como ejemplo, impidieron que los ciudadanos pudieran ejercer fundadas objeciones a cualquiera de los postulados ante el Comité de Postulaciones Judiciales o ante la Asamblea Nacional (CN. Art. 264).
Ante esta situación, la directiva de la nueva Asamblea ha manifestado que procederá a investigar esos nombramientos y, de ser necesario y procedente, revocarlos.
En el acto de apertura del año judicial que se realizó en el TSJ, con la presencia del Presidente de la República, los magistrados de ese Tribunal y una gran cantidad de jueces del país, se escucharon gritos sobre la inmortalidad de Chávez, quizás como demostración de independencia e imparcialidad. La presidente del TSJ disertó sobre la supremacía de ese Tribunal y en particular de la Sala Constitucional, olvidando, como señala un destacado jurista, que lo supremo es la Constitución y no los organismos por ella creados, que en el ejercicio de sus funciones propias deben colaborar para la realización de los fines del Estado.
La Sala Constitucional se ha convertido no en un intérprete de la CN, sino en una suerte de poder constituyente usurpado que modifica las normas de acuerdo a los requerimientos del gobierno, lo cual tiene su origen en el principio no constitucional manifestado por el ex magistrado J.M. Delgado Ocando: “La revolución está por encima de la Constitución”. Quizás así piensa Maduro aplacar a la Asamblea.
QUÉ NOS DEPARA EL FUTURO
El común de quienes residen en el país está consciente de la situación de escasez en que se vive desde poco después de la llegada de Maduro y Cabello al gobierno. Insuficiencia que no se limita a los alimentos, sino también a los insumos médicos, a los repuestos requeridos por el sector automotriz e industrial y, en general para todo. La carencia mayor es de dólares y de otras divisas necesarias para importar todo aquello que no se produce y es necesario producir.
A todo esto se une la inseguridad tanto personal como jurídica que impide el desarrollo y si a ello se une la impunidad que ya alcanza cifras superiores al noventa por ciento, la situación se torna mucho peor. Lamentablemente el alto gobierno parece vivir una realidad distinta a la de la inmensa mayoría del país. Insisten en culpar a una guerra económica inexistente y a unas supuestas estrategias del imperialismo o de los empresarios venezolanos, que todos saben no son reales. Cualquier excusa es buena antes que reconocer que son ellos, sus pésimas políticas y la terrible corrupción, las que han causado tan grave daño a la economía nacional.
Luego de 17 años de gobierno, es ahora cuando dicen darse cuenta de la insensatez de depender únicamente de la industria petrolera. Maduro dice que el problema reside en el rentismo petrolero, como si no hubiesen sido ellos mismos quienes dedicaron los recursos del petróleo a fines distintos a los que debieron destinarse. Se exprimió a la gallina de los huevos de oro y se le quitó lo necesario para subsistir, mientras muchos del régimen y sus amigos aprovecharon para enriquecerse a través de la corrupción.
Hoy, Lorenzo Mendoza, presidente de la mayor industria privada del país, ha dicho que se acabó el tiempo y los venezolanos quieren ver soluciones a los problemas económicos. Para esto promueve siete puntos: 1. Reactivar el acceso a materias primas, siendo necesario honrar las deudas con los proveedores. 2. Acceder al financiamiento internacional. 3. Creación de un fondo de emergencia. 4. Que los precios cubran los costos de producción. 5. Reactivar las empresas estadales. 6. Destinar parte de la producción a programas sociales y; 7. Recuperar el campo venezolano para fortalecer la producción agrícola.
Ojalá el gobierno no continúe con oídos sordos, porque ello puede resultar catastrófico. La situación ya resulta insoportable para casi todo el país.
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