La Fiscalía del Estado ordena suspender las declaraciones de las víctimas de crímenes franquistas
Pretende también que no se tome testimonio a los 19 encausados
El Gobierno da un paso más para entorpecer la actuación de la jueza argentina María Servini de Cubria que investiga los crímenes franquistas. Así, la Fiscalía General de Estado, organismo dependiente del Ejecutivo del PP, ha pedido suspender la declaración de los querellantes citados ante diversos juzgados españoles para determinar si los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la Guerra Civil pueden considerarse de lesa humanidad.
Esta directriz emanada de la Fiscalía General del Estado, y que señala que es de “obligado cumplimiento”, tuvo ayer su primera consecuencia cuando la titular del juzgado número 4 de Oviedo suspendió la declaración prevista del ex secretario general del PCE Gerardo Iglesias. El exdirigente comunista fue el primer querellante asturiano en sumarse a la denominada “querella argentina” instruida por la jueza argentina por el principio de la justicia universal a raíz de la denuncia presentada en 2010 más de cien asociaciones, entre las que destaca la Plataforma vasca para la querella contra los crímenes del franquismo.
El pasado 1 de abril, los abogados de las víctimas del franquismo denunciaron la falta de colaboración y respuesta del Ministerio de Justicia español ante la petición cursada por la jueza Servini para viajar al Estado español a tomar declaración a 19 ex altos cargos de seguridad durante la dictadura franquista. Entre los encausados se encuentran los exministros franquistas Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina y Fernando Suárez; el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas; o el expolicía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.
Según el escrito que ha tramitado la Fiscalía del Estado a los diferentes juzgados para que se opongan a dar cumplimiento a la diligencia de auxilio judicial demandada por la jueza, se resalta que los hechos que se intentan investigar competen a la justicia española y no a la argentina e incide además en que estarían “claramente prescritos”.
La Fiscalía General de Estado subraya que a los hechos que está investigando el juzgado de Buenos Aires les sería de aplicación la Ley de Amnistía de 1977 que fue, según afirma, “consecuencia de una clara y patente reivindicación de las fuerzas políticas ideológicamente contrarias al franquismo” así como una reivindicación “necesaria e indispensable dentro de la operación llevada a cabo para desmontar el entramado del régimen franquista”. Por ello, el Ministerio Público insiste en que la reconciliación que impulsó la Transición, “exigió que todas las fuerzas políticas cedieran algo”. Así, incide en el hecho de la Ley de Amnistía no fue una “normativa aprobada por los vencedores, detentadores del poder, para encubrir sus propios crímenes” y la Constitución sí derogó normas pero no ésta al ser “un pilar esencial para superar el franquismo”. Dado que la Transición fue “voluntad del pueblo español, articulada en una ley” que continúa vigente y cuya derogación correspondería al Parlamento, ningún juez o tribunal puede, según la Fiscalía, “cuestionar la legitimidad de tal proceso”.
INDIGNACIÓN DE IGLESIAS. El primer afectado por esta normativa, el ex secretario general del PCE Gerardo Iglesias se mostró “indignado, pero no sorprendido” por la suspensión, a petición de la Fiscalía, de la declaración que debía prestar ante un juzgado de Oviedo.
Iglesias había acudido al tribunal, acompañado por la abogada Ana Messuti, para cumplir así la petición formulada por la jueza María Servini de que se tomase declaración a quienes se sumaron a la querella aunque finalmente no pudo testificar ante la petición de la Fiscalía. El exdirigente comunista calificó de “impresentable e intolerable” la postura del Ministerio Público, mientras que su letrada ha anunciado que trasladará esta decisión a los tribunales argentinos y estudiará un posible recurso.
Gerardo Iglesias mostró su convicción de que la decisión que ha adoptado la Fiscalía General del Estado viene motivada por “por sugerencia del poder político” dado que este organismo “obedece a quien le manda y le nombra, que es el Gobierno”, una circunstancia que no considera extraña en un país donde “tras cuarenta años, proliferan los actos de exaltación del fascismo y del sanguinario Franco”.
A juicio del ex secretario general del PCE, España no ha aprobado aún la asignatura de “la impunidad del franquismo”, un asunto que debería resolverse “cuanto antes mejor” dado que, de otra manera, “no es posible democracia real y participativa” y en el que sigue imperando “la cultura del miedo.
ALGUNOS ENCAUSADOS
JOSÉ UTRERA MOLINA
Suegro de Alberto Ruiz Gallardón, la jueza acusa al exministro franquista de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte del anarquista catalán Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado a garrote vil en el Estado español es una de las querellantes de la causa que lleva Servini.
RODOLFO MARTÍN VILLA
La jueza considera a Rodolfo Martín Villa responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Gasteiz el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de cien heridos, la mayoría de ellos por armas de fuego.
FERNANDO SUÁREZ
Exministro franquista, se le acusa de haber convalidado con su firma los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975. Entonces fueron ejecutados los militantes del FRAP José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sainz y los militantes de ETA ‘Txiki’ y Otaegi.
JESÚS MUÑECAS
Excapitán de la Guardia Civil está acusado de ser el responsable de torturas en el cuartel de Zarautz. Muñecas participó en el intento del golpe de Estado del 23-F y fue quien se dirigió a la Cámara diciendo que estaban a la espera de la “autoridad competente, militar por supuesto”.
JAVIER NÚÑEZ
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