En relación a las 150 medidas acordadas por el Partido Popular y Ciudadanos para posibilitar una investidura afortunadamente fallida, surge un primer dilema intelectual: cuál de los dos partidos es más conservador y más centralista. Dejemos la cuestión planteada para los dotados de capacidad especulativa que puedan realizar dicha disección.
Una de las propuestas estrella de Ciudadanos consistía en el denominado contrato único de carácter estable, que en el seno de la negociación se fue transformando en un contrato “de protección creciente” y de carácter inestable, es decir, temporal, como más del 90% de los contratos que se conciertan hoy. El contrato de protección creciente hubiera tenido una duración máxima de 2 años, ampliable 12 meses más, es decir un máximo de 3 años y estaría basado en un fundamento de dudosa legitimidad jurídico-política: la mera invocación por parte del empleador de que el trabajo posea una duración temporalmente limitada.
Esta manifestación, que no necesita ser acreditada ni fundamentada, constituye una verdadera aberración, susceptible de universalizar la contratación temporal. Basta con realizar la invocación anteriormente citada. Las diversas fórmulas contractuales laborales del derecho español, ya descausalizadas por reformas laborales anteriores, se convierten en una omnicomprensión de la contratación temporal y además afirman que lo que tratan es de simplificar los numerosos contratos previstos en la normativa laboral. Lo logran de sobra, convergiendo hacia un contrato único como el existente en Estados Unidos, cuya duración depende de la discrecionalidad del empresario y carece de indemnización.
Esta propuesta contradice la tradición jurídica de los países que se han inspirado en los paradigmas del Estado del Bienestar e intenta configurar unas relaciones laborales que han perdido todos los instrumentos de tuición para los trabajadores, amortizando la negociación colectiva en la reforma del año 2012 y privando también a las relaciones contractuales de toda suerte de protección para quienes no conciertan su contrato en condiciones de igualdad porque los trabajadores están subordinados al empresario y a su poder económico a través de la ajenidad.
En relación al contrato único, ya lo propuso hace 5 años la organización FEDEA y posteriormente el economista de referencia de Ciudadanos, Luis Garicano, utilizando la revista Nada es Gratis, financiada por el Ibex35. Se trata, como en tantas propuestas de Ciudadanos, de intentar dar soluciones aparentes y superficiales a problemas complejos, focalizando los conflictos de forma parcial y creando falsos e irreales marcos mentales. De crear una pretendida lucha de clases en el seno de los trabajadores, la tensión dialéctica entre los insiders, que son aquellos que tienen contratos indefinidos y tienen acumuladas altas indemnizaciones por despido, y los outsiders, aquellos que tienen contratos temporales, generalmente precarios y que pueden ser despedidos en cualquier momento recibiendo escasas indemnizaciones.
La idea, más o menos, es que cuando una empresa se ve obligada a hacer a un trabajador indefinido (después de dos años de contrato temporal), esta prefiere despedirlo para no tener que asumir una alta indemnización. La realidad es que las empresas generalmente no despiden a los trabajadores temporales cuando cumplen dos años, sino que fraudulentamente cambian la descripción del puesto de trabajo o bien cambian a los trabajadores temporales a otra empresa del grupo y así los renuevan por dos años más.
Lo que realmente ocurre es que el fraude en la contratación temporal ha adquirido carta de naturaleza. La mayoría de los contratos temporales ya son fraudulentos en origen, puesto que en puridad de principios los contratos temporales solo se pueden concertar para campañas temporales, sustituciones o circunstancias excepcionales de tiempo determinado. El contrato único no es que sea malo, el problema fundamental es que está guiado por unos principios y análisis erróneos.
Un ejemplo práctico sobre el problema del abaratamiento del despido a 12 días por año trabajado: imaginemos que el salario que se quiere pagar es de 15.000€/año, que en caso de cesar al cabo de un año tendrá una indemnización de 12 días, esto es, 493€. Pues bien, el salario anual se convertirá en 14.507€ anuales y a final del año, mediante un finiquito fantasma, se le pagarán los otros 493€ en concepto de indemnización, para posteriormente ser contratado de nuevo; obsérvese qué fácil es evitar el contrato único. La situación se agrava porque muchas veces ni siquiera se pagan estos finiquitos, bien por desconocimiento del trabajador, bien porque el empresario lo exige para continuar la relación laboral. Y esto puede pasar exactamente igual con el contrato único. En definitiva, lo que nos propone Ciudadanos es convertir el fraude en ley.
Los defensores del contrato único asumen que no se puede evitar el fraude de ley y lo reconocen sin tapujos. En el fondo, es un pensamiento adaptativo en el mal sentido de la palabra.
Lo que resulta insultante es afirmar, como ha hecho el señor Luis Garicano, que este tipo de contrato es el que se está aplicando en Dinamarca y que por ello trasmutaría en empleo la brutal cifra de desempleo con la que convivimos. Dinamarca es el país de la flexiseguridad. El hecho de que el modelo de Ciudadanos sea un país escandinavo conocido por su sensibilidad social, hace más atractiva su oferta.
Menos mal que estudios solventes como el realizado por Caixabank y rotulado ¿Cómo afecta la modalidad de contrato a la productividad? afirma que “los empleados con contrato temporal acumulan menos capital humano, proporcionan menos resultados basados en las encuestas de habilidad de la OCDE; los trabajadores con contrato temporal en el Estado español utilizan menos competencias en sus puestos de trabajo que aquellos con contrato indefinido y, además, este diferencial en el uso de habilidades entre modalidades de contrato es mayor en España que en el conjunto del al OCDE”.
Dinamarca es un país cuyo desempleo es del 6%. El sistema danés se caracteriza por una gran flexibilidad, pero también por una máxima seguridad destinada a sus desempleados. Dinamarca tiene el segundo nivel de salarios de la UE, circunstancia que no tiene nada que ver con el contrato único. La cobertura que prestan los sindicatos a los trabajadores es poderosa, las fórmulas contractuales danesas, que son múltiples, tienen una gran identidad normativa. Dinamarca posee el seguro público de desempleo más generoso de la UE, cuando en el Estado español la cobertura de desempleo se aproxima peligrosamente a la mitad de los desempleados.
Se le olvida a Ciudadanos que Dinamarca tiene uno de los programas más activos que hoy se conocen en la UE en reeducación y reinserción del trabajador, política a la que destinan el 0,21% de su PIB, cuando el Estado español destina a estas políticas el 0,07% de su PIB. Dinamarca es innovadora en otras políticas atenuadoras de la flexibilidad, como encontrar al trabajador, en caso de que deba desplazarse, otro hogar y escuelas para los niños.
Pues bien, de todo el modelo danés lo único que Ciudadanos adopta es su peculiar interpretación del contrato único; lo único que Ciudadanos aporta es simplificar el despido para aumentar la flexibilidad. Es el modelo de la flexiseguridad sin seguridad.
POR EMILIO OLABARRIA
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