Los jeltzales reclaman cambios en los apartados que sancionan actuaciones ligadas a la libertad de expresión e información
El grupo del PNV en el Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno español a reformar hasta 44 puntos de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley Mordaza, que permitan que la norma sea más “respetuosa” con los derechos fundamentales y las libertades públicas.
En la proposición de ley registrada en el Congreso, los jeltzales quieren que el Ejecutivo modifique los apartados que sancionan comportamientos ligados a la libertad de expresión e información, así como el derecho a huelga. A juicio de los jeltzales, la seguridad ciudadana no puede ser un factor que “restrinja el ejercicio de cualquier derecho constitucional”, por lo que piden la revisión de la ley Mordaza, aprobada en 2015, así como de la ley orgánica que regula el derecho de reunión, que data de 1983.
En este sentido, el PNV propone reformar los apartados de la ley de 1983 que obligan a comunicar a las autoridades la realización de reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas, así como aquellas que se realicen en los mismo términos frente al Congreso y senado, siempre y cuando no perturben la seguridad ciudadana.
Por otro lado, en lo referente a la libertad de expresión e información, el Grupo Vasco propone la supresión, como infracción grave, del uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes de los cuerpos y seguridad del Estado, ya que consideran que supone una “prohibición” a la libertad activa y pasiva de información. En la misma línea, proponen la supresión del carácter grave o muy grave de infracciones como el uso indebido de uniformes, insignias o condecoraciones, la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada, o la ya mencionada y referente a la reunión o manifestación no comunicada.
Asimismo, creen urgente revisar la ley que regula los derechos y libertades de los extranjeros en el Estado español y su integración social, para establecer un procedimiento “legal y efectivo” de devoluciones en la frontera que “respete la normativa internacional de derechos humanos”.
Por último, el grupo vasco anima a realizar una investigación más profunda del régimen sancionador que se aplica en España de manera que se tenga en cuenta “la capacidad económica del infractor a la hora de determinar la sanción”.
¿Quizás, no se debería de preguntar a Mariano Rajoy, al gobierno de España, al jefe del estado español (ayer fue su cumpleaños, felicidades...), al PP y a todos los partidos del estado español..., cual es su postura respecto a lo que está ocurriendo en la USA de Trump y si piensan hacer o decir oficialmente algo (también en Europa e incluso en ONU)?.
Publicado por: Sony | 01/31/2017 en 10:41 a.m.