Entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, España fue formalmente una dictadura con todos los ingredientes que tiene un régimen de este tipo: violación sistemática de los derechos humanos, prohibición de reunión, asociación, expresión, huelga, policía política, tribunales especiales… corrupción institucionalizada. Ni siquiera las elecciones generales de 1977, democráticas pero con matices, acabaron con el régimen. Hasta 1979, por ejemplo, la libertad de expresión estuvo limitada. Fue sonado el caso del Libro Rojo del Cole (traducción de un libro danés). Por otro lado, hasta 1979 se mantuvieron los consistorios franquistas en ayuntamientos y diputaciones, lo que tuvo consecuencias, especialmente en Navarra.
Hasta 1977 no fueron legalizados los partidos políticos (hay alguna excepción, como la del PP, legalizado como Alianza Popular en 1976 dentro de la ley de asociaciones de la dictadura. No es de extrañar si tenemos en cuenta que el partido fue fundado por seis ex ministros de Franco y el presidente de la Hermandad de Combatientes de la Cruzada). El PCE fue legalizado el Sábado de Gloria de aquel año, pero hasta ahí. Ninguno más a su izquierda. La ikurriña fue ilegal hasta el Día de San Sebastián de ese año y hasta ese mismo 1977 funcionaron tribunales de excepción, como el tristemente célebre Tribunal de Orden Público (TOP), también la policía política, la Brigada Política Social, implicada en violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Tan solo dos años antes, agentes de la BPS habían torturado a Tasio Erkizia, a la sazón un docente en Santutxu perforándole el esfínter. Entre los días 12 y 17 de mayo, la represión de las fuerzas de la dictadura produjo siete muertos: Rafael Gómez Jauregui, José Luis Cano, Clemente del Caño, Luis Santamaría, Gregorio Marichalar y Francisco Javier Fernández. A este último, con una dolencia de hígado, la policía le hizo beber alcohol y aceite de ricino, lo que aceleró la cirrosis de la que falleció. Ninguno de ellos tiene consideración de víctimas del terrorismo, claro.
En 15 de octubre de 1977 se produjo un hecho curioso, solo justificable por el momento histórico pero de difícil explicación hoy en día, la Ley de Amnistía. Por ella, se amnistiaban delitos diversos cometidos por quienes habían cumplido con su deber como, por ejemplo, funcionarios de las instituciones republicanas, militares y civiles. Se amnistiaban las diferentes formas de resistencia a la dictadura. También la resistencia armada. Y por supuesto los delitos y faltas cometidos por autoridades, funcionarios y agentes del orden de lo que, durante años, se llamó eufemísticamente “régimen anterior”. A esto hay que sumar otras cuestiones como el hecho de que Juan Carlos de Borbón fue, al menos entre el 21 de noviembre de 1975 y el 15 de junio de 1977, cabeza de un estado totalitario. Cuarenta años después, si como se dice no se puede dejar sin efecto la Ley de Amnistía, sí se pueden anular todas las sentencias dictadas por los consejos sumarísimos de urgencia y los tribunales de excepción franquista. Esto es algo que las instituciones y partidos democráticos, también Gogora, deberían llevar a Estrasburgo.
A estas alturas de la historia, no estaría de más recordar algunas cuestiones. Los franquistas ocuparon ilegítimamente el poder y las instituciones. Alcaldes, concejales, gestores de las diputaciones, funcionarios... fueron fusilados, encarcelados, defenestrados… y muchos de los que les sustituyeron, además, no ocuparon únicamente puestos administrativos: formaron parte de los consejos (locales, provinciales, etc.) del Movimiento Nacional y participaron (como jefes locales de orden público) en la represión. Por ejemplo, en vísperas del último estado de excepción franquista (1975) se reunieron en Gernika los jefes locales y provinciales del Movimiento para planificar la represión. La reunión estuvo presidida por el subsecretario de Gobernación, Luis Peralta España, y no por el ministro-secretario general del Movimiento, Fernando Herrero Tejedor. Lo que siguió fue una orgía sangrienta que desembocó en los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975. Yo no dudo que haya habido gente que viviese plácidamente mientras se producían este tipo de cosas, pero no hay nada en la actuación de un régimen dictatorial que justifique reconocimiento u homenaje público por parte de las instituciones democráticas. Nada. De la misma forma, el terrorismo de ETA desde 1978 sirve para blanquear un régimen oprobioso y con los mismos elementos que ETA quería imponer a la ciudadanía. Porque estamos ante dos caras de la misma moneda: el totalitarismo. Y ni es aceptable lo hecho por ETA entre 1977 y 2017 ni lo es lo realizado por los franquistas entre 1936 y 1977. Para entendernos (y simplificando mucho las cosas), entre 1936 y 1977 los malos eran los franquistas que dejaron una herencia de muerte y destrucción inigualable hasta ahora. La represión, solo en Nafarroa (donde ni hubo frente, ni movimientos revolucionarios), triplica el número de víctimas mortales producidas por ETA en toda su historia. Recomiendo vivamente la lectura de Sin piedad, de Fernando Mikelarena, sobre el holocausto navarro. Y aquí, lógicamente, no se suman las víctimas de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia.
Las víctimas del franquismo, a pesar de todos los esfuerzos, siguen esperando reparación. Y no solo los asesinados. Todos los condenados por rebelión militar, auxilio a la rebelión, bandidaje… esperan que sus juicios se anulen y resplandezca la verdad, y que sus víctimas y sus familias puedan (podamos) creer que se va en la buena dirección.
En los últimos tiempos, hemos asistido al grotesco intento desde cierta derecha de, por un lado, hacer un homenaje institucional a dos ex presidentes franquistas de la Diputación -curiosamente, solo se homenajeaba a dos de ellos: Ybarra y Unceta- que habían ocupado ilegítimamente el cargo entre los dos representantes democráticos (y legítimos) de la institución: Rufino Laiseca Oronoz y José María Makua Zarandona. Es cierto que los propuestos para el homenaje son víctimas de ETA (ambos fueron asesinados en 1977), pero ni siquiera esto justifica una dictadura.
A este tipo de cosas, a las ocurrencias de esa cierta derecha, se sumaba un tal Fernández Barbadillo, articulista de Libertad Digital que titulaba así su perorata: “¿Pedirá perdón el Gobierno Vasco por las matanzas de Bilbao?”. Se refiere a la matanza de “230 presos indefensos ocurridas en Bilbao y que superan en mucho a los muertos de Guernica, que una asociación local calcula en algo más de 150” (sic). Olvida este individuo varios datos (además de lo de los 150 muertos de Gernika): que el lehendakari Urkullu ha reconocido públicamente y por escrito la “injusticia” que representó el asesinato de 224 presos, que el Gobierno de Aguirre inició un proceso para depurar responsabilidades, que los franquistas ejecutaron a todos los funcionarios de prisiones que estuvieron en el lugar aunque no participaran en los hechos (ni pudieran hacer nada por evitarlos). Fue el caso de Marcelino Hernández, Clemente Inchaurbe, Enrique Bermudez, Salvador Puig, Arsenio Agüero, Federico Yermo, Víctor Bilbao, Francisco Cuesta, Heraclio Sierra o Eugenio Alonso. Y no solo eso. Asimismo, fueron fusilados dos presos, Heraclio Sierra, requeté de Barakaldo, y Daniel Garamendi por haber señalado a algunos de los presos asesinados por los asaltantes. Al capellán del Cabo Quilates, Manuel Lladós, el fiscal militar franquista le pidió pena capital por “convivir” con los milicianos. Lo tuvieron ocho años preso (hasta 1944) y falleció al mes siguiente de su liberación.
En resumen: sería importante delimitar el periodo de dictadura y calificar, a la luz de la legislación internacional para este tipo de regímenes, la responsabilidad de quienes actuaron (en todos los niveles) en la misma. E, igualmente, habrá que hacer a sus víctimas la misma justicia (y reconocimiento) que a todas las víctimas de otras formas de terrorismo. Hoy parece claro que la dictadura de Franco fue una forma de terrorismo de Estado. No estaría de más repasar las obras de Julián Casanova o Paul Preston o el recuento de las víctimas de la represión en la zona nacional hechas por el juez Baltasar Garzón. Hay que comenzar a poner límites a esta historia.
POR Koldo San Sebastián
Los franquistas como Barbadillo se están poniendo muy chulitos.La tolerancia de la justicia españolcon negacionistas y apologetas del terrorismo franquista ha sido total y el partido corrupto elegido por los españoles es su máximo defensor.
Pone los pelos de punta la reacción de la ultraderecha franquista navarra ante el homenaje a las víctimas del terror franquista y policial celebrado la pasada semana.
El acoso a Uxue Barcos me ha recordado la chulería fascista que tan bien conocimos durante tantos decenios.
Publicado por: CAUSTICO | 02/25/2017 en 07:47 a.m.