- El País Vasco es la Comunidad que tiene la renta mínima de inserción más elevada y sus 665 euros son más del doble de lo que da Murcia -300 euros-, mientras que en Asturias, Castilla y León y Madrid la cuantía es intermedia, pero no hay límite para percibirla como en esas otras dos autonomías. Son los datos que figuran en un informe sobre Derechos sociales en las comunidades autónomas y crisis económica, presentado en esta semana en el Senado en el marco del Foro de la Autonomía. Este informe destaca por ejemplo que Madrid es una de las pocas comunidades donde esta ayuda social -que se solicita para poder cubrir las necesidades básicas- no tiene límite temporal.
Un estudio en el que se analiza cómo han repercutido los recortes durante la crisis en servicios como la sanidad, la política pública de vivienda, la pobreza energética o la renta mínima de inserción, que han afectado de modo especial a las comunidades autónomas, que son las responsables de llevar a cabo las prestaciones y las que responden directamente ante los ciudadanos.
En el caso de la renta mínima de inserción, el informe constata que la crisis obligó a que las comunidades reformaran en su mayoría esta prestación para reducir su cuantía y el número de beneficiarios.
Por ejemplo, en Cataluña, la Generalitat lo cambió en 2011 para introducir medidas restrictivas tanto en lo que se refiere a las cuantías, como al periodo de percepción y los beneficiarios de la prestación.
En La Rioja, en 2012 se aumentó el número de años previos de residencia en la comunidad hasta los tres y se limitó el número de mensualidades, si bien en otra modificación posterior, en 2014, se deshicieron algunas de esas reformas y se flexibilizaron los requisitos de acceso, haciendo compatibles las prestaciones y subsidios de desempleo de importe inferior a las de inserción social.
También el Gobierno vasco endureció los requisitos de empadronamiento y rebajó la cuantía y la población beneficiaria, aunque esa comunidad sigue siendo la que tiene la mayor cantidad, por delante de su vecina Nafarroa (548 euros), Canarias (472) y Aragón (441). Las cuantías más bajas son las de Murcia (300 euros) o Comunidad Valenciana (338). No en todas las comunidades tiene la misma duración y, mientras en autonomías como Asturias, Castilla y León y Madrid su percepción no tiene límite, en otras como Andalucía está restringida seis meses, los mismos que Castilla-La Mancha y La Rioja, pero en estos casos ampliables a 24 meses; Nafarroa, ampliable a treinta meses, y Extremadura, prorrogable sin límite. En los últimos años, además, parece advertirse una corrección favorable al incremento de esta renta.
Hay que recordar que el pasado mes de febrero, todos los grupos parlamentarios salvo PP y Ciudadanos apoyaron en el Congreso una prestación no contributiva de ingresos mínimos de 426 euros para más de 2,4 millones de personas sin recursos, que se prolongaría mientras el beneficiario carezca de empleo y de recursos económicos y supondría un gasto total de más de 11.000 millones de euros.
POR COMUNIDADES
- Andalucía. Cuantía de 400 euros y duración de seis meses
- Aragón. 441 euros y doce meses de duración.
- Asturias. Se pagan 442 euros sin límite de tiempo.
- Baleares. 426 euros y un año.
- Canarias. 472 euros y doce meses de percepción ampliables hasta 24 meses.
- Cantabria. 426 euros y 12 meses que se pueden renovar.
- Castilla-La Mancha. 372 euros de percepción y seis meses prorrogables hasta 24.
- Castilla y León. 426 euros de cuantía. Sin límite de plazos.
- Cataluña. 423 euros y doce meses prorrogables hasta 60
- Comunidad Valenciana. 33S euros y 36 meses
- Extremadura 426 euros. Se cobran 6 meses y es prorrogable
- Galicia. 399 euros doce meses
- Madrid. 375 euros sin límite
- Murcia. 300 euros 12 meses
- Nafarroa. 548 euros que se perciben de seis a treinta meses
- País Vasco. Se cobran 665 euros durante 24 meses.
- La Rioja. 399 euros de seis meses hasta veinticuatro.
Todo lo que sea una distribución justa de recursos para ayudar a los "excedentes del sistema" es bueno.
No obstante hay una maniquea polarización de
opiniones sobre la RGI en Euskadi.
Hay quienes dicen que se regala y que muchos de los adjudicatarios no se la merecen.
Otros en cambio son partidarios de incrementarlas en cuantía y duración, eliminando condicionantes para su concesión.
La primera opción es defendida por la ultraderecha de Maroto y sus amigos del PP y la segunda por Podemos y la IA.
En el medio quedan quienes quieren separar la demagogia de la justicia social.
No hagamos el caldo gordo a quienes contemplan divertidos cómo nos peleamos por las migajas o los coscorros de pan que nos tiran los dueños de la pasta, pero tampoco convirtamos Euskadi en una tómbola.
Publicado por: CAUSTICO | 03/30/2017 en 09:18 a.m.