LOS últimos días de octubre fueron de los más intensos informativamente que se han vivido en Catalunya en los últimos meses. El día 26, a primera hora de la mañana, se daba por hecho que en el pleno del Parlament de la tarde se decidiría la declaración de independencia (DI). Paralelamente, se iniciaba la sesión del Senado que el viernes 27 debía aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución que supondría la intervención de las instituciones catalanas por parte del Gobierno central (la intervención económica ya se viene produciendo desde el 15 de septiembre). A media mañana, los rumores de una intensa negociación, con la mediación del lehendakari, Iñigo Urkullu, y un grupo de empresarios y profesionales catalanes, y la presión de líderes de la Unión Europea, apuntaban a un acuerdo por el que el presidente Carles Puigdemont disolvería el Parlamento y convocaría elecciones para el 20 de diciembre y, a cambio, el Gobierno de Mariano Rajoy renunciaría a aplicar el artículo 155. Sobre las once de la mañana, Diplocat anunciaba una intervención del presidente para el mediodía. Los medios de comunicación trasladaron sus equipos desde el Parlamento al Palau de la Generalitat. Durante unas horas (la anunciada intervención fue pospuesta varias veces) se dio por hecho que no habría DI y sí convocatoria electoral. Pero no fue así.
¿Qué pasó en esas horas que van desde media mañana del día 26 hasta el inicio de la sesión del pleno del Parlamento que culminaría al día siguiente con la DI y la aprobación del artículo 155 en el Senado? ¿Qué errores se sucedieron a partir de entonces? Básicamente, dos cuestiones explican el cambio de decisión de Puigdemont. Por una parte, la petición de una declaración pública al Gobierno de Mariano Rajoy sobre la renuncia a aplicar el artículo 155 si convocaba elecciones (en la línea de la que sí hizo Margarita Robles -PSOE- en sede parlamentaria). Declaración que Rajoy se negó a realizar antes de la convocatoria de elecciones. Por otra parte, la reacción de algunos sectores del independentismo que se negaban a cambiar la DI por una convocatoria electoral y acusaron al presidente de traidor.
Y el tren de los errores se puso en marcha por los raíles de una doble debilidad. Por un lado, el Gobierno catalán podía declarar la independencia pero difícilmente aplicarla, pues no tenía los medios ni para hacerlo ni contaba con el apoyo social suficiente: los únicos datos fiables son los resultados de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015 donde los partidos independentistas tuvieron la mayoría parlamentaria (72 escaños sobre 135) pero no la mayoría social, ya que obtuvieron el 47,6% de los votos; los partidos no independentistas tenían el 41,5% de los votos si se suma el PSC; y, en tierra de nadie, Catalunya Sí que es Pot (CSQP), que defendía un referéndum pactado pero sin definirse sobre la independencia, el 8,9%. Y además no cabía esperar ningún reconocimiento internacional ya que cualquier comparación con lo sucedido en Europa del Este hace un cuarto de siglo ignora el contexto geopolítico: tras el fin de facto de la Guerra Fría, Estados Unidos puso todo su empeño en debilitar al máximo a la URSS favoreciendo su implosión; y Alemania y Austria apoyaban las independencias de Eslovenia y Croacia. Por el contrario, hoy, después del Brexit y de la crisis económica, lo que desean los gobiernos de la UE es mantener a toda costa la estabilidad de la Europa de los Estados y una Catalunya que accediera a la independencia por vías pacíficas y sin renunciar a su tradición europeísta era un factor de contagio no deseable. Por otro lado, la debilidad del Gobierno de Rajoy deriva de la imposibilidad de implementar el artículo 155 en toda su extensión que, en contra de la voluntad de una mayoría de ciudadanos y de colectivos de funcionarios, podía conducir a una contestación social de resultados impredecibles. De ahí la decisión de poner en marcha el artículo 155 y, al mismo tiempo, convocar elecciones para el 21 de diciembre. De nuevo, la presión ejercida por diversos líderes europeos, que reclaman que se cierre el conflicto cuanto antes para no desestabilizar a la UE, resultó clave.
Tras el error del gobierno de Rajoy de responder con una desproporcionada acción policial a la votación del referéndum del 1 de octubre, que fue denunciada por prácticamente la totalidad de los medios de comunicación y las principales organizaciones internacionales (incluida la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas), era el momento de forzar una negociación para celebrar un referéndum acordado. Negociación que, probablemente, sí que hubiera contado con apoyos internacionales porque, a pesar de las cargas policiales y de todos los obstáculos, hubo más de dos millones de ciudadanos que demostraron su voluntad de acudir a las urnas. Suficiente para reclamar una negociación, insuficiente para declarar una independencia en base a un referéndum no homologable, aunque el hecho de no reunir las garantías suficientes fuera consecuencia de los obstáculos puestos por el gobierno del Estado. Pero el Gobierno de Rajoy, instalado en una versión de España incapaz de reconocer la pluralidad nacional, persistió en los errores. Y así, la acción del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, reprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 16 de mayo, acabó con el Govern de Catalunya ante la Audiencia Nacional o en Bruselas y con parte de la Mesa del Parlamento ante el Tribunal Supremo con el resultado de ocho consellers en prisión preventiva (además de los presidentes de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez) y los miembros de la Mesa en libertad condicional bajo fianza.
En este contexto inédito y excepcional, se va a las elecciones del 21 de diciembre con un electorado fuertemente movilizado (tanto los partidarios de la unidad de España, que el 8 de octubre reunieron en Barcelona, según la Guardia Urbana, 300.000 manifestantes; como los que reclaman la independencia, que, según las mismas fuentes, el 10 de noviembre reunieron a 750.000 personas que pedían la libertad de los detenidos). Los partidos independentistas, si no hay una lista unitaria de última hora, pugnan por el liderazgo (Puigdemont desde Bruselas y Oriol Junqueras desde la cárcel de Estremera a no ser que el Tribunal Supremo revoque las medidas cautelares de la Audiencia Nacional) y la CUP, por impulsar una candidatura lo más amplia posible, claramente rupturista, independentista y de izquierdas. El PSC las afronta en plena crisis, sin norte político y con alcaldes que se dan de baja o coaliciones de gobierno que se rompen por el apoyo del PSOE al 155 (el pasado domingo, 12 de noviembre, la asamblea del partido de Ada Colau rompió el pacto de gobierno que mantenía con el PSC en el ayuntamiento de Barcelona); el PP, hoy adalid de la Constitución pero responsable de la ruptura del pacto constitucional con el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Estatut de 2006, y a su derecha C’s, ambos con una actitud de victoria y revancha que recuerda a la campaña electoral de Euskadi de 2001. Y CSQP, que busca un punto de encuentro en la retirada del 155, la inviabilidad de la independencia unilateral y la exigencia de un referéndum acordado.
Al final, más preguntas que respuestas: ¿Qué hacer si el 22 de diciembre no hay cambios en la correlación de fuerzas parlamentarias y todo sigue igual? ¿Qué sucederá si el independentismo obtiene la mayoría parlamentaria y social?
POR ANTONI SEGURA I MAS *
*Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona.
Falangito Rivera nos llama SUPREMACISTAS a los vasquitos por tener el Concierto.
Realmente este piojillo está muy enterado de los problemas reales.
Podria presentar una moción para prohibir el acceso de cocainomanos al Congreso.
Publicado por: CAUSTICO | 11/24/2017 en 09:15 a.m.