PARA MEJORAR LOS PARTIDOS

Por: Miguel Herrero de Miñón

Todo el mundo habla mal de la clase política. Por ello los políticos se hacen reproches entre sí, achacándose prácticas corrup­tas, tentaciones amiguistas y alejamiento de la sociedad y de sus problemas reales. Para mí que el mal no está en algu­nos políticos, ni menos en to­dos, sino en la forma de hacer política. Se trata, como diría Don Enrique Tierno, seculari­zando ideas de teología moral, de un mal estructural. Por ello, para corregirlo, hay que ir a la estructura de la política, a los partidos, y sanearlos, abriéndolos a la sociedad, so­metiéndolos a ella y ponién­dolos a su servicio. Para ello propongo cinco medidas:

1).- El exponente más cla­ro del protagonismo exclusivo y excluyente que los partidos han adquirido en la política, es la nueva condición de los Grupos Parlamentarios en las Asambleas representativas. Ello da lugar a un notabilísimo empobrecimiento de la vida parlamentaria. Los dipu­tados no son más que una ci­fra abstracta e intercambiable. Sólo actúa el portavoz del grupo, es decir, la propia di­rección del grupo. La primera consecuencia es que tal expe­riencia retrae de la dedicación parlamentaria a los elementos suficientemente valiosos para no conformarse con la triste función de votante mudo o mandatario ocasional de la di­rección del partido.

El pluralismo social que los partidos debieran reflejar en su seno con tanta mayor ri­queza cuanto más amplio, in­terclasista e intergrupal el partido pretende ser no en­cuentra su reflejo en la vida parlamentaria. Y la acumula­ción de experiencia y presti­gio que acrecienta el peso po­lítico de una institución se es­teriliza cuando no se elimina. Así es posible que quienes han ejercido en el gobierno o en la oposición las máximas responsabilidades, queden re­ducidos a la condición de me­ros votantes, sin posibilidad de exponer, al margen del portavoz único de su partido, lo que su propia experiencia personal y su propia reflexión política le permitirían aportar.

La primera vía para corre­gir las tendencias señaladas sería quebrar el monopolio de los portavoces en las asam­bleas y ello puede hacerse, sin mengua de los grupos parla­mentarios, si, como permiten los reglamentos parlamenta­rios, se habilitan turnos distin­tos de los correspondientes a los propios grupos, cuya con­cesión correspondiera, discre­cional y prudentemente, al Presidente de la Cámara, y que los grupos se comprome­tieran a no entorpecer.

2).- La segunda medida, íntimamente conectada con la anterior y que contribuiría no sólo a mitigar el protagonismo exclusivo de los partidos, sino a revitalizar el Parlamento, es la "eliminación de la discipli­na de voto", si no en grado tan amplio como en EE.UU., sí reduciéndolo a los casos en que están en cuestión elemen­tos básicos del programa de Gobierno o su propia subsis­tencia (investidura, confianza, censura). Cuando no se den tales supuestos, exigir disci­plina de voto es eliminar la utilidad del debate, que se re­duce a una superposición de fijaciones de posición previas e irreductibles. Para introdu­cir una medida semejante bastaría el acuerdo de los pro­pios grupos parlamentarios. 3).- Una tercera medida consiste en la "eliminación de las candidaturas cerradas y blo­queadas", que en las primeras elecciones indujeron al elec­tor a preferir globalmente a un partido, y pueden llevarlo hoy a desconfiar primero y abstenerse después, de un proceso electoral convertido en forzado plebiscito entre di­versas candidaturas que en todo le son lejanas y ajenas, cuando no repelentes. El re­medio no puede ser otro que la "apertura de las listas elec­torales", permitiendo en una primera fase al menos la reor­denación y selección de los candidatos de una sola lista y, en segundo momento, el "panachage" de listas. Ello daría lugar a que los electos incre­mentaran su peso político personal en virtud del apoyo social que recibieran; a que los partidos políticos se cuida­ran de introducir en sus listas candidatos atractivos y a ex­cluir a los notablemente de­leznables y que, por hipótesis, hoy serían elegidos mecánica­mente al amparo de unas si­glas; y a que personalidades conscientes de su apoyo po­pular optaran por la vía parla­mentaria e hicieran valer su posición en el partido. Ello re­quiere sólo revisar algunos ar­tículos de la Ley Electoral.

4).- La cuarta medida se refiere a las "incompatibilida­des de los miembros de asam­bleas representativas" y, fun­damentalmente, de los Diputados y Senadores. Una sociedad moderna es sobre todo una sociedad de trabaja­dores, donde cada vez son menos y menos respresentativos quienes no tienen parte en el proceso productivo y nada tienen que ver con las rentas del trabajo. En conse­cuencia, declarar incompati­ble el trabajo profesional y la representación parlamentaria es reservar ésta ya a los fun­cionarios públicos de escasa vocación, propensos a solici­tar una excedencia, ya a quie­nes, carentes de toda profe­sión, encuentran en la vida pública el sustituto de la mis­ma. Ningún profesional cuali­ficado tendrá acceso al Parla­mento. Sólo los profesionales de la política tendrán en él su coto privilegiado. La adopción de esta medida supondría mo­dificar la actual ley electoral y restablecer la situación de in­compatibilidad con el ejerci­cio privado de la profesión sólo cuando hubiera un con­flicto de intereses.

5).- La quinta medida con­siste en "privar a los partidos de la financiación privilegia­da" de que ahora gozan a car­go del Presupuesto del Esta­do. No es éste el momento de abordar la larga polémica so­bre las ventajas e inconvenientes de la financiación pú­blica de los partidos políticos. Sin duda cumplen una fun­ción política de primer orden que por ello podría merecer tal apoyo financiero. Pero el problema estriba en que tal vez, en determinadas circuns­tancias, la asistencia así justi­ficada contribuye a perturbar el recto cumplimiento de la alta función de los partidos políticos en la democracia. La eliminación de la financiación pública crearía un grave pro­blema económico a los gran­des partidos políticos, lo cual, para empezar, les obligaría a reducir gastos burocráticos y a depender, mucho más que hasta ahora, de colaboraciones gratuitas y voluntarias, esto es a contar más con la participación de militantes y simpatizantes. Pero, además, les obligaría a dar la impor­tancia debida a las cuotas de los afiliados, con el consi­guiente impulso democratizador que ello tiene en toda vida corporativa, y a contar con una financiación privada que debe ser tan ilimitada y diáfa­na como cualquier contribu­ción generosa a una entidad con fines de utilidad pública y como tal, fiscalmente incenti­vada. Por otra parte, nada de­biera impedir a una fuerza política la creación, a la luz pú­blica, de empresas cuyos be­neficios se destinaran con toda claridad a su financia­ción. Cuando se tilda de co­rruptores a tales cauces de fi­nanciación, nadie explica por qué sería nocivo y deshonesto convencer a la sociedad de aportar recursos para el desa­rrollo de una labor política u obtener beneficios lícitos en una economía de mercado y dedicarlos a un fin de utilidad pública como el que un parti­do político debe perseguir y, en cambio, se considera deco­roso obtenerlos sin esfuerzo propio y de espaldas a la so­ciedad, con cargo a los presu­puestos del Estado. Para con­seguir esta meta, basta con re­formar en el sentido indicado la Ley de Financiación de los partidos políticos; introducir las concordantes medidas de fomento por vía de deducción en el impuesto general sobre la renta y en el impuesto de sociedades en las correspon­dientes normas fiscales: y re­ducir varios miles de millones en los presupuestos generales del Estado y en las dotaciones directas a los grupos parla­mentarios, autonómicos y municipales.

Diario YA (12.07.1991)