EL PATRIMONIO DE LOS PARTIDOS EN 1991

ISABELO HERREROS / Presidente de Izquierda Republicana

La proposición de ley de Devolución del Patrimonio de los Partidos y Asociaciones Políticas, presentada por el PNV y apoyada por IU, es considerada por el autor de este artículo como la prueba de fuego del Gobierno para acabar con las consecuencias de una ley franquista hecha con el asesoramiento de juristas del III Reich.

Han transcurrido más de 15 años desde la muerte del dictador y más de 50 desde el final de la Guerra Civil. Sin embargo, quedan secue­las lacerantes que ponen en tela de juicio no sólo la credibilidad democrática de quienes ostentan el poder, sino también la coherencia de un sistema jurídico que alberga aún en su seno, con pleno vigor, leyes y decretos como la Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939, elaborada con el asesoramiento de siniestros juristas del Tercer Reich, depen­dientes directamente del Reichs-führer de las SS, Himmler.

El Gobierno del Reich había ini­ciado en 1933 una profusa legis­lación destinada a liquidar todo vestigio de vida de las organiza­ciones políticas y sindicales, declarándolas fuera de la ley, decretan­do durísimas penas para quienes intentasen reorganizarlas e incau­tando todos sus bienes.

Seis años más tarde, la Jefatura del Estado española elaboraba la ley de leyes de la represión mediante la cual «quedan fuera de la Ley todos los partidos y agru­paciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936, han integrado el llamado Frente Popular, así como los par­tidos y agrupaciones aliados y adheridos a éste por el solo hecho de serlo, las organizaciones sepa­ratistas y todas aquéllas que se hayan opuesto al triunfo del Movi­miento Nacional». A mayor abundamiento, se menciona explícita­mente, entre otras entidades, a la UGT y CNT, así como a los par­tidos PNV, PSOE, Izquierda Republicana, PCE, PSUC y Unió Democrática de Catalunya.

MILITARES DE LA REPÚBLICA

Se puede argumentar que la Cons­titución española de 1978, en su disposición derogatoria, liquida esta legislación franquista. Sin embargo, no puede considerarse así cuando persisten sus efectos: tampoco es clara la voluntad derogatoria de los constituyentes, pues también eran obvias otras deroga­ciones, aun sin citar los preceptos legales, y sin embargo se mencio­nan nada menos que diez normas cuya no vigencia era también evi­dente.

Es de justicia decir que en el período que va de 1977 a 1982 se resolvieron favorablemente impor­tantes problemas derivados de la guerra civil y de la atrocidad y larga duración de la dictadura: amnis­tía, pensiones a viudas de guerra, reconocimiento de haberes y grado a colectivos de funcionarios represaliados (entre ellos, a militares profesionales que permanecieron leales a la República), mediante el empeño de voluntades como la del entonces ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún. Pue­de decirse con justicia que los gobiernos de la UCD fueron rela­tivamente receptivos y muy sensi­bles a las reivindicaciones de quie­nes habían defendido la legalidad constitucional republicana.

Quedaban, a la llegada del PSOE, dos problemas pendientes: la regulación de haberes dignos; con reconocimiento (ya testimo­nial) de grados, a los militares de la República ingresados en esca­lafones profesionales con posteri­dad al 18 de julio de 1936, y la devolución de sus bienes a partidos políticos y sindicatos.

Todo parecía indicar que un partido histórico como el PSOE, que llegaba al Gobierno con el apoyo, entre otros sectores socia­les, de cientos de miles de personas que habían vivido la guerra civil, iba, cuando menos, a hacer justicia con los suyos. El tiempo hizo des­vanecer expectativas y, todavía hoy, varios miles de ancianos aguardan poder acabar su vida con, al menos, el reconocimiento, por parte del Estado, de lo que admi­ten los libros de historia: que quie­nes defendieron la democracia de 1936 a 1939 no eran un conjunto de partidas de milicianos, sino integrantes de un Ejército regular. Llegados al segundo de los pro­blemas pendientes se resuelve el de uno de los colectivos (sindicatos históricos) de modo vergonzante, mediante una disposición adicional en una Ley, la de cesión de bienes del Patrimonio Sindical acumulado de 8 de enero de 1986, que ha ser­vido para introducir agravios com­parativos o para, por la vía de la indeterminación, propiciar mil y una corruptelas, con «inmuebles acumulados» en el mercado de la especulación para beneficio de ciertos poseedores de información. Con respecto del asunto que nos ocupa el patrimonio incautado a partidos políticos, no es nada hala­güeña la situación. En diciembre de 1986 fue rechazada en el Con­greso de los Diputados, una Proposición de Ley del PNV con los votos en contra del PSOE y los votos a favor del resto de los grupos (Grupo Mixto, Minoría Cata­lana, Izquierda Unida, CDS y Gru­po Popular).

ESPAÑA ES DIFERENTE

El único e inconsistente argumento para el voto en contra del PSOE fue que los bienes incautados a los partidos tienen «una problemática técnico-jurídica mucho más delica­da que la referente a las organi­zaciones sindicales». Revela tal jus­tificación — falsa e indocumentada— un total y absoluto desprecio hacia el régimen parlamentario.

Desde entonces han acaecido muchas cosas, incluso en el orden jurídico. Existen ya sentencias de Tribunales, en vía civil, que obligan al Estado a la restitución de bienes incautados. En este tiempo, tam­bién han desaparecido varias dic­taduras militares. También, corno ocurrió en Europa a la caída de Hitler y Mussolini, los partidos políticos y sindicatos, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, han sido compensados por las incautaciones y daños sufridos. España, una vez más, sigue siendo diferente.

El Mundo (15 Julio, 1991)