ISABELO HERREROS / Presidente de Izquierda Republicana
La proposición de ley de Devolución del Patrimonio de los Partidos y Asociaciones Políticas, presentada por el PNV y apoyada por IU, es considerada por el autor de este artículo como la prueba de fuego del Gobierno para acabar con las consecuencias de una ley franquista hecha con el asesoramiento de juristas del III Reich.
Han transcurrido más de 15 años desde la muerte del dictador y más de 50 desde el final de la Guerra Civil. Sin embargo, quedan secuelas lacerantes que ponen en tela de juicio no sólo la credibilidad democrática de quienes ostentan el poder, sino también la coherencia de un sistema jurídico que alberga aún en su seno, con pleno vigor, leyes y decretos como la Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939, elaborada con el asesoramiento de siniestros juristas del Tercer Reich, dependientes directamente del Reichs-führer de las SS, Himmler.
El Gobierno del Reich había iniciado en 1933 una profusa legislación destinada a liquidar todo vestigio de vida de las organizaciones políticas y sindicales, declarándolas fuera de la ley, decretando durísimas penas para quienes intentasen reorganizarlas e incautando todos sus bienes.
Seis años más tarde, la Jefatura del Estado española elaboraba la ley de leyes de la represión mediante la cual «quedan fuera de la Ley todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas el 16 de febrero de 1936, han integrado el llamado Frente Popular, así como los partidos y agrupaciones aliados y adheridos a éste por el solo hecho de serlo, las organizaciones separatistas y todas aquéllas que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional». A mayor abundamiento, se menciona explícitamente, entre otras entidades, a la UGT y CNT, así como a los partidos PNV, PSOE, Izquierda Republicana, PCE, PSUC y Unió Democrática de Catalunya.
MILITARES DE LA REPÚBLICA
Se puede argumentar que la Constitución española de 1978, en su disposición derogatoria, liquida esta legislación franquista. Sin embargo, no puede considerarse así cuando persisten sus efectos: tampoco es clara la voluntad derogatoria de los constituyentes, pues también eran obvias otras derogaciones, aun sin citar los preceptos legales, y sin embargo se mencionan nada menos que diez normas cuya no vigencia era también evidente.
Es de justicia decir que en el período que va de 1977 a 1982 se resolvieron favorablemente importantes problemas derivados de la guerra civil y de la atrocidad y larga duración de la dictadura: amnistía, pensiones a viudas de guerra, reconocimiento de haberes y grado a colectivos de funcionarios represaliados (entre ellos, a militares profesionales que permanecieron leales a la República), mediante el empeño de voluntades como la del entonces ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún. Puede decirse con justicia que los gobiernos de la UCD fueron relativamente receptivos y muy sensibles a las reivindicaciones de quienes habían defendido la legalidad constitucional republicana.
Quedaban, a la llegada del PSOE, dos problemas pendientes: la regulación de haberes dignos; con reconocimiento (ya testimonial) de grados, a los militares de la República ingresados en escalafones profesionales con posteridad al 18 de julio de 1936, y la devolución de sus bienes a partidos políticos y sindicatos.
Todo parecía indicar que un partido histórico como el PSOE, que llegaba al Gobierno con el apoyo, entre otros sectores sociales, de cientos de miles de personas que habían vivido la guerra civil, iba, cuando menos, a hacer justicia con los suyos. El tiempo hizo desvanecer expectativas y, todavía hoy, varios miles de ancianos aguardan poder acabar su vida con, al menos, el reconocimiento, por parte del Estado, de lo que admiten los libros de historia: que quienes defendieron la democracia de 1936 a 1939 no eran un conjunto de partidas de milicianos, sino integrantes de un Ejército regular. Llegados al segundo de los problemas pendientes se resuelve el de uno de los colectivos (sindicatos históricos) de modo vergonzante, mediante una disposición adicional en una Ley, la de cesión de bienes del Patrimonio Sindical acumulado de 8 de enero de 1986, que ha servido para introducir agravios comparativos o para, por la vía de la indeterminación, propiciar mil y una corruptelas, con «inmuebles acumulados» en el mercado de la especulación para beneficio de ciertos poseedores de información. Con respecto del asunto que nos ocupa el patrimonio incautado a partidos políticos, no es nada halagüeña la situación. En diciembre de 1986 fue rechazada en el Congreso de los Diputados, una Proposición de Ley del PNV con los votos en contra del PSOE y los votos a favor del resto de los grupos (Grupo Mixto, Minoría Catalana, Izquierda Unida, CDS y Grupo Popular).
ESPAÑA ES DIFERENTE
El único e inconsistente argumento para el voto en contra del PSOE fue que los bienes incautados a los partidos tienen «una problemática técnico-jurídica mucho más delicada que la referente a las organizaciones sindicales». Revela tal justificación — falsa e indocumentada— un total y absoluto desprecio hacia el régimen parlamentario.
Desde entonces han acaecido muchas cosas, incluso en el orden jurídico. Existen ya sentencias de Tribunales, en vía civil, que obligan al Estado a la restitución de bienes incautados. En este tiempo, también han desaparecido varias dictaduras militares. También, corno ocurrió en Europa a la caída de Hitler y Mussolini, los partidos políticos y sindicatos, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, han sido compensados por las incautaciones y daños sufridos. España, una vez más, sigue siendo diferente.
El Mundo (15 Julio, 1991)
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