Por: Manuel Irujo
La Península Ibérica reúne en su territorio varias naciones, distintas por su origen, idiomas, temperamento, cultura e Instituciones. El régimen que haya de aplicarse a esta realidad plurinacional habrá de adaptarse a la medida única de ser estable. Una democracia solamente se concibe cuando el escudo representa a la nación, no cuando la niega o la oprime. Por ello la península Ibérica, sin excluir a Portugal, deberá constituirse en un régimen de Comunidad de Naciones cada una de las cuales disfrute de soberanía y disponga de sus respectivos poderes legislativos, ejecutivo y judicial, ejército y representación internacional propios, dentro de un solo espacio económico, con una sola política general de defensa, y estableciendo garantías de solidaridad que afirmen con eficacia en todo el ámbito peninsular los derechos de la persona humana. Esa solución constitucional a base de libre determinación será la derivada de su historia, el reflejo auténtico de la voluntad actual de cada uno de los pueblos que cubren su territorio, y la que aconsejen las instituciones políticas más poderosas de la tierra, como el Commonwealth y la Unión de las Repúblicas Soviéticas.