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Sony

Colau se ha vendido, recibe el aval de sus bases, pero lo pagará con sus votantes.

Sony

Prevaricación consumada.

https://www.eldiario.es/zonacritica/Prevaricacion-consumada_6_909969001.html

Junqueras no está condenado por ninguna sentencia firme que le prive del ejercicio de sus derechos políticos, de ser así la Junta Electoral no hubiese permitido que fuese candidato el 28A y el 26M.

¿Se puede aceptar que a un ciudadano a quien no se puede impedir que concurra como candidato a unas elecciones se le pueda impedir que ocupe el escaño para el que ha sido elegido?

El Supremo rechaza que Junqueras salga de la cárcel para recoger el acta de eurodiputado.

Javier Pérez Royo.

14/06/2019 - 14:03h

Oriol Junqueras puede activar una querella por prevaricación contra los miembros del Tribunal Supremo.

Oriol Junqueras no está condenado por ninguna sentencia firme que le prive del ejercicio de sus derechos políticos, entre los que se cuenta, obviamente, el derecho de sufragio pasivo. De no ser así, no hubiera podido ser candidato a las elecciones al Congreso de los Diputados el 28A, ni a las elecciones al Parlamento Europeo el 26M. La Junta Electoral, que tiene que hacer la proclamación de la candidatura para que pueda concurrir a las elecciones, lo habría impedido. Con Carles Puigdemont lo intentó y su exclusión de la lista fue revocada mediante decisión judicial. En el caso de Oriol Junqueras ni siquiera lo intentó, dando por supuesto que Junqueras tenía derecho a concurrir a las elecciones y, en consecuencia, tenía derecho a poder ser elegido parlamentario europeo.

¿Se puede aceptar que a un ciudadano a quien no se puede impedir que concurra como candidato a unas elecciones se le pueda impedir que ocupe el escaño para el que ha sido elegido? La pregunta se responde por sí misma. Porque, además, desde el momento en que ha sido elegido, no permitirle ocupar el escaño no vulnera solamente el derecho de sufragio pasivo del parlamentario europeo, sino que vulnera también el derecho de sufragio activo de todos los ciudadanos que lo eligieron. La decisión del Tribunal Supremo supone una vulneración masiva de derechos fundamentales.


La decisión del Tribunal Supremo de no permitir que Oriol Junqueras acuda a la sede de la Junta Electoral Central para jurar o prometer la Constitución y tomar posesión de esta manera de “su” escaño en el Parlamento Europeo supone una vulneración manifiesta de la Constitución y de la Ley Electoral.

El Supremo no puede desconocer el contenido y alcance del derecho reconocido en el artículo 23 de la Constitución. No puede desconocer el contenido y alcance del derecho a la presunción de inocencia, que no ha sido destruida mediante una sentencia firme respecto de Oriol Junqueras. Su decisión de no permitirle acudir a la sede de la JEC a prometer o jurar la Constitución es una decisión injusta adoptada “a sabiendas”.

A partir del momento en el que la decisión del Supremo le sea notificada, Oriol Junqueras puede activar una querella por prevaricación contra los miembros del Alto Tribunal que le han impedido el ejercicio de un derecho fundamental, no pudiendo desconocer que no podían hacerlo.

En mi opinión, el Sindic de Greuges debería querellarse en nombre de los ciudadanos catalanes, cuyo derecho de sufragio activo también se ha visto vulnerado con la decisión del Tribunal Supremo.

Dicha querella debería ser registrada de manera inmediata ante el Parlamento Europeo, a fin de que se tenga conocimiento desde ya de la vulneración de derechos fundamentales de un parlamentario electo, que figura como tal en el listado publicado en el BOE y al que, mediante una triquiñuela anticonstitucional, se le intenta impedir que adquiera la condición de tal. Debería solicitarse que el asunto fuera abordado por el Parlamento Europeo inmediatamente después de su constitución. El Parlamento Europeo no puede no debatir sobre la agresión más flagrante que se puede perpetrar contra uno de sus miembros: el de no permitir que lo sea.

Hasta el momento, que yo sepa, en ningún Estado de la Unión Europea se ha impedido a un parlamentario electo no condenado mediante sentencia firme ocupar su escaño. En mi opinión, nos encontramos ante un incumplimiento por parte del Estado español del derecho de la Unión y, en este sentido, debería estudiarse la forma de denunciar dicho incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nunca se ha planteado un recurso de esta naturaleza y no está clara la vía procesal para hacerlo, pero es que nos encontramos ante un supuesto tan insólito, que a nadie se le ha ocurrido siquiera que pudiera plantearse. Pero una vez planteado, es evidente que tiene que tener unas respuesta en el Derecho Europeo y que tiene que poder exigirse que dicha respuesta sea efectiva.

La querella contra los Magistrados del Tribunal Supremo por prevaricación debe ser el punto de partida de una batalla jurídica de largo recorrido. En ningún caso puede aceptarse la decisión del Tribunal Supremo.

Sony

Todo esto está bien, pero que las movidas de Juan Carlos I, no nos hagan perder de vista las de Felipe VI, que es el que gobierna (y digo bien..., gobierna...) y son las que están ocurriendo ahora.

Sony

Aquí no sucedería.

https://www.elnacional.cat/es/opinion/gonzalo-boye-aqui-sucederia_394381_102.html

Gonzalo Boye.

Madrid. Viernes, 14 de junio de 2019.

A través del magnífico trabajo de los periodistas de The Intercept Glenn Greenwald y Victor Pougy, hemos podido descubrir la trama corrupta, y golpista, existente en Brasil mediante la cual una serie de fiscales y jueces comandados por el exjuez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia con Bolsonaro, lograron alterar la realidad política llegando a encarcelar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva después de acusarlo y condenarlo por corrupción.

Glenn Greenwald no es nuevo en el oficio de desvelar tramas complejas, peligrosas y enquistadas en los aparatos estatales, tal cual lo demostró con el caso de Edward Snowden. Si algo caracteriza a Greenwald es la seriedad, la rigurosidad, la independencia y, sobre todo, el valor para denunciar, a través de su trabajo, cualquier tipo de montaje que ataque los principios básicos de la democracia.

Lo que están contando de Brasil bien puede enmarcarse en lo que se ha dado en llamar lawfare, anglicismo que surge de combinar law (ley) y warfare (guerra). Lo relevante, en todo caso, no es su denominación ni su definición, sino el cómo se está extendiendo por diversos países una estrategia que fue descrita por primera vez en Unrestricted Warfare, libro sobre estrategia militar publicado en 1999.

Solo dos años después, en 2001, este concepto comienza a ser utilizado fuera del ámbito militar estadounidense y eso se produce, como bien constatan autoras como Vollenweider y Romano, a partir de la publicación de un artículo del general Charles Dunlap en la revista de la Duke Law School.

La lawfare no sería otra cosa que la guerra a través de otros métodos pero con un claro objetivo: la aniquilación del enemigo, del contrario, del disidente y, ello, mediante la utilización no solo del derecho, sino, también y especialmente, de las estructuras del poder judicial que es el llamado a jugar un papel vital en esta nueva forma de guerra.

Este nuevo tipo de guerra, implementada a través de la judicialización de la política, es algo que se está viendo en diversos casos, especialmente en Latinoamérica, en países como Brasil, Ecuador, Argentina, Colombia, etc., y que ha dado los resultados esperados por sus diseñadores: la aniquilación de los enemigos políticos mediante la “creación” de causas penales que bien acaban con esos enemigos en prisión o destruidos mediática y políticamente de manera irreversible.

La lawfare no sería otra cosa que la guerra a través de otros métodos, pero con un claro objetivo: la aniquilación del disidente mediante las estructuras del poder judicial

El principal instrumento a través del cual se llevaría a cabo esta nueva forma de guerra, según Vollenweider y Romano, sería el poder judicial y ello porque en los últimos años se ha convertido “en un potente espacio desde donde desplegar, casi sin limitaciones, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes”.

Ello sería así, según estas mismas autoras, porque “es el único (poder) que no deriva de la voluntad popular sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen” y ello “le permite operar políticamente bajo un completo manto de institucionalidad” intentando “objetivos similares a los que otrora buscaban las fuerzas armadas: deslegitimar y perseguir figuras políticas populares opuestas a sus intereses” lo que harían “a través de “expertos”, que manejan un lenguaje técnico objetivo (el lenguaje jurídico), que se jacta de no estar “contaminado” por la política” y, añado, dando la apariencia de imparcialidad.

Esta nueva forma de guerra ideológica sería la que importantes fiscales federales de Brasil, comandados por el actual ministro de Justicia de Bolsonaro, habrían usado para acabar con la carrera política de Lula, derrotar políticamente a su partido y, de esa forma, alterar, irremediablemente, el curso político brasileño con consecuencias que aún tardaremos años en delimitar.

Lo sucedido en Brasil es muy grave, pero, seguramente, no somos capaces de dimensionarlo porque nos pilla lejos y porque no es sencillo contextualizarlo, pero si hacemos un ejercicio de imaginación, aun cuando todo ello no sea más que una ficción con fines didácticos, igual podemos comprender cómo funciona esta estrategia.

Imaginemos, por un momento, que en lugar de Brasil estamos en España y que existe una opción política fuerte, seria y con un proyecto claro que, por ejemplo, plantease un modelo republicano y la independencia de parte del territorio del Estado. Dicho proyecto podría ser combatido políticamente o, siguiendo los manuales americanos de la lawfare, también lo podría ser judicialmente... y seguimos en el terreno de las hipótesis.

Supongamos que se haya optado por hacerlo por vía judicial, para lo que, entonces, habría que disponer de fiscales dispuestos a concertarse para generar causas penales que pudiesen servir de base para criminalizar dicho proyecto político. Insisto, solo estamos hablando figuradamente.

En cualquier caso, no bastaría con contar con un grupo de fiscales dispuestos a saltarse la ley y usarla a su antojo para que ese proceso de criminalización del oponente político tuviese éxito, también harían falta jueces dispuestos a legalizar tales actuaciones, a llevar a prisión, primero preventivamente, a los opositores, para, luego de un proceso aparentemente legal, condenarles y, de esa forma, sacarles de circulación por muchos años consiguiendo, por tanto, la derrota del proyecto político que representan pero por una vía “limpia” y aparentemente legal.

Imaginemos que, en lugar de Brasil, estamos en España y que existe una opción política fuerte, seria y con un proyecto claro que plantease un modelo republicano y la independencia de parte del territorio del Estado

Muchos, llegado a este punto, nos plantearíamos que eso sería imposible en España porque, para eso, existen mecanismos que impiden los abusos y que, por ejemplo, se podría acudir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que recondujese tales comportamientos o que, a través de acciones penales, se podría exigir responsabilidad a esos jueces y, además, que siempre nos quedaría el Tribunal Constitucional para hacer cumplir los mandatos constitucionales y velar por el respeto de los derechos fundamentales.

El problema surgiría, y siempre hablando de manera hipotética, en el caso en que el CGPJ también estuviese formado por jueces dispuestos a participar de esa lawfare y, también, si eso mismo sucediese en el Tribunal Constitucional. En Brasil justamente eso es lo que ha sucedido y, ahora, la única esperanza de Lula y de su proyecto político radica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el equivalente americano del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Afortunadamente, lo que sucedió en Brasil, sucede en Ecuador, en Argentina, en Colombia y en otros varios países de Latinoamérica, pero no ocurre en España porque aquí sería impensable que tal conjunción de intereses políticos se alineasen para generar un resultado tan perverso y, a través de la retorsión de los instrumentos jurídicos y del uso del aparato judicial y fiscal, se pudiese aniquilar al enemigo político.

Francamente, creo que sería impensable que en España hubiesen fiscales dispuestos a algo como lo sucedido en Brasil y, mucho menos, que las altas instancias jurisdiccionales estuviesen dispuestas a jugar el papel que han jugado en Brasil, por mucho que luego pudiesen terminar ocupando cargos ministeriales.

En España, cuando un fiscal llama “golpe de estado” a actos que en otros países se han calificado como meros ejercicios democráticos, lo hace no porque esté criminalizando la política, ni como parte de una “Spanish way of lawfare” sino por mero exceso dialéctico, ya que aquí sería impensable que unos “gringos” o unos “sudacas” nos enseñasen tan expeditivo, brutal y limpio mecanismo para acabar con los rivales políticos.

Tan claro es que estamos ante una ficción como que en España el “cuarto poder”, la prensa, actuaría como un eficaz contrapeso que denunciaría algo de estas características y no sucedería como en Brasil, Ecuador u otros países latinoamericanos en donde los medios no solo callaron sino que fueron cómplices de esta barbaridad... La gran diferencia es que nosotros no necesitaríamos de Greenwald y Pougy para desvelar tamaña barbaridad porque aquí eso no sucedería.

CAUSTICO

Lo más ineteresante del progarma será lo que no se diga por miedo a represalias, porque en el estado español los jueces están al quite para preservar su "verdad".

CAUSTICO

El Vicepresidente del Tribunal Supremo investigado por su participación en el complot para encarcelar al líder de la oposición con la colaboración de jueces y fiscales.
Eso pasa en.....Brasil.
Qué susto eh!!!

Sony

Sería interesante saber en España, la procedencia territorial de la mayoría de jueces, fiscales, etc., del tribunal supremo, constitucional, consejo general del poder judicial, etc., lo mismo que hay muy pocas mujeres, estaría bien saber si proceden muchos de las mismas zonas, si hay zonas como por ejemplo Cataluña que no están bien representadas y además es así de forma reiterada.

CAUSTICO

España está prevaricada.
El desprevaricador que la desprevarique...no ha nacido aún.

CAUSTICO

En la satrapia de Arabia Saudí van a crucificar a un chaval que con 10 años participó en una manifestación.
La monarquía Saudí,hermana de la española como decían por la excelente relación de los Borbones con los Saud debería ser expulsada de cualquier organización internacional.....si no fuera por sus doláres.
Juzgar a un niño y asesinarle de esa forma es de dementes religiosos.
Me encantaría que se les acabara el chollo y volvieran a sacar las cabras a pastar.
Menos mal que el Islam es la religión de la paz y el amor.

CAUSTICO

Entre tanto pacto patoso no se ha hablado nada de dos cositas intrascendentes
La deuda pública española supera la cifra de 1,2 Billones de Euros por primera vez.
Zorionak.
La industria española sólo supone ya el
12.8% del PIB y bajando.
F6,todo va de puta madre salvo Catalunya.

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