DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La libertad de expresión y el derecho a la in­formación son dos fundamentos sustancia­les de la sociedad democrática. Ambos son derechos recogidos y amparados por la Constitución. Del vigor, respeto y plena vi­gencia de estos principios depende la exis­tencia de una opinión pública plural e independiente, requisito indispensable para el buen desarrollo de la vida pública y la pleni­tud del sistema democrático.

La garantía de los derechos de los ciuda­danos requiere la defensa de una prensa li­bre, plural, crítica y abierta a la sociedad a la que sirve. La importancia de la función social que presta el periodista a través de los medios de comunicación, en tanto que ele­mento principal para el ejercicio de estos derechos, exige salvaguardar permanentemen­te estos principios de cualquier intento de restricción o coacción procedente de toda forma de poder, así como de su posible de­gradación, producida por su eventual inob­servancia o adulteración por parte de los mismos medios o de quienes trabajan en ellos.

En su condición de actores principales del ejercicio de un derecho fundamental, del cual son depositarios todos los ciudadanos, los profesionales de la información han de desarrollar su función atendiendo al doble compromiso de la responsabilidad derivada de su importante tarea y del mandato de su propia conciencia, de acuerdo con el orde­namiento constitucional y los principios deontológicos de la profesión periodística.

A fin de mantener con plenitud estos principios, el periodista debe defender y aplicar rigurosamente las normas sobre las cuales se basa su actividad, atendiendo los siguientes criterios:

Criterios

1. Observar siempre una clara distinción entre los hechos y opiniones o interpretaciones, evi­tando toda confusión o distorsión deliberada de ambas cosas, así como la difusión de ru­mores.
2. Difundir únicamente informaciones fun­damentales, evitando en todo caso afirmacio­nes o datos imprecisos y sin base suficiente que puedan lesionar o menospreciar la digni­dad de las personas y provocar daño o descré­dito injustificado a instituciones y entidades públicas y privadas, así como la utilización de expresiones o calificativos injuriosos.
3. Rectificar con diligencia y con tratamien­to adecuado a la circunstancia las informacio­nes —y las opiniones que de ello se deriven— que se hayan demostrado falsas y que, por tal motivo, resulten perjudiciales para los derechos o intereses legítimos de las personas y / u organismos afectados, sin eludir, si fuese pre­ciso, la disculpa, con independencia de lo que las leyes dispongan al respecto.
4. Utilizar métodos dignos para obtener in­formación o imágenes, sin recurrir a procedi­mientos ilícitos.
5. Respetar el 'off the record' cuando éste haya sido explícitamente invocado, de acuer­do con la práctica usual de esta norma en una sociedad libre.
6. Reconocer a las personas individuales y / o jurídicas su derecho a no proporcionar in­formación ni contestar preguntas, sin perjuicio del deber de los periodistas de atender el dere­cho de los ciudadanos a la información. En lo referente a asuntos relacionados con las admi­nistraciones públicas, el derecho fundamental a la información debe prevalecer siempre por encima de cualquier restricción que vulnere injustificadamente el principio de transparen­cia informativa a la que están obligadas.
7. No aceptar nunca retribuciones o gratifi­caciones de terceros por promover, orientar, influir o haber publicado informaciones u opiniones. En todo caso, no se debe simulta­near el ejercicio de la actividad periodística con otras actividades profesionales incompa­tibles con la deontología de la información, como la publicidad, las relaciones públicas y las asesorías de imagen, ya sea en el ámbito de las instituciones u organismos públicos, como en entidades privadas.

8. No utilizar nunca en provecho propio in­formaciones privilegiadas obtenidas de forma confidencial como periodistas en ejercicio de su función informativa.
9. Respetar el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen, especialmente en casos o acontecimientos que generen situacio­nes de aflicción o dolor, evitando la intromi­sión gratuita y las especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y circunstancias, espe­cialmente cuando las personas afectadas lo expliciten.
10. Observar escrupulosamente el principio de presunción de inocencia en las informacio­nes y opiniones relativas a causas o procedi­mientos penales en curso.
11. Tratar con especial cuidado toda infor­mación que afecte a menores, evitando difun­dir su identificación cuando aparezcan como víctimas (excepto en supuesto de homicidio), testigos o inculpados por causas criminales, sobre todo en asuntos de especial trascenden­cia social, como es el caso de los delitos sexua­les. También se evitará identificar contra su voluntad a las personas próximas o parientes inocentes de acusados o convictos en procedi­mientos penales.
12. Actuar con especial responsabilidad y ri­gor en el caso de informaciones u opiniones con contenidos que puedan suscitar discriminacio­nes por razones de sexo, raza, creencias o ex­tracción social y cultural, así como incitar al uso de la violencia, evitando expresiones o tes­timonios vejatorios o lesivos por la condición personal de los individuos y su integridad físi­ca y moral.

Declaración final

Los periodistas deben disponer de los medios e instrumentos imprescindibles para poder desa­rrollar su actividad con plena independencia, libertad, iniciativa y sentido de la responsabili­dad, tanto en lo que corresponde al ámbito pro­fesional como al estrictamente laboral.

En este sentido y para una plena garantía de sus derechos individuales y de su compro­miso frente a los ciudadanos, los profesiona­les de la información deberán estar ampara­dos por la cláusula de conciencia y el secreto profesional, dentro del marco de las leyes y tal como recoge la Constitución.

Asimismo consideran necesario el estable­cimiento de los estatutos de redacción, como instrumento más adecuado para delimitar sus derechos y deberes en las empresas y para conseguir, en última instancia, una mayor trasparencia en el ejercicio de su función fren­te a los ciudadanos.

Las entidades y organizaciones profesiona­les representativas deberán velar por la buena imagen de la profesión periodística, procu­rando evitar las prácticas abusivas y corrupti­vas que contravengan los principios elementa­les de la ética del periodismo, así como los in­tentos de limitar el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión y de información, por medio de actos y opiniones dirigidos a restringir o influir lesivamente en la libre acti­vidad de los medios de comunicación y de aquellos que trabajan en ellos.

De cara a una mejor y más fiel realización de esta tarea, sería necesario considerar la constitución de un organismo arbitral, repre­sentativo, plural e independiente de los pode­res públicos que, sin olvidar los derechos constitucionales que asisten a los particulares y a las empresas, y al margen de las atribucio­nes de los órganos judiciales, atendiese, de forma permanente, esta función.

(El País, Noviembre de 1992)

Comments

[Publicado por: Sony]

El Supremo revoca el 100.2 a Forcadell y amenaza la semilibertad de los presos del 1-O

Y luego preguntan a ver por qué abuchean a Felipe VI..., y que no vengan con la división de poderes, que eso ha demostrado ser un cuento en España, se puede creer en ella, pero al mismo nivel que en el ratóncito Pérez.

https://www.lavanguardia.com/politica/20200723/482472980109/tribunal-supremo-revoca-beneficios-1002-carme-forcadell-resolvera-sobre-aplicacion-presos-independentistas.html