El documento de los 339 sacerdotes vascos intentaba analizar las realidades social y política en la que se desenvolvía el Pueblo Vasco en aquel 1960. Este análisis se vertebraba en torno a dos ejes: la defensa de los derechos de las personas y los pueblos, en concreto del Pueblo Vasco, y la condena del régimen del general Franco.
Los sacerdotes ilustraban su escrito, dirigido a los obispos de las cuatro diócesis vascas, con una cita del cardenal Saliege, que decía «Resignarse ante la injusticia sin protestar contra ella, sin luchar, no es digno de un hombre ni de un cristiano».
Los 339 curas vascos justificaban su actitud asegurando que «respondemos a un imperativo de nuestra conciencia» y manifestaban su esperanza en que «nuestro testimonio, el de los sacerdotes que a diario convivimos con el pueblo, no puede recursarse». Presentaban su análisis como un «riguroso examen de conciencia para la búsqueda serena, objetiva, desapasionada, de los males que nos asolan».
Apoyándose en la doctrina de la Iglesia sobre los derechos naturales de los hombres y los pueblos, los sacerdotes vascos defendían la inviolabilidad de la dignidad de la persona humana y el derecho a su libertad. También, «al defender la libertad como derecho sacrosanto de todo hombre, defendemos el derecho a la libertad y a la autodeterminación de todo pueblo, de todo grupo étnico, de toda personalidad física y moral, dentro de los cauces establecidos por la ley natural y el derecho positivo-divino».
En su análisis de la realidad política y social del franquismo en aquella época, constataban que «ni los individuos ni las clases, ni los pueblos que integran la comunidad política española gozan de suficiente libertad» y señalaban cómo «continuamente vemos que han sido detenidas personas por sus actividades temporales no coincidentes con el pensamiento político, a dirección única, impuesto por el Estado». Igualmente, afirmaban que «en España el Poder Ejecutivo interfiere en la vida judicial» y que «en las comisarías de Policía de nuestro País se emplea el tormento como método de exploración y búsqueda del transgresor de una ley muchas veces intranscendente y no pocas injusta».
En su defensa de los derechos del Pueblo Vasco, aseguraban que era un obligación para ellos «denunciar los atentados que por error o mala voluntad pudieran cometerse contra los derechos naturales de nuestro pueblo» y añadían «así, ahora denunciamos ante los españoles y el mundo entero, la política, que hoy impera en España, de preterición, de olvido, cuando no de encarnizada persecución, de las características étnicas, lingüísticas y sociales que Dios nos dio a los vascos».
(Deia, Mayo de 1985)
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