Domingo 29 de agosto de 2021
El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet). Dichos lobbys de presión estarían interconectados mediante “una alianza inquieta basada en su comunidad de intereses económicos y amalgamada por la defensa a ultranza del Régimen del 78 y de la “unidad indisoluble de España” y su objetivo confeso sería implementar en España una “democracia no liberal” siguiendo la estela de la Hungría de Orbán.
En este contexto, se enmarcaría la reciente campaña emprendida por el PP y Vox (Operación Toga) y que contará con la aquiescencia del Tribunal Supremo, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional para provocar la parálisis legislativa y ejecutiva de la actual mayoría progresista y forzar la convocatoria de nuevas Elecciones Generales con la esperanza de lograr la mayoría absoluta e implementar una democracia no liberal que beberá de la fuentes del centralismo bonapartitsta y del paternalismo de las dictaduras blandas y estará dotado de la triple enzima tardofranquista (mantenimiento de la unidad indisoluble de España, control estricto de la inmigración y retorno al pensamiento único heteropatriarcal).
Pedro Sánchez y la "Operación Toga"
El lobby judicial tardofranquista habría fagocitado los principales estamentos judiciales del Estado español (CGPJ, Tribunal Supremo, Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional) y a pesar de estar en funciones desde el 2018, el PP se niega a renovar la cúpula judicial al seguir ostentando la mayoría en dichos Tribunales.
El Tardofranquismo judicial tendría al Tribunal Supremo como muro de contención de los decretos-leyes aprobados por el “rodillo progresista” del Congreso; a su Presidente Carlos Lesmes como croupier en la ruleta de adjudicación de cargos y procesos judiciales; a los jueces Marchena, Lamela y Llarena como sus estrellas mediáticas y a los fiscales del “clan de los indomables” como sus abnegados peones. Asimismo, el Tribunal Supremo estaría controlado por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo y habría devenido en un verdadero lobby o grupo de presión de la derecha tardofranquista que mediante controvertidas decisiones judiciales intentará paralizar o revertir las decisiones políticas o económicas del Gobierno Sánchez.
Así, tras el macrojuicio a los líderes del Procés y su posterior entrada en prisión, asistimos al intento de paralizar la concesión de indultos a los líderes del Procés mediante un informe del llamado “clan de los indomables” de la Fiscalía del Supremo en el que advertía al Gobierno que “la Constitución prohíbe los indultos generales”. Fracasado el intento de paralizar la concesión de dichos indultos llega el turno de la segunda pata del trípode judicial tardofranquista, el Tribunal de Cuentas que reclama a dichos líderes catalanes la friolera de 5,4 millones de Euros por supuestos gastos indebidos en la acción exterior del Govern en el período comprendido entre el 2011 y el 2017.
En el paroxismo de la ofensiva judicial, entra en escena el Tribunal Constitucional devenido en el nuevo muro de contención de la labor legislativa del Parlamento amén de fiscalizador supremo de la gestión del Ejecutivo y cuya última intervención fue declarar inconstitucional la Declaración del Estado de Alarma implementada por el Gobierno Sánchez en Marzo del 2020 con una exigua mayoría de 6 a 5. Dicha sentencia supondría desvirtuar la tradicional separación de Poderes en una democracia formal al usurpar el TC la labor de control del Parlamento a la gestión del Gobierno que quedará en adelante sometida al albur de la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional.
Dicha ofensiva judicial involucionista buscaría convertir al Estado español en un Estado fallido, enconsertado y sometido a los dictados del Tardofranquismo judicial, por lo que el Gobierno de Sánchez podría valerse de la doctrina del Contrafuero navarro que “faculta al Gobierno para solicitar reparación ante agravios presuntamente cometidas por los Tribunales de Justicia que afecten a las leyes, ordenanzas y libertades acordados por la sociedad a través de su legítima representación parlamentaria “, pero en el fondo subyace la necesidad imperiosa de la renovación de la caduca cúpula judicial y la condena al ostracismo del lobby judicial tardofranquista.
Germán Gorraiz López-Analista
NO HAY PEOR CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER (FRANCISCO POMES I MARTORELL).
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Y, sobre todo, no olvides que tu tiempo
es este tiempo que te ha tocado vivir:
no otro, y no en el desierto,
orgulloso o cobarde, cuando te sientas llamado
tomar parte, como todo el mundo, en la lucha,
caro tu sitio sólo tú puedes llenarlo.
Crece, eso sí, en la lengua de la tribu,
palabra a palabra, fidelísimo,
y en el espíritu de revuelta que alerta
tu gente contra la desfallecimiento,
porque en ti se cumpla, poco a poco, el futuro
y nunca te encuentres desvalido y solo.
Poema de Miquel Martí i Pol
La primera condición para poder alcanzar cualquier objetivo es comprender la realidad tal como es, y no como quisiéramos que fuera.
La deriva del independentismo mayoritario va camino de batir todos los récords del ridículo universal. Montamos una confrontación con un Estado como el español, que se ve que no conocíamos, y nos extrañamos de su reacción violenta y represora, cuando ésta ha sido siempre su respuesta ante cualquier cambio que ponga en duda los privilegios de las élites que lo controlan. Proclamamos la independencia, y la acabamos con un coitus interruptus de 8 segundos. Un auténtico prodigio, digno de figurar en el libro Guinness de los records!
La lucha de la mayoría de dirigentes consiste en presentarse voluntariamente ante los tribunales españoles, renunciar al uso de la lengua propia y hacer una defensa legalista en lugar de política, que es lo que correspondía ante una persecución política y ante un tribunal que no era el competente para juzgar los hechos. En ponen unos cuantos en la cárcel y lo aceptan como si nada. Ni siquiera saben que la obligación de un preso es siempre huir.
Los ciudadanos se manifiestan y luchan, y los partidos mayoritarios hacen todo lo posible para desmovilizar y evitar problemas en el Estado. Para remachar el clavo, cuando conviene los reprimen y persiguen judicialmente empleando la propia Generalitat y los mozos que dependen.
Pactan el indulto, sin contar a nadie a cambio de que, dejando colgados en todo el resto de perseguidos y los exiliados, y pretenden continuar dirigiendo el movimiento independentista, olvidando su condición de rehenes del Estado.
Cuando persiguen económicamente a algunos de los cabecillas, mediante un tribunal que no es tal, entonces sí que la Generalitat se mueve deprisa y corriendo para ayudarles. El resto de perseguidos que mendiga en la caja de solidaridad, que ya han vaciado ellos, y que se busquen la vida como puedan! Algunos de los partidos se convierten en uno de los principales soportes del Gobierno del Estado y de otros pactan con partidos que justifican y atizan la represión.
Montan una pretendida mesa de diálogo en la que una de las partes ya dice de que se puede hablar o no, quién puede representar o no, a la otra parte. ¿Qué puede salir? Qué pregunta más tonta, ¿verdad? Y para reforzar la posición negociadora se compra el discurso del Estado y se dice que renunciamos a la unilateralidad. Dejemos de engañarnos: La vía unilateral es la respuesta a la unilateralidad de España, que no admite de ninguna manera una solución política del conflicto que pase por la expresión libre y democrática del pueblo catalán. Quien impone la unilateralidad, incluso por la fuerza, es España. La confusión terminológica es una vieja táctica política para engañar a las personas y hacer pasar gato por liebre. ¿Qué significan diálogo y negociación ?: El diálogo es una "Conversación entre dos personas o más", la negociación es "Tratar de un asunto mutuamente con otro o con otros para procurar de resolverlo favorablemente, llegar a un acuerdo". Por lo tanto, hablar de mesa de diálogo o de mesa de negociación no significa lo mismo. Está claro que, que se haya admitido hablar de mesa de diálogo y no de negociación significa admitir jugar en el campo que le interesa en España ya que si sólo se trata de hablar esto no compromete a nada, en cambio si se hablas de negociación entonces las partes se comprometerían a intentar llegar a unos acuerdos determinados. El primer problema es por tanto que algunos (el Gobierno y ERC) se avienen a hablar, mientras otros (JxCat y la CUP) entienden que lo que hace falta es negociar, pero dan dos años a la pretendida mesa de diálogo. Pero dejando de lado cuestiones terminológicas,
1- Ambas partes deben reconocerse como iguales y legítimas. Sin este reconocimiento mutuo no hay ni diálogo ni negociación válidos. Es difícil creer en este reconocimiento cuando una de las partes continúa empleando mecanismos de represión, directos o indirectos, sobre la otra. 2- Se acordará de que se hablará tanto concretamente posible. 3- Debe haber alguna forma de regular el debate e ir recogiendo los posibles acuerdos y desacuerdos. Estaría bien hacer llegar previamente a la mesa las posiciones de cada uno. 4- Tiene que haber un calendario acordado de reuniones y de finalización del diálogo o negociación, para que no se convierta sólo en un ejercicio de cara a la galería o un ejercicio para engañar a la opinión pública. 5- El final del diálogo o negociación debe ir acompañado de un acta de acuerdos y desacuerdos mutuamente consensuada. Se podrían añadir más condiciones pero estas son imprescindibles si se quiere algo más que ir dejando pasar el tiempo. Cada uno puede evaluar hasta qué punto la mesa de diálogo sobre Cataluña cumple con estas premisas o no, y si se puede esperar ningún avance real. La mesa de diálogo es la de la impotencia: los unos incapaces de imponer su idea de España si no es por la fuerza, con el desprestigio internacional que ello supone, los demás incapaces de asumir realmente los costes de ejercer el derecho de autodeterminación. ¿Qué puede ir mal! Al menos no nos dejemos engañar por juegos partidistas de unos y otros! y si se puede esperar ningún avance real. La mesa de diálogo es la de la impotencia: los unos incapaces de imponer su idea de España si no es por la fuerza, con el desprestigio internacional que ello supone, los demás incapaces de asumir realmente los costes de ejercer el derecho de autodeterminación. ¿Qué puede ir mal! Al menos no nos dejemos engañar por juegos partidistas de unos y otros! y si se puede esperar ningún avance real. La mesa de diálogo es la de la impotencia: los unos incapaces de imponer su idea de España si no es por la fuerza, con el desprestigio internacional que ello supone, los demás incapaces de asumir realmente los costes de ejercer el derecho de autodeterminación. ¿Qué puede ir mal! Al menos no nos dejemos engañar por juegos partidistas de unos y otros!
Se reparten los cargos y sinecuras de un Gobierno autonomista y hacemos ver que tenemos Parlamento. Eso sí, un Parlamento en el que sólo se puede hablar de lo que los buenos jueces españoles estimen conveniente en cada momento. Se habla de gobernar para los ciudadanos y salir de la crisis, sabiendo que no se tienen ni las competencias, ni los recursos para hacer nada significativo. Plantear una disyuntiva entre políticas sociales e independencia es una trampa grosera. Hay la independencia para poder hacer políticas sociales: tanto para disponer de los fondos necesarios, como para no estar sometidos a la arbitrariedad española, que anula toda medida social de fondo. Como se ha demostrado un montón de veces. Vamos mendigando inversiones estatales y europeas que no llegarán nunca, ni de lejos, ni en la mejor de las previsiones, el déficit fiscal que sufrimos en un solo año. Esto se llama saber negociar y pensar en el bienestar de los ciudadanos. Y mañana será otro día, año empuja!
Y los ciudadanos? A los ciudadanos que les den! Eso sí disimulando con la canción de la autodeterminación y la amnistía. Una autodeterminación para la que no se hace nada efectivos desde ya, como ir rompiendo con los lazos con las élites y poderes del Estado. Y una amnistía que en situarla en el centro de las reivindicaciones, supone reconocer de factola soberanía de España y desviarnos de lo que es fundamental: el derecho de autodeterminación. Las personas no han luchado y son represaliadas para obtener la libertad de unos políticos, y menos cuando éstos han optado por una actitud dócil frente al Estado. Todo el respeto al dolor personal, pero las personas luchan por la libertad de Cataluña, no de unas pocas personas. La amnistía y la autodeterminación son dos objetivos mágicos que se piensa que caerán por ellos mismos, sin esforzarse de hecho nada, no fuera que el Estado enfadara más.
Si con todo esto alguna persona de buena fe, de mucha buena fe, cree que puede haber nadie en el resto del mundo que nos tome en serio, es que realmente tenemos mucha de fe, ei, y algunos somos muy buenas personas! La actitud de la UE y las potencias internacionales ante la llegada al poder de los talibanes en Afganistán ha dejado bien claro que la política internacional se mueve sólo por los hechos consumados, así como quedó claro en el caso de Kossovo.
Desfallecemos o seguimos luchando? El independentismo tiene ahora mismo dos problemas sin cuya resolución no podrá avanzar:
1.- No hay unidad estratégica sobre qué pasos inmediatos deben darse. La apelación al 52% o al 1 de octubre es autoengañarnos. De nada sirve ser el 52 o ol 75% si este dato no se puede traducir en hechos concretos. Y todos sabemos que hoy hay una parte del independentismo que ha optado por detener la confrontación con el Estado y emprender una negociación el resultado de la cual ya sabe que no tendrá ningún resultado realmente significativo respecto al conflicto político existente. El referéndum del 1 de octubre de 2017 fue una muestra de cómo un pueblo se moviliza y hace frente al poder de un Estado demofòbic y capaz de emplear la violencia y la represión policial contra ciudadanos / as pacíficos, que quieren ejercer su derecho a decidir su futuro. En este sentido fue una muestra de fuerza de la población y del arraigo de la reivindicación de la libertad de un pueblo. Dicho esto, hay que decir que los impedimentos y la fuerza empleada por el Estado el hicieron desnudar de su pleno sentido democrático. Ni todo el mundo se sintió llamado a participar, ni todo el mundo lo pudo hacer en condiciones de igualdad y seguridad, ni se pudieron validar correctamente los votos, ni hubo reconocimiento internacional.
Otras fuerzas independentistas parlamentarias hacen todavía un discurso de confrontación con el Estado que a la hora de la verdad no dejan de ser soflamas sin contenido real, y confían en los tribunales internacionales para reemprender la lucha. Parece que una parte importante del independentismo fía su éxito en las posibles resoluciones de los tribunales europeos de justicia. suponiendo que le sean favorables, y eso olvida cosas fundamentales: a) El castigo a los presos, exiliados ya todos los detenidos, juzgados y reprimidos ya se habrá cumplido (sólo recuerde que ha pasado con los casos de la inhabilitación del Presidente del Parlamento Vasco , Atutxa, o el más reciente de Otegi, que ya había cumplido los 6 años de condena cuando llegó la resolución del TJUE. Y también habrá sido cumplido el objetivo de los tribunales españoles, amenazar a todos los disidentes que se planteen hacer lo mismo. b) Los tribunales europeos y las organizaciones internacionales no tienen ninguna manera efectiva de hacer cumplir sus resoluciones si el Estado condenado no lo quiere hacer. Así han ignorado las peticiones de la Comisión de derechos humanos de la ONU o del Consejo de Europa o la adquisición de la condición de europarlamentario por parte de Junqueras. Ni siquiera se ha removido de su lugar a los jueces que habían hecho condenas anuladas. c) La victoria jurídica, sin ser despreciable, no tiene ninguna traducción política si el Estado no quiere. Y a España le da igual el desprestigio internacional si se trata de defender su sagrada unidad. La única manera de traducir políticamente la razón jurídica es con la movilización y la lucha política para hacerlo. b) Los tribunales europeos y las organizaciones internacionales no tienen ninguna manera efectiva de hacer cumplir sus resoluciones si el Estado condenado no lo quiere hacer. Así han ignorado las peticiones de la Comisión de derechos humanos de la ONU o del Consejo de Europa o la adquisición de la condición de europarlamentario por parte de Junqueras. Ni siquiera se ha removido de su lugar a los jueces que habían hecho condenas anuladas. c) La victoria jurídica, sin ser despreciable, no tiene ninguna traducción política si el Estado no quiere. Y a España le da igual el desprestigio internacional si se trata de defender su sagrada unidad. La única manera de traducir políticamente la razón jurídica es con la movilización y la lucha política para hacerlo. b) Los tribunales europeos y las organizaciones internacionales no tienen ninguna manera efectiva de hacer cumplir sus resoluciones si el Estado condenado no lo quiere hacer. Así han ignorado las peticiones de la Comisión de derechos humanos de la ONU o del Consejo de Europa o la adquisición de la condición de europarlamentario por parte de Junqueras. Ni siquiera se ha removido de su lugar a los jueces que habían hecho condenas anuladas. c) La victoria jurídica, sin ser despreciable, no tiene ninguna traducción política si el Estado no quiere. Y a España le da igual el desprestigio internacional si se trata de defender su sagrada unidad. La única manera de traducir políticamente la razón jurídica es con la movilización y la lucha política para hacerlo. Así han ignorado las peticiones de la Comisión de derechos humanos de la ONU o del Consejo de Europa o la adquisición de la condición de europarlamentario por parte de Junqueras. Ni siquiera se ha removido de su lugar a los jueces que habían hecho condenas anuladas. c) La victoria jurídica, sin ser despreciable, no tiene ninguna traducción política si el Estado no quiere. Y a España le da igual el desprestigio internacional si se trata de defender su sagrada unidad. La única manera de traducir políticamente la razón jurídica es con la movilización y la lucha política para hacerlo. Así han ignorado las peticiones de la Comisión de derechos humanos de la ONU o del Consejo de Europa o la adquisición de la condición de europarlamentario por parte de Junqueras. Ni siquiera se ha removido de su lugar a los jueces que habían hecho condenas anuladas. c) La victoria jurídica, sin ser despreciable, no tiene ninguna traducción política si el Estado no quiere. Y a España le da igual el desprestigio internacional si se trata de defender su sagrada unidad. La única manera de traducir políticamente la razón jurídica es con la movilización y la lucha política para hacerlo. Y a España le da igual el desprestigio internacional si se trata de defender su sagrada unidad. La única manera de traducir políticamente la razón jurídica es con la movilización y la lucha política para hacerlo. Y a España le da igual el desprestigio internacional si se trata de defender su sagrada unidad. La única manera de traducir políticamente la razón jurídica es con la movilización y la lucha política para hacerlo.
2.- La fuerza del movimiento independentista estaba en la capacidad de movilización de la población y el efecto arrastre que provocaba sobre los partidos y de otras organizaciones. Hoy, y no casualmente, estamos desmovilizados y son los intereses de partido que marcan la agenda política. Sólo recuperando la capacidad de movilización autónoma y unitaria de la población es posible continuar con el movimiento, y no parece que hoy sea realista preverlo.
Desde estas debilidades propias, nos confrontamos a un Estado que no ha dudado ni dudará en emplear todas las herramientas a su disposición para deshacer un movimiento que pone en riesgo su propia existencia, y sobre todo los intereses de unas élites dominantes que viven de este Estado. Dentro de poco España estará gobernado por la derecha y extrema derecha nacionalistas, y de éstos ya sabemos que se puede esperar. Tenemos mala pieza en el telar, y mas vale ser conscientes, pero eso no quiere decir que tengamos que dar por vencidos. Nos toca recuperar la unidad del independentismo desde la base, respetando su pluralidad y diversidad, e ir construyendo la independencia con nuestras actitudes de cada día, rompiendo con el marco mental español y aprendiendo a vivir como si ya fuéramos independientes en todo lo que nos sea posible: lengua, cultura, consumo, relaciones, etc. y aprovechar esta fuerza para cuando vengan las oportunidades que, conociendo la historia de España, vendrán seguro. España vive en un régimen heredero de una dictadura y de los intereses de unas élites que la hacen insostenible. No ha sido capaz de crear una economía productiva competitiva, ni lo han querido sus clases dominantes, y está más cerca de la quiebra que de ningún proyecto viable que asegure el bienestar de la mayoría de su población. Los fondos europeos alargarán el espejismo un tiempo pero, más temprano que tarde, España deberá confrontar con la realidad y entonces más vale que no nos coja dentro. Necesitamos convencer a la mayoría de catalanes / as de lo indiscutible: mejorar nuestro presente y el futuro de nuestros hijos / as pasa por la independencia. Cataluña no será ningún paraíso, pero tenemos capacidad,
No será fácil ni sencillo, pero no nos podemos permitir desfallecer. Nos continuó siendo uno de los pueblos del mundo.
En un próximo artículo intentaremos, para evitar caer en lo que criticamos, de hacer algunas propuestas de acción política.
En discutimos?
Francisco Pomés Martorell
Roda de Bará, 25 de agosto de 2021
Publicado por: Sony | 09/01/2021 en 10:14 p.m.