Vicedirector de La Vanguardia
El Gobierno vasco no ha necesitado de ningún relator para tener un alto grado de poder autonómico y un buen sistema de financiación que para sí quisieran buena parte de los soberanistas catalanes. El PNV siempre ha sabido negociar con el PP y el PSOE sin alardes, ni exigiendo cumbres bilaterales o perdiendo el tiempo en discutir el formato de la negociación. Ha ido al contenido exacto y ha logrado buena parte de sus objetivos. Seguramente porque tenía una hoja de ruta y sabía lo que quería. La gran pregunta que los comentaristas políticos nos hacemos después de las elecciones del 21-D es saber cuál es exactamente la hoja de ruta del soberanismo catalán. Empantanados por hacer presidente a Carles Puigdemont, consternados por la injusta situación de los líderes catalanes presos y obcecados por hablar de una república inexistente, la legislatura discurre sin ton ni son, y la oportunidad de avanzar en un acuerdo sólido a largo plazo con el Gobierno de España se desvanece. Con Pedro Sánchez había la posibilidad de llegar a un pragmático pacto para mejorar la financiación del Govern, mirar de solventar temas pendientes del autogobierno y sobre todo crear un clima de confianza más a medio y largo plazo para abordar el tema de fondo: el problema de los más de dos millones de catalanes que se desconectaron de España el 1-O. No había campo para más cosas. Era una legislatura de desinflamación marcada por el juicio que empieza mañana y que hace que todo sea muy difícil. Un juicio donde el Gobierno de España, quiérase o no, tiene más que perder que ganar, y donde se puede alimentar más el sentimiento de agravio de muchos catalanes. Sánchez afrontó de cara el tema dispuesto a arriesgarse lo que hiciera falta con el valor añadido que el apoyo de los independentistas le permitía aguantar hasta el 2020.